Economía

Presupuesto 2020 asigna US$ 351 millones a programas mal evaluados

Hacienda prepara un plan para hacer más eficiente el gasto público. La dificultad es mayor: en la última década solo el 43% de las iniciativas evaluadas tiene nota azul.

Por Marcela Gómez

Domingo 12 de enero de 2020

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No solo gastar más, sino gastar mejor. La frase está dentro de las más repetidas por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando aborda los desafíos del Estado para hacer frente a las mayores demandas sociales levantadas por la crisis social. 

Pero no son solo palabras: la autoridad está preparando un plan para eliminar programas ineficientes y reorientar esos fondos a iniciativas que pongan "más recursos en los bolsillos de los chilenos para reducir la desigualdad".

Briones recientemente se trajo desde la cartera de Economía al economista Juan José Obach para un cargo recién creado: coordinador de Mejoramiento del Gasto Público. En esta tarea se apoyará con otros dos "fichajes" provenientes del Centro de Estudios Públicos (CEP): el nuevo coordinador de Políticas Sociales de Hacienda, Andrés Hernando; y el nuevo jefe de la división de Control de la Gestión Pública de Dipres, Slaven Razmilic, quien reemplaza a Paula Darville, quien ejerció ese cargo durante los últimos diez años hasta que se le solicitó la renuncia.

Los responsables de Hacienda y Dipres ya pusieron manos a la obra en esta tarea, que incluye también a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Alejandra Candia. Precisamente, en sus oficinas partió el trabajo conjunto el pasado 9 de enero.

En busca de logros

La tarea de hacer más eficiente el gasto no tiene detractores visibles, pero es titánica: un ejercicio realizado por PAUTA identificó que del total de programas públicos evaluados en la última década, apenas el 43% tuvo un desempeño positivo, mientras que el resto no aprobó, fue objeto de rediseños o ni siquiera logró acreditar resultados.

Según la información pública que está disponible en Dipres, entre 2009-2019 se evaluaron 333 programas e instituciones, aunque las clasificaciones se limitan a 297, ya que las evaluaciones de impacto o de gasto institucional no concluyen con una clasificación.

Para conocer cuál es el desempeño de los programas evaluados, que contituyen un segmento menor de todos los programas presupuestarios, se reunieron las diferentes clasificaciones existentes en la última década en cuatro grupos: buena, rediseño, mala y resultados no demostrados (que en general, se puede asimilar a un rango negativo o un fallo en la evaluación).

Los datos revelan que, en su mayoría, las evaluaciones detectan que los programas no logran cumplir sus propósitos en forma eficiente y económica.

Malos, pero financiados

La inercia existente en los programas hace que iniciativas que fueron clasificadas con mal desempeño sigan en curso, sin que sea fácilmente rastreable la información sobre eventuales cambios o ajustes.

Entre los programas con desempeños más bajos, existen 12 cuyas clasificaciones concluyen con un rótulo lapidario: Mal Desempeño. Esto implica que las iniciativas presentan resultados insuficientes, no definen poblaciones objetivos o criterios de focalización, carecen de indicadores para poder medir sus logros, no tienen estructuras que permitan medir avances mensuales o anuales, los mecanismos de control y auditoría respecto de los recursos asignados son débiles o inexistentes, entre otros déficits. En suma, presentan debilidades estructurales en su diseño, implementación o eficiencia.

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En el Presupuesto 2020 se asignan poco más de $242 mil millones (equivalentes a US$ 351,6 millones usando el tipo de cambio del presupuesto, de $690) a 11 de estos programas mal evaluados, ya que uno fue reemplazado en forma íntegra. Se trata de Plan Nacional contra el Narcotráfico del Ministerio del Interior, que a su mala evaluación sumó un reparo de la Contraloría General de la República por la no devolución de $1.600 millones asignados a Carabineros desde la Subsecretaría de Interior para este plan.

Aunque la decisión de concluir o rebajar recursos a iniciativas con evaluaciones deficientes pueda parecer lógica, en la práctica ello no resulta tan fácil, sobre todo cuando se trata de iniciativas que, con todas sus carencias, no pueden terminarse. Es el caso de los centros estatales de acogida para niños, niñas y adolescentes vulnerados o los programas de formación de especialistas para la atención de salud pública. Otras iniciativas, en cambio, podrían sustentarse en redes de clientelismo que vinculan a beneficiarios y benefactores.

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Ambos extremos no hacen más que relevar las dificultades que enfrenta la cruzada de mayor eficiencia del gasto en que está embarcado el ministro de Hacienda.

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