La controvertida adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias a un consorcio formado mayoritariamente por entidades extranjeras será debatida por el Congreso.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo. Pablo Terrazas. Crédito: Agencia Uno
Este 14 de enero, el Senado realizará una sesión especial para analizar el proceso de adjudicación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL). Fuentes del Senado dijeron que esperan que tanto el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas; como el ministro de Economía, Lucas Palacios, aclaren las dudas existentes.
Este centro tecnológico, que se financiaría durante una década con US$ 193 millones comprometidos por SQM durante la renegociación de su contrato para extraer litio, tiene como principal fin impulsar un clúster en materias como energía solar, hidrógeno verde, minería baja en emisiones y otras, para generar un polo de desarrollo sustentable.
La mayor inversión en I+D de Latinoamérica está más cerca de ser realidad: el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) fue adjudicado por la AUI (Associated Universities Inc) y pondrá a la Región de Antofagasta a la cabeza de la reactivación sostenible 🔬🔋💡@PabloterrazasL pic.twitter.com/rnnSeG53hP
— Corfo (@Corfo) January 5, 2021
Pero desde que el 5 de enero el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, informó de los resultados del proceso, se han sumado dudas y críticas no solo desde los políticos, sino también desde el mundo académico y científico. En sendos comunicados ha reafirmado que el proceso "ha sido totalmente transparente y ajustado a las bases de licitación" y que la opinión de asesores externos (que se alega favoreció al consorcio perdedor) "no era vinculante ni eran los únicos antecedentes o insumos que debía considerar la Comisión Evaluadora".
Lo cierto es que Terrazas se ha visto solo en la defensa del resultado. Y la acumulación de críticas hace surgir una pregunta en el oficialismo: ¿estamos ante un nuevo Barrancones? Esto, aludiendo a la polémica desatada en 2010, cuando el Presidente Sebastián Piñera acordó con los dueños de esa termoeléctrica reubicarla tras la presión social.
El gerente de Finanzas de la minera, Gerardo Illanes, revela detalles del plan de inversiones que esperan financiar con un aumento de capital.
El consorcio ganador (AUI) está integrado por nueve universidades estadounidenses (Harvard, Yale y MIT, entre otras), cuatro nacionales (del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma y de Atacama) y grandes empresas (Enel, Colbún, AES Gener, Enaex, entre otras). El segundo consorcio lo integran 11 universidades nacionales públicas y privadas (de Chile, Católica de Chile, Católica del Norte, Santa María, entre otras), empresas y asociaciones mineras y energéticas, centros científicos y tecnológicos extranjeros.
Más allá de los temas legales, se critica la visión de Corfo que parece apostar más al desarrollo de ciencia básica que a impulsar nueva tecnología que tiene que irse testeando entre investigadores y empresas.
Los rectores del grupo perdedor han alzado la voz pidiendo que se de marcha atrás en este proceso y que no se excluya a los planteles locales que tienen sedes regionales y amplia trayectoria de trabajo con las comunidades.
"Hacemos un llamado urgente a revertir esta decisión (...) que debe incluir una estrategia que proteja sus recursos naturales y que se oriente al desarrollo integral de sus personas.", dice el #RectorUC en @latercera sobre adjudicacion del Instituto de Tecnologías Limpias. pic.twitter.com/SoyuopKwQJ
— Universidad Católica (@ucatolica) January 12, 2021
El presidente de Sonami, Diego Hernández, añadió que la minería local "se siente marginada" y que Corfo no consideró una visión de largo plazo. Quien tambien solicitó que se anulara fue el exvicepresidente ejecuivo de Corfo, Eduardo Bitran, quien planteó que lo que se buscaba era una alianza público-privada para hacer desarrollo tecnológico con las empresas, y no investigación científica básica que genere papers.
El Ministerio de Energía inició un programa para transformar a Chile, en 2050, en uno de los principales productores del combustible que, se supone, era el que tanto se buscó: ecológico, eficiente e infinito.
Nacional
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Otro tema que se critica es que la decisión no fue tomada por los titulares del Consejo Directivo de Corfo (ministros de Hacienda, Economía, Ciencia ni el propio Terrazas), ya que se inhabilitaron por ser funcionarios o académicos de los planteles involucrados en las ofertas.
Las excepciones fueron el entonces ministro de Agricultura, Antonio Walker (que presidió la sesión, pero abandonó el Gabinete dos días después para postular a la Convención Constitucional) y la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, que según consta en el acta expresó su preocupación por la vinculación de AUI con las universidades y empresas de la zona y su representación en el directorio de la nueva entidad.
Por de pronto, un grupo de parlamentarios de la oposición -liderados por los senadores Yasna Provoste (DC), Guido Girardi (PPD) y Carlos Montes (PS)- solicitó a Contraloría revisar el proceso debido a "evidentes irregularidades" y que no responde al propósito establecido en el contrato.
Vea la entrevista completa a Pablo Terrazas en Pauta Final en el siguiente link:
La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, destacó que este proceso que impulsa el Gobierno podría elevar 4,4% el PIB potencial de Chile.
Su presidente Diego Hernández espera que el proyecto cambie en el Senado: "Si alguien tiene expectativa de ser gobierno, imagino que no van a querer hacerse cargo de esta herida autoinfligida".
La iniciativa fue despachada de la Cámara de Diputados con un respaldo transversal, No hubo respaldo para dejar sin efecto la invariabilidad tributaria que poseen los contratos de la minería.
Aunque los efectos adversos han podido contenerse, el presidente del Banco Central detalló cómo cada nueva liquidación desde las AFP (y ahora, las aseguradoras) impacta en precio, tasas de interés y costo del crédito.
Diputados de oposición y la presidenta del Senado, Yasna Provoste, impulsan una reforma constitucional para eliminar la deuda del CAE y Fondo Solidario. Medida exigiría unos US$ 12 mil millones.
