Gobierno critica demora en reforma que hace más baratos y simples los trámites notariales

La reforma al sistema notarial cumplió un año y medio sin ser puesta en tabla en la Comisión de Constitución del Senado. “Es muy difícil de explicar”, dice el ministro de Justicia.

En las últimas semanas ha crecido la preocupación por el retraso de la reforma a los notarios y el riesgo de que concluya otro gobierno sin poder modernizar este sistema. Desde que fue aprobado en enero de 2020 por la Cámara Baja, no ha tenido ningún avance en el Senado.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha insistido que esta iniciativa tiene que tramitarse, porque simplifica y abarata los trámites para las personas. “Es un proyecto de alto impacto ciudadano, en un sector que constantemente tiene malas noticias por las extensas las filas que se producen en las notarías, o por casos de malas prácticas por parte de algunos notarios. No abordarlo va en contra de los intereses ciudadanos”, afirma.

Califica de “muy difícil de explicar” que en más de un año y medio, la Comisión de Constitución del Senado “no tuviera nunca un solo día de espacio para ver un proyecto que ha tenido 34 sumas urgencias y seis discusiones inmediatas. Es antirreglamentario y desconoce la atribución constitucional del Presidente para fijar las urgencias”.

La autoridad dice desconocer si la demora obedece al lobby. La Fundación América Transparente ha detectado vínculos familiares de los notarios, conservadores y archiveros con 103 personas que cumplen esas mismas funciones, 78 funcionarios del Poder Judicial y 23 parlamentarios en ejercicio o ya cesados en sus cargos.

Un retraso de 13 años

En septiembre de 2018 el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. No es la primera vez que se intenta modernizarlo: en 2008 la expresidenta Michelle Bachelet propuso una reforma y luego el Presidente Sebastián Piñera, en su primer gobierno, ingresó en 2012 un proyecto sobre el régimen de nombramiento y funciones del sistema, y además otro en 2013 para modernizar su funcionamiento. Ninguna de estas iniciativas prosperaron.

El texto que ahora se debate ya ha dado un gran paso al lograr avanzar a segundo trámite legislativo. La iniciativa recoge las ideas de los proyectos de Piñera I, y suma las propuestas para promover una mayor competencia en las notarías realizada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en su Estudio de Mercado sobre el tema.

“Lo que nosotros estamos proponiendo es acortar las filas en las notarías, incorporar más tecnología, añadir más ministros de fe a través de los fedatarios, entregar más transparencia y bajar los precios, entre otras virtudes que tiene nuestro proyecto”, resume el titular de Justicia. También se propone una nueva forma de nombramiento para notarios y conservadores, eliminando los cargos vitalicios y fijando los 75 años como tope, además de reducirse las barreras de entrada y poner en marcha un nuevo sistema de fiscalización y auditoría.

No hay espacio

“Le dije al ministro Larraín que vamos a tratar de colocar el proyecto en tabla en algún momento, pero también les pedí que ellos como Gobierno se ordenen”, cuenta el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (Indep.). Explica que “el propio Presidente de la República le puso urgencia a matrimonio igualitario; Justicia e Interior piden que se discuta con preferencia la nueva ley de arriendo, por ejemplo”. Añade que, además, tienen una importante sobrecarga de trabajo.

“Puede ser que esta reforma sea prioridad de Justicia, pero no del Gobierno en su conjunto”, asegura. Y agrega: “Estamos tramitando la ley de adopciones y el indulto para los presos de la revuelta”. Si bien admite que ese indulto no tiene urgencia por parte del Ejecutivo, añade que “tiene claro impacto político: no podemos seguir esquivando su discusión y votación“.

Sobre el riesgo de que no se despache la reforma en esta legislatura, sostuvo que se “buscará alguna fecha para iniciar la discusión, pero se trata de un proyecto bastante complejo: no vamos a votarlo en una sesión”.

Sobre el tema, el senador Francisco Huenchumilla (DC) dijo escuetamente a PAUTA que “la facultad de hacer la tabla de la Comisión le corresponde al presidente de la respectiva Comisión; en este caso, el senador Pedro Araya”. 

Otro fue el pronunciamiento de la senadora Luz Ebensperger (UDI): “No estoy de acuerdo con que no se hayan cumplido las reiteradas urgencias que el Gobierno viene renovando. Es un proyecto muy necesario, que simplificará los trámites en las notarías y reducirá costos. Ojalá eso sea entendido por los presidentes de las comisiones que hemos tenido y que de una vez por todas podamos avanzar en esta reforma tan necesaria a las notarías”.

“Quizás el proyecto fue muy ambicioso y debió ser más pequeño, apuntando más a la modernización y automatización, para que avanzara más rápido. Hoy no tiene mucha viabilidad de ser visto en el Senado. Más encima, hay parlamentarios que tienen a notarios como familiares; por lo tanto, es difícil avanzar en este proyecto”, comenta el diputado RN Gonzalo Fuenzalida. 

Ley corta para eliminar trámites

En paralelo, en mayo de 2020 el Gobierno ingresó a las Cámara de Diputados una segunda iniciativa, para que 32 trámites dejen de hacerse ante notario. Este proyecto, conocido como de “desnotarización”, elimina las declaraciones juradas ante notario (ahora serán declaraciones simples) y también el requisito de acompañar copia autorizada ante notario para algunos documentos.

“También se eliminan trámites que la ley le exige a las personas reducirlos a escritura pública; es decir, tener que pagar entre $50 mil y $ 100 mil en una escritura, en situaciones que no se requiere, que no se justifican”, precisa el ministro.

Desde que fue ingresada, esta iniciativa no ha tenido tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. “Lamentablemente no se le ha presentado nunca algún tipo de urgencia a la discusión de este proyecto”, dijo el presidente de la instancia, diputado Marcos Ilabaca (PS). “Si el Gobierno quiere que se discuta este proyecto porque lo considera importante, invito al ministro de Justicia a ponerle discusión inmediata”, comentó.