Por delitos de lesa humanidad, se presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia, liderada por el exjuez español Baltasar Garzón, contra el Presidente Sebastián Piñera ante los hechos ocurridos luego del denominado estallido social del 18 de octubre.
El escrito, donde piden la investigación del Presidente junto con sus colaboradores civiles, militares y policiales por, según expresan, más de tres mil casos de violaciones a los derechos humanos, fue presentado por Garzón, junto al Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) y a dos ONG: la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ).
La Corte Penal Internacional debe investigar si los hechos son de su competencia, si existen motivos para creer que hubo crímenes de lesa humanidad y si se cumplen los requisitos de admisibilidad. Según explica John Müller, en Primera Pauta de Radio PAUTA, "la primera pregunta que se debe hacer la Corte es si en Chile hay una democracia y un sistema jurídico independiente y lo más probable es que llegue a la conclusión de que sí lo hay, y que no se trata de un país en guerra o de una dictadura". Agrega que "van a tener que demostrar que hay circunstancias que permiten anular que exista una justicia independiente en Chile".
¿Quién es Baltasar Garzón?
Garzón es un exjuez español con cierta credibilidad en los sectores de izquierda. Busca el retorno al mundo judicial luego de casi 10 años de inhabilitación: fue suspendido por dos años tras atribuirse la jurisdicción para juzgar al franquismo, y luego expulsado de la carrera hace casi ocho años por prevaricación.
Durante su carrera judicial fue conocido por ordenar la detención de Augusto Pinochet en Londres y lograr con éxito que la justicia británica hiciera caso a su requerimiento. "Fue quien acabó con la figura de Pinochet", puntualizó Müller.
En España ha sido un personaje polémico, interrumpió su carrera judicial para ejercer como Secretario de Estado de Felipe González y, al volver a su antigua profesión, dañó fuertemente el prestigio del expresidente al levantar un caso de terrorismo de estado en su contra.
Tras su expulsión en 2012 se dedicó al ejercicio libre de la profesión de abogado. Durante el 2020 ganó casi 2.500 millones de pesos, con clientes como el peronismo argentino y los empresarios chavistas. Según Müller, actualmente "es una especie de poder factico dentro de la justicia española", debido a que su novia actual, Dolores Delgado, es la fiscal general del Estado.
Revise el comentario de John Müller en Primera Pauta
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