La "doctrina Marcel" para la recuperación de la economía

Casi al concluir su intervención ante la Comisión de Hacienda del Senado, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, admitió que el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre "es el más difícil" de los últimos 20 años, tanto en su preparación como por el duro mensaje que entrega y el nivel de incertidumbre existente. 

El foco de lo que el Banco Central buscó transmitir es que si bien la economía tendrá un débil cierre de año, debería mostrar signos de recuperación desde el primer semestre 2020. Pero esto no está asegurado: la condición clave es que la incertidumbre se reduzca significativamente y que los distinstos sectores puedan retomar sus procesos productivos. "Si no se recupera la normalidad el panorama será aun más sombrío", advirtió.

El economista entregó un mensaje que recogió las convicciones, visiones y alertas que se han debatido al interior del Consejo sobre el impacto del estallido social. Y no eludió ninguna pregunta.

Aunque en el IPoM se estima que la actividad caerá 2,5% en el cuatro trimestre del año y que el desempeño del primer tercio de 2020 también arrojaría cifras negativas en la comparación anual, en la medición trimestre contra trimestre habría cierta recuperación en el inicio del nuevo año. Esto permitiría evitar la "recesión técnica", cuyo requisito es dos trimestres consecutivos de bajas, pero no evita el efecto de seis meses con crecimientos negativos en las expectativas.

Con todo, se advierte que las proyecciones contienen un mayor grado de incertidumbre que el habitual, al desconocerse cuándo concluirán los eventos de violencia y cómo evolucionará la situación política. Factores clave para ir midiendo la recuperación de la economía serán la confianza de hogares y empresas, junto al desempeño del mercado laboral, el consumo y la inversión.

La tasa de desempleo podría superar 10% a inicios de 2020, pero incluso este escenario podría empeorar "si cambios regulatorios llevan a aumentos de costos laborales significativamente por encima del aumento de la productividad, en un contexto de debilidad económica".

Marcel detalló que con esto no se están criticando medidas como un mayor salario mínimo o alza de las cotizaciones previsionales, sino que estos y otros ajustes que elevan los costos laborales se concreten simultáneamente en un periodo en que la economía está particularmente débil. Así, sugirió considerar procesos de gradualidad o fórmulas de mitigación para reducir potenciales efectivos negativos. 

El desempleo, por ejemplo, podría tener un impacto relevante en redistribución del ingreso que las propias demandas sociales buscan corregir.

La fuerte caída de 4% de la inversión que se proyecta para 2020 se basa principalmente en el desplome de la inversión privada no minera, donde hay reevaluación de los plazos y montos de inversión previamente comprometidos.

Esa baja se compensa en parte por la continuación de los grandes proyectos de inversión mineros ya iniciados que, según la información cualitativa recopilada por el BC, no han visto afectado su desarrollo tras el 18 de octubre. Algo similar ocurre con los proyectos en energía. 

Urgencias y buena política

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Tras detallar las tareas que el BC realiza desde sus ámbitos de competencia para contribuir a superar la crisis, Mario Marcel pidió ayuda al Congreso en dos ámbitos. Primero: "Cerrar lo antes posible los temas pendientes de definición política", ya que acuerdos como los conseguidos sobre la reforma tributaria, nueva Constitución y Presupuesto ayudan a reducir la incertidumbre y recuperar la confianza en las instituciones.

La segunda petición es que, frente a la posibilidad de agregarle nuevas tareas al Banco Central, se le permita concentrarse en el cumplimiento sus dos mandatos legales: el control de la inflación y la estabilidad financiera. Esto, debido al rol que se ha propuesto que cumpla en la definición de las dietas parlamentarias y, en meses pasados, en la gestión de ahorros previsionales.

Al insistir en que se requiere pronto una vía de salida a la crisis, el economista sostuvo que "cada día de demora tiene un enorme costo" y que es necesario ante cada decisión "preguntarnos no solo qué podemos ganar, sino también cuánto podemos perder".

Esto, dijo, especialmente por el impacto en los más vulnerables. A modo de ejemplo, sostuvo: "Si el desempleo se estacionara en cifras en torno a 10% y la inflación se empinara al 6% —el doble de la meta del Banco Central—, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, retrocedería 27 años, hasta los valores que exhibía a comienzos de los noventa".

El presidente del BC dijo que una lección de esta crisis es que los ahorros que se acumulan en períodos de abundancia (como los fondos soberanos del Fisco y las reservas del ente monetario) han sido de inestimable valor para amortiguar el impacto de la crisis y articular medidas de respuesta.

Recordó que durante muchos años las autoridades argumentaron sobre la importancia de estas holguras y fueron acumulándolas, aunque "muchos vieron en esto un celo o una ortodoxia excesiva".

Ahora que se enfrenta "una crisis de verdad", Hacienda financiará US$ 7 mil millones del mayor gasto demandado por las medidas sociales y de impulso a la inversión con sus fondos soberanos, mientras del BC usará 25% de sus reservas (US$ 10 mil millones) en la intervención cambiaria.

Respecto de los movimientos de capitales y su impacto en el tipo de cambio, afirmó que en estos 45 días estas operaciones tienen varios componentes y difícilmente podría caracterizarse como una continua salida de capitales del país.

Recordó que Chile abandonó los controles de capitales tras la crisis asiática por buenas razones; entre ellas, que su combinación con medidas para intentar controlar el tipo de cambio "llevó a una política monetaria que profundizó la recesión".

Añadió que la experiencia de controles de capitales a locales "tiene un nombre, 'corralito', que es la experiencia que ninguno de nosotros quisiera repetir porque fue nefasta en Argentina". Agregó de manera taxativa que los controles de capitales "no son una herramienta para enfrentar esta ni ninguna situación imaginable en materia de control macroeconómico".

 El futuro proceso constituyente también fue un tema de consulta. "El acuerdo constitucional busca que se refleje toda la diversidad de los chilenos; por lo tanto, la posibilidad de imponer una constitución parece difícil", dijo. Añadió que se acordaron ciertos requerimientos de cuórum que apuntan a generar grandes acuerdos y que la dinámica de un cuerpo colegiado es tratar de resolver la tarea que se le asignó (y no que queden temas pendientes).

"Habrá un periodo e incertidumbre, pero si se usa como guía lo ocurrido en otros procesos similares de otros países, salvo que se dé en un contexto de violencia, probablemente no tendremos algo extremo o inusitado en términos de una Constitución", señaló.

Sobre una futura reforma tributaria que allegue nuevos ingresos fiscales, planteó que la gran diferencia entre sistema impositivo chileno y los de otros países está en el tamaño y recaudación de los impuesto a los ingresos personales.

Subrayó que en el reciente acuerdo tributario se produjo algo interesante: "Después de discutir durante años cómo se podía mejorar la distribución de ingresos aplicando impuestos a las empresas, el acuerdo se focalizó en los impuestos a las personas". Marcel dijo que ese es un cambio importante, "porque las desigualdades son de distribución de ingreso entre personas, no entre empresas de distinto tamaño o entre empresas y personas".