La novedad de los proyectos de ley: ahora tendrán un Informe Regulatorio
La medida, que profundizará el alcance de las propuestas y reemplazará a los informes de Productividad, es parte de la agenda de simplificación regulatoria del Gobierno que busca eliminar leyes obsoletas y tener normas más coherentes con el nivel de desarrollo del país.
A partir del 1 de julio, todos los proyectos de ley que ingresen al Congreso deberán contar con un informe de Impacto Regulatorio (IR), que detallará el efecto de la nueva legislación en un conjunto de variables, entre ellas en la sociedad, la productividad, el sector público, el comercio y el medio ambiente, entre otras.
La medida que forma parte de la agenda de simplificación regulatoria que anunció el Presidente Sebastián Piñera el 15 de abril, contempla un proyecto de ley (que aún no ingresa a trámite legislativo) destinado a eliminar en torno a 100 normas que se consideran obsoletas o inaplicables y dos instructivos presidenciales referidos a acciones para reducir la burocracia. Estos últimos textos ya fueron enviados a los Ministerios, pero aún no son de dominio público.
El foco de esta agenda es “limpiar, simplificar y achicar la verdadera maraña de normas, regulaciones y disposiciones que afectan prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano”, según afirmó el Mandatario.
Los nuevos informes de Impacto Regulatorio sustituyen a los informes de Productividad, que fueron creados en 2016 en el marco de los esfuerzos por relevar la productividad como clave para el desarrollo y, que de paso, también sensibilizaron al sector público sobre la importancia de esta variable.
Aunque el Gobierno del Presidente Piñera mantuvo esta política, tras evaluarla positivamente, ahora llegó el momento de dar un paso adicional acorde a las mejores prácticas internacionales en la materia. Así, el proyecto de ley para promover la productividad y emprendimiento -enviado al Congreso en agosto pasado- establece por ley la obligatoriedad de estos informes, llamados “de productividad y de coherencia regulatoria”.
Paso a paso
“Estos informes a lo que van es a medir que las regulaciones sean de la mejor calidad posible y eso se logra tratando de medir sus impactos”, explica a PAUTA el jefe de la oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) del Ministrerio de Economía, Andrés Osorio.
Añade que el nuevo nombre de estos informes “no es porque la productividad no nos interese o se deje de medir, sino que estimamos que hay que incluir también el efecto sobre las personas, sobre otras regulaciones, sobre el emprendimiento…y que también sea una regulación que converse con la que existe afuera”. Además, explica que se profundiza la metodología inicial para elaborar estos reportes, lo que se recoge en la “Guía Chilena para una Buena Regulación” elaborada en Economía y visada por la OCDE.
El economista afirma que en el instructivo presidencial N°3 firmado por el Presidente, se detalla paso a paso cómo hacer los informes de Impacto Regulatorio (IR). Lo primero, es que todos los proyectos de ley que se envíen al Congreso deben contar con un informe de IR preliminar, lo que implica entregar datos concretos sobre el proyecto: a qué apunta, cómo impacta a distintos sectores, qué costos y beneficios directos e indirectos tiene, qué otras regulaciones afecta, entre otros temas.
“No todos los proyectos de ley son iguales ni tienen el mismo impacto. Esta información permitirá evaluar si el proyecto supera cierto umbral, no solo monetario, sino también asociado a sus efectos. Si lo supera, deberá ampliar la información entregada con mayor detalle con un IR de alto impacto”, explica, señalando que esa definición estará en manos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) con el apoyo técnico de Economía.
En su informe de 2017 sobre temas regulatorios, la OCDE planteó también la necesidad de incluir la participación ciudadana en los procesos de elaboración de leyes para recibir feedback y recomendaciones, de modo que estos no queden relegados exclusivamente al trámite legislativo.
Al respecto, Andrés Osorio explica que el informe IR deberá indicar “a quiénes se consultó, si se puso en consulta ciudadana o en una plataforma web y cómo fue llevado este proceso. Obviamente, no todas las regulaciones tienen el mismo proceso de consulta, pero se deberá explicitar si se hizo y cómo”.
De hecho, según el jefe de OPEN en uno de los instructivos presidenciales “se mandata a hacer consulta pública de todas las regulaciones durante un plazo no inferior a diez días”.
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