Economía

Los canales de transmisión de la crisis a las empresas

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POR Eduardo Olivares |

El Banco Central destina dos apartados del Informe de Política Monetaria a diseccionar los efectos del estallido social sobre la cadena productiva.

En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, el Banco Central destina dos recuadros especiales solo a desglosar los efectos del estallido social en la cadena productiva de la economía.

En los apartados titulados “Disturbios sociales, incertidumbre y actividad económica: evidencia, canales de transmisión e implicancias de política” e “Impactos de la crisis social en las empresas”, el equipo del Banco Central (BC) resume la evidencia de cómo las crisis sociales se canalizan hasta los eslabones finales en los hogares y las compañías, y cómo en Chile el sector privado está respondiendo a ello.

La experiencia internacional de la literatura revisada aquí detecta tres dimensiones relevantes para el análisis de las crisis sociales: grado de violencia (que va desde protestas pacíficas a aquellas que pueden terminar en conflictos armados), contexto político (sistemas democráticos, dictatoriales o en transición) y objetivos buscados (por ejemplo, demandas específicas, objetivos redistributivos o transformaciones políticas profundas).

La duración del fenómeno

De que hay impacto económico, no hay duda, pero distintos estudios muestran que se trata de un efecto acotado cuando la duración es breve y además se van ajustando las medidas que permiten desarticular las demandas iniciales. Un ejemplo es el de los “chalecos amarillos” en Francia, surgidos como reacción al alza de precios de combustibles y exigencias redistributivas: “A pesar de la intensa violencia que se vivió tanto en París como en otras zonas del país, su corta duración [casi dos meses] impidió que los efectos macroeconómicos fuesen considerables. En efecto, se estima que su costo fue de solo 0,1 puntos porcentuales de menor crecimiento en términos del PIB trimestral”, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un caso contrario es el de Túnez, país protagonista de la Primavera Árabe, cuyo deterioro se debe al prolongado lapso se violencia e incertidumbre. Entre 2011 y 2013, la economía tunecina perdió 5,7 puntos porcentuales anuales, de acuerdo con una investigación de 2016.

Los canales de distribución

Para que la crisis social derivada en violencia afecte la actividad, hay tres canales: directos, inciertos e institucionales.

El canal directo es el más evidente: si hay un saqueo, se destruye capital; si hay cortes de caminos, el trabajador no puede trasladarse. “A nivel de toda la red productiva, incluso las empresas que no hayan sufrido pérdidas por empleo o capital, pueden verse afectadas si las demás empresas que les proveen de bienes intermedios se han visto afectadas”.

En una encuesta a empresas pequeñas, medianas y grandes, de distintos sectores económicos y de regiones, el Banco Central ponderó la percepción de las compañías privadas acerca del impacto general del estallido social iniciado el 18 de octubre. El sondeo se efectuó entre el 19 y 26 de noviembre a 343 firmas, tras lo cual se levantó información cualitativa basada en entrevistas telefónicas con “cerca de 40 empresas con representación regional y nacional relevante”.

Los resultados generales muestran que, en promedio, entre octubre y noviembre el 85% de las compañías percibió un empeoramiento importante o leve producto de la crisis social.

Los sectores que observan un empeoramiento mayor en noviembre están en comercio y servicios, debido a “un menor flujo de personas, horarios de operación más reducidos y una percepción de mayor precaución de los clientes”. En el sector construcción hubo una “drástica baja de ventas en noviembre y el escaso número de cotizaciones, ya fueran presenciales o vía web“. 

En relación con la duración de los problemas, tres de cada cuatro empresas espera un impacto durante diciembre.

Además, el 70% prevé que los efectos se extienden entre uno y seis meses más. 

El canal de incertidumbre se traduce tanto en la decisión de “esperar y ver” (de hogares y empresas) antes de invertir como en el alza de la prima de riesgo ante un incremento de la probabilidad de quiebra.

Sobre decisiones de inversión, la encuesta del Banco Central exhibe una respuesta contundente: antes del estallido, el 82,2% de las empresas sí tenía planes de inversión para 2020. Ahora la mayoría está en revisión.

Considerando ese escenario, también hay cambios esperados sobre el personal requerido para 2020: casi 57,7% espera una reducción en su dotación de trabajadores; el 35,6% una mantención, y el 5,7% restante, un incremento.

En cuanto al canal institucional, el Banco Central recuerda trabajos como el de los académicos Daron Acemoglu y James Robinson, quienes en su célebre libro ¿Por qué fracasan los países? sostienen que en la medida en que las transformaciones generen una mejor distribución política y económica, “pueden sentar las bases para un crecimiento económico robusto y sostenible en el tiempo”.

Las conclusiones

Independientemente de la categoría de que se trate, el Banco Central plantea una conclusión generalizada: “Las implicancias económicas de los disturbios son acotadas, en la medida [en] que su duración es breve. Pero sus costos aumentan considerablemente en la medida [en] que se extienden en el tiempo y comienza a afectar las confianzas de hogares y empresas”.

En el aumento de la incertidumbre proveniente de la violencia subyace buena parte de las complicaciones, dado que “afecta los mecanismos tradicionales a través de los que opera la política monetaria”. De ese modo, plantea el Banco Central, la efectividad de esa política monetaria disminuye “en comparación con otras medidas reactivadoras, como una expansión de la política fiscal” como “la recientemente anunciada por el Gobierno”, que incide “más directamente en la demanda agregada”.