La banca advierte inconstitucionalidad en el proyecto sobre fraudes

La Asociación de Bancos abandonó el silencio que había mantenido sobre esta iniciativa. Planteó que “rompe los equilibrios en el sistema de pagos” y significará “un retroceso”. El regulador había advertido sobre la necesidad de evitar el riesgo de autofraude.

Importantes novedades han remecido a la banca local en el último tiempo: la pelea judicial con los operadores de critptomonedas, las preocupaciones sobre ciberseguridad, el anuncio del futuro proyecto de ley sobre Fintech, los pasos hacia una mayor competencia en medios de pago con un sistema de cuatro partes y la próxima intregración del regulador bancario a la Comisión para el Mercado Financiero. Pero, hasta ahora, parece que nada genera más dolores de cabeza en esa industria que el proyecto sobre fraudes bancarios, cada vez más cerca de convertirse en ley.

No se trata de una novedad ni un tema que sorprenda a la banca, ya que la moción presentada en 2017 se transformó con el paso de los meses en un proyecto consolidado, que genera creciente adhesión. La iniciativa eleva la protección de las personas en caso de fraudes con medios de pago (tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas, entre otras) y reduce los plazos para restituir los fondos al cliente ante la ocurrencia de estos delitos. 

El punto crucial de la iniciativa fue explicado por el ministro de Economía, José Ramón Valente, al valorar el voto favorable que brindó el pasado 9 de abril la Cámara de Diputados.

La autoridad detalló que el cliente debe avisar al emisor cualquier circunstancia sospechosa con su medio de pago y, en caso de fraude, se le deberán restituir los fondos  en un plazo máximo de siete días hábiles. “Hoy día un usuario puede pasar hasta dos o tres meses sin su dinero, porque tenía que acreditar el fraude, pero ahora será responsabilidad del banco acreditarlo, no va a ser el usuario el que pague las consecuencias”, dijo el ministro.

Del silencio a la crítica

En todo este proceso, la banca ha mantenido una actitud expectante, pero sin involucrarse en el trámite legislativo más allá de lo estrictamente necesario y también manteniendo un cuidadoso silencio en el debate público.

Pero eso ahora cambió: mediante una declaración pública, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) afirmó que la iniciativa “rompe los equilibrios en el sistema de pagos” y vulnera un conjunto de garantías constitucionales, lo que implicará “un retroceso” en el desarrollo de la industria financiera y de los medios de pago.

El gremio afirma que el proyecto debiera fundarse en que los bancos deben asumir la responsabilidad cuando existan negligencias en la prestación de los servicios que afecten a sus clientes, mientras que estos deben hacerse responsables cuando no los utilicen apropiadamente o sean descuidados con sus claves o dispositivos.

Precisan que este principio no es recogido en el proyecto, “ya que se consagra una verdadera presunción de derecho de la responsabilidad en contra de los bancos, obligándolos a pagar los cargos o restituir los fondos correspondientes a fraudes dentro de los siete días hábiles siguientes al reclamo, sin atender a las circunstancias que originaron dicho fraude, no distinguiendo la responsabilidad que le compete al cliente, al banco o a los demás intervinientes del sistema de pagos”. 

Así, añaden que con este régimen de responsabilidad el proyecto de ley “vulnera el derecho constitucional al debido proceso, la presunción de inocencia y otras garantías constitucionales”, y además impide “que un conflicto legítimo pueda ser resuelto por los tribunales, afectando, de esta manera, el derecho a un procedimiento justo”.

En este cambio de estrategia pesan dos factores. Primero, el proyecto está en tercer trámite constitucional en el Senado, de modo que los plazos y espacios para ajustes antes de que se convierta en ley se estrechan. Lo segundo: el nuevo liderazgo de la ABIF, luego de que el pasado 11 de abril la presidencia del gremio fue asumida por el exgerente general de BancoEstado José Manuel Mena, tras concluir el periodo de Segismundo Schulin-Zeuthen. En el momento del cambio de mando, el presidente saliente planteó sus reparos sobre el tema y su sucesor advirtió que la iniciativa “tiene elementos de inconstitucionalidad”.

El gremio bancario, no obstante, no se ha pronunciado sobre otra arista de este caso: los fallos del Poder Judicial. Con distintas integraciones, la Tercera Sala de la Corte Suprema ha venido confirmando su visión procliente en sus fallos por el robo de claves, intervención de las páginas web de los bancos y sustracción de recursos desde la cuenta corriente

En una entrevista reciente, el superintendente de Bancos, Mario Farren, valoró el proyecto de ley, pero advirtió sobre la necesidad de mejoras. A su juicio, el usuario debe tener la tranquilidad que donde su tarjeta es aceptada es un lugar seguro, ya que “los que licencian a un determinado comercio para poder recibir el pago con la tarjeta son justamente las marcas o los emisores”. Pero agregó que las personas tienen que asumir la responsabilidad de cuidar sus claves y tarjetas, puesto que “si la ley dijera que ante todo evento el banco es responsable, faltaría ahí el incentivo para que las personas sean cuidadosas con sus medios de pago”.