Una posición de alto riesgo: convertirse en presidente de Perú

Incluso en América Latina, una región conocida por su inestabilidad política crónica, Perú se destaca.

Todos los presidentes electos desde 1985 —con la excepción de un líder interino que sirvió durante solo ocho meses— han sido blanco de juicios políticos, encarcelados u objeto de investigaciones penales.

El lunes, Martín Vizcarra se convirtió en el último, cuando fue destituido del poder por el Congreso a raíz de acusaciones sobre que habría recibido sobornos de empresas constructoras. Dos expresidentes se encuentran actualmente bajo arresto domiciliario y otro está con arraigo nacional mientras espera su juicio. Sin embargo, otro, Alan García, se suicidó cuando las autoridades solicitaron su arresto a principios del año pasado.

Es una historia llamativa, y que se atribuye tanto a la sed de venganza de la clase política peruana como a la corrupción, tan arraigada en el sistema democrático del país. El patrón también pone de relieve una tensa configuración institucional que hace que el presidente y el Congreso se enfrenten y fomenta una constante desavenencia.

A continuación, se ofrece una rápida mirada a cada uno de esos episodios:

En octubre, la Fiscalía del país comenzó a investigar acusaciones de que el mandatario había aceptado 2,3 millones de soles (US$ 634.000) en sobornos a cambio de ayudar a empresas de construcción a adjudicarse contratos cuando él era gobernador regional, entre 2011 y 2014. También está implicado en otra investigación sobre la contratación de un cantante poco conocido para dar talleres de motivación a funcionarios del gobierno. Había sorteado un primer intento de juicio político en este último caso hace menos de dos meses.

 

Kuczynski es uno de los cuatro expresidentes peruanos implicados en una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht SA, la empresa detrás del mayor escándalo de corrupción en América Latina en décadas. La Fiscalía alega que ayudó a la empresa a adjudicarse dos contratos de infraestructura mientras se desempeñaba como ministro en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Renunció a la presidencia a principios de 2018 en vísperas de la votación de su juicio político y fue puesto bajo arresto domiciliario el año pasado.

La Fiscalía acusa al expresidente y a su esposa de recibir US$ 3 millones de Odebrecht para financiar su exitosa campaña presidencial de 2011, así como de lavar dinero durante su fallida licitación en 2006. Es el primer expresidente del país que fue acusado como parte de la investigación y actualmente está a la espera de juicio y con orden de arraigo nacional.

La Fiscalía asevera que García lideró un grupo de funcionarios corruptos durante su segundo gobierno, entre 2006 y 2011, cobrando sobornos y ayudando a Odebrecht a adjudicarse contratos que incluyeron una línea de metro. Un tribunal ordenó su arresto en abril de 2019 y se suicidó cuando la Policía llegó a la puerta de su casa en Lima.

Toledo se encuentra bajo arresto domiciliario en Estados Unidos mientras espera su extradición a Perú, donde es buscado por cargos de haber recibido hasta US$ 30 millones en sobornos de Odebrecht. Alguaciles estadounidenses lo arrestaron en julio de 2019, cuando llevaba US$ 40.000 en efectivo en una maleta. Fue liberado de la cárcel a principios de este año luego de que un juez dictaminara que corría el riesgo de contraer coronavirus si permanecía bajo custodia.

Paniagua fue un legislador que presidió un gobierno de transición luego de que el presidente Alberto Fujimori huyera del país en 2000, con la tarea de organizar elecciones para el año siguiente. Los peruanos lo tienen en alta estima por su papel en la restauración de la democracia y su legado no está manchado por acusaciones de corrupción. Murió en 2006 tras sufrir una infección pulmonar.

Fujimori sigue siendo una figura profundamente divisiva en Perú después de mostrar una tendencia autocrática cuando lanzó una exitosa campaña para controlar la hiperinflación, estabilizar la economía y aplastar una brutal insurgencia guerrillera. Actualmente cumple una sentencia de 25 años por ordenar el asesinato de presuntos simpatizantes del terrorismo, y también fue condenado por cargos relacionados con corrupción. Kuczynski lo indultó en 2017, pero la decisión fue revocada más tarde por la Corte Suprema del país.