Consejera del CFA: “Pueden requerirse políticas reactivadoras que demanden recursos adicionales”

La economista Paula Benavides dice que el apoyo estatal debe llegar de “manera suficiente” y oportuna a las familias.

Es primera vez que Chile enfrenta una crisis de la magnitud de la actual y, a diferencia de eventos anteriores, hoy existe un Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que monitorea las decisiones de Hacienda velando por la estabilidad de las finanzas públicas más allá de las determinaciones de corto plazo.

Junto con destacar las recomendaciones centrales del CFA en el actual escenario, contenidas en el informe entregado al Congreso a fines de abril, la consejera Paula Benavides enfatiza la necesidad de mantener un espacio fiscal para financiar medidas reactivadoras, de ser necesario.

Más allá de la contingencia, la economista también detalla el análisis en curso respecto a sumar un techo de deuda a la regla fiscal, como existe en otros países.

-¿Cuáles son los puntos centrales de preocupación para el CFA hoy? 

“Chile enfrenta circunstancias extraordinarias: la crisis social y la pandemia han tenido efectos significativos en la actividad económica y aún existe alta incertidumbre. En este contexto, tener flexibilidad para actuar a través de la política fiscal es fundamental, no todos los países pueden hacerlo. Destinar recursos para enfrentar las crisis es necesario y en Chile esto ha sido posible gracias al manejo macroeconómico responsable de los últimos 20 años”.

“Pero hacia adelante se plantea una tensión fiscal importante. Para 2020 se proyecta un déficit efectivo de 8% del PIB (2% antes de las crisis); la deuda bruta llegaría a 32,7% del PIB (un alza de 4,9 puntos) y el déficit estructural se estima se ubicará en 3,5% del PIB”.

“Como consejo hemos señalado que es fundamental velar por la credibilidad de la regla fiscal y que, una vez concluida las crisis, se retome una senda de convergencia del balance estructural”.

-¿El efecto combinado del estallido social y de la crisis sanitaria lleva a una “tormenta perfecta” en materia fiscal?

“El efecto de ambas crisis sobre la actividad económica es muy importante. Sumado a las medidas transitorias que afectan a los ingresos, ha significado una caída en los ingresos efectivos proyectados para 2020 desde 21,5% del PIB a 19,1% del PIB. A su vez, los gastos se han incrementado desde 23,5% a 27% del PIB en el mismo periodo. Además, hay una alta incertidumbre sobre los efectos más definitivos”.

“Más que una tormenta perfecta, es un escenario en el que se está pudiendo reaccionar para atenuar los costos que enfrenta la sociedad y que plantea desafíos importantes de convergencia una vez superadas las crisis”. 

-¿Es más preocupante la velocidad del deterioro del déficit fiscal o su magnitud?

“El mayor déficit responde, en una parte significativa, a medidas transitorias de gasto o de ingresos. En este sentido, es importante monitorear que esas medidas transitorias sean revertidas en el momento adecuado”.

“También será importante buscar mayor eficiencia del gasto público y que la economía pueda retomar una senda de crecimiento. Para ello, en los próximos meses pueden requerirse políticas reactivadoras que demanden recursos adicionales, lo que también requiere espacio fiscal”.

“Lo relevante es que, pasado el contexto de crisis, se mantenga el compromiso con una senda de responsabilidad fiscal, ya que una posición sólida es fundamental para poder enfrentar escenarios como el actual”.

-La oposición critica que los recursos para apoyar a hogares y trabajadores afectados son escasos. ¿Se ha subutilizado el Fondo Soberano construido con ahorros en muchos gobiernos para épocas críticas?

“El Gobierno ha establecido marcos de financiamiento relevantes para implementar medidas para la protección del empleo, de los ingresos de las familias y de liquidez para las empresas. Como consejo hemos señalado que son medidas necesarias y que están en línea con el tipo de políticas adoptadas en el contexto internacional”.

“Ahora, desde mi perspectiva personal de política pública, me parece importante que las medidas se desplieguen de manera suficiente y que las respuestas lleguen oportunamente a las familias”.

-¿Cómo evalúa el reciente informe de la Dirección de Presupuestos con proyecciones fiscales de mediano plazo, con cifras negativas de holguras fiscales en dos años?

“El nuevo escenario de mediano plazo no es un tema que hayamos abordado aún como consejo. Con todo, las cifras publicadas por Dipres muestran un panorama donde efectivamente el gasto comprometido es superior al gasto compatible con la meta, tanto para 2021 como 2022, con diferencias de US$ 1.401 millones y US$ 440 millones, respectivamente.

“Un desafío fundamental es velar por la credibilidad de la regla fiscal. Como Consejo hemos señalado que la trayectoria de convergencia debe ser exigente pero realista. Exigente, porque Chile ya ha retrocedido en su clasificación de riesgo. Y realista, por el escenario que enfrentamos y porque dejar de cumplir las metas genera un daño en credibilidad, que afecta la evaluación de riesgo del país“.

-Ante el rápido aumento de la deuda pública, ¿cómo ve la idea de ponerle un “techo”, como ocurre en algunas naciones desarrolladas?

“Estamos en un escenario de tensión fiscal. Las proyecciones de deuda bruta para 2024 se ubican en 40% del PIB versus el 29,3% del PIB estimado para ese año previo a ambas crisis. En el contexto internacional muchos países complementan los esquemas de reglas fiscales con objetivos de deuda de mediano plazo, para preservar la sostenibilidad fiscal. En 2015, cerca de 70 países en el mundo tenían un techo o límite de deuda explícito”.

“Un tema importante es que el ancla de deuda debe estar en un nivel prudente por debajo del límite, para dejar espacios que permitan enfrentar shocks macroeconómicos y fiscales. La magnitud de ese margen debe reflejar la distribución de riesgos, lo que depende de las características propias de cada país. En este ámbito, el consejo se encuentra desarrollando un estudio con la cooperación de la OCDE para contar con un marco analítico robusto para el análisis de la sostenibilidad fiscal de largo plazo”.

-La Encuesta Global sobre Presupuesto Abierto revela que Chile no califica como transparente en esta materia ¿Le sorprenden estos resultados?

“La institucionalidad fiscal en Chile ha tenido avances en transparencia en los últimos años. El Presupuesto Abierto es uno de ellos. Pero hay desafíos pendientes, como se identifica en la encuesta, relacionados con la disponibilidad de más información sobre riesgos fiscales y en torno al proyecto de presupuesto, en los que se requerirá profundizar los esfuerzos”.

-El país tiene en suspenso la opción de un cambio constitucional. ¿Cómo ve los riesgos de ese debate para la institucionalidad económica y fiscal?

“Personalmente, me parece importante que se aborden los debates que nuestro país requiere. Por cierto, un cambio constitucional genera un contexto de incertidumbre. Sin embargo, lo fundamental es que se avance en los consensos necesarios para construir una mejor sociedad, una menos desigual y con bases sólidas para su desarrollo. Hacerlo también es el camino para un crecimiento sostenible y donde se mantengan los objetivos de responsabilidad fiscal”.