Economía

Mientras el Gobierno prepara propuesta tributaria, el impuesto a la riqueza da su primer paso

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Agencia Uno
POR Marcela Gómez |

Con votos del oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó un cambio constitucional para gravar a altos patrimonios. El detalle de la fórmula se estudiará en particular.

Al anunciar la eliminación de requisitos para obtener el Ingreso Familiar de Emrgencia (IFE), el Presidente Sebastián Piñera declaró el lunes que para seguir entregando apoyos a las familias en la pandemia “manifestamos nuestra voluntad de buscar acuerdos para aumentar la recaudación tributaria, incorporando mayores esfuerzos de los grupos de mayores ingresos”.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, confirmó que está preparando una propuesta de ley en materia tributaria para aumentar la recaudación. “Hay distintas herramientas, el Gobierno las va a anunciar en su momento. Estamos conversando con parlamentarios de Chile Vamos en la Cámara”, dijo en CNNLa autoridad planteó que un proyecto podría incluir la eliminación de exenciones tributarias, una materia que genera respaldo transversal y que se mantenía congelada. De hecho, Cerda había comprometido proporcionar los datos sobre el costo de las exenciones en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, cuya entrega se ha postergado en dos ocasiones.

Sin embargo, la voz del Ejecutivo fue la gran ausente en el debate que se sostuvo este miércoles 21 de abril en la Sala de la Cámara de Diputados. Los legisladores terminaron aprobando en general la reforma constitucional propuesta por parlamentarios opositores para crear un impuesto que grave a los altos patrimonios. Se opta por incluir un nuevo artículo transitorio en la Constitución, porque bajo la Carta Magna vigente solo el Ejecutivo puede proponer crear, modificar o derogar impuestos.

Al tratarse de un cambio constitucional, el llamado proyecto de “impuestos a los superricos” requería del respaldo de 3/5 de los legisladores. Superó ese número al contar con 105 diputados. De ellos, 25 correspondieron a diputados oficialistas, entre ellos los UDI Pedro Álvarez-Salamanca, Joaquín Lavín León y Celso Morales, y los RN Andrés Longton, René García y Alejandro Santana (uno de los autores de una fórmula alternativa del oficialismo). En el caso de Evópoli, todos optaron por la abstención excepto el vicepresidente de la Camara, Francisco Undurraga, que rechazó.

La reforma volverá a la Comisión de Constitución para el debate en particular. No prosperaron los intentos de los diputados de Hacienda de poder revisar posteriormente el texto.

Debate por contenidos

Construir acuerdos sobre los contenidos es una cuestión de supervivencia, ya que ni el oficialismo ni la oposición tienen los votos que exige una reforma constitucional para pasar al Senado. Pero las visiones están aún lejanas.

Hoy la reforma considera cuatro cambios, fruto de la fusión de las ideas propuestas por Camila Vallejo (PC) y Matías Walker (DC), que corrigió algunos de los vacíos advertidos por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza.

Los centrales son gravar por única vez y con tasa de 2,5% aquella parte del patrimonio neto de las personas naturales residentes en Chile que supere los US$ 22 millones; elevar a 30%, por dos años, la tasa corporativa para las firmas que tengan utilidades sobre US$ 41 millones en los últimos tres ejercicios. También se apunta a eliminar, para 2021 y 2022, la exención de impuesto a la renta en los retiros de fondos de inversión privados y en la ganancia de capital sobre enajenación de valores.

La propuesta alternativa de la oposición, presentada por Gonzalo Fuenzalida (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), se centra en mecanismos ya probados en la reforma tributaria de 2014: un impuesto sustitutivo que incentive el retiro de los US$ 300 mil millones existentes dentro de las empresas por concepto de utilidades no retiradas; y una nueva ventana para la repatriación de bienes y capitales existentes en el exterior.

Mientras los parlamentarios de Chile Vamos apuntan a estudios que señalan que los impuestos al patrimonio son difíciles de aplicar, recaudan poco y están en retirada en el mundo; desde la oposición se critica que la propuesta oficialista va contra el espíritu de la reforma, al beneficiar a los superricos con rebajas de impuestos.