Chile, país de abogados

Siempre se ha ponderado la tradición legalista de Chile. Incluso las dictaduras se han dado prisa en Chile por contar con algún tipo de cobertura legal para sus actividades. Quienes hablan de ella se remontan a Portales y a Bello para encontrar las bases de esta tradición, entre las que la despersonalización del poder era fundamental. Para Portales, luchar por un Estado impersonal era una manera de vacunar a Chile contra los caudillismos que florecían en nuestros países vecinos.

Esta tradición legalista incluso se filtraba al lenguaje popular. Esto era muy visible hasta la década de 1970. En Chile era habitual “alegar” en vez de discutir o argumentar. Era el resultado de una infiltración de la jerga de los abogados a la vida cotidiana. Bernardino Bravo Lira dice que, así como se habla de una república de las letras españolas, se puede hablar de una república hispánica de abogados, fundada en el Derecho.

Es verdad que, con posterioridad, principalmente en las décadas de 1980 y 1990, fue la jerga económica la que se hizo popular, desplazando algunas de las leguleyadas más utilizadas.
Que duda cabe de que el episodio del Gabinete Irina Karamanos, que pasó los controles de varios asesores bien remunerados, incluido el de un abogado veterano que formó parte de la Comisión Rettig, marca el punto más bajo de la pérdida de calidad de nuestra república de abogados. Ya hay indicios en el borrador constitucional de cierto apartamiento de la tradición legalista con la introducción de conceptos sociológicos, antropológicos y políticos que carecen de definición jurídica.

El país siempre ha sido dado a la búsqueda de resquicios, pero ahora estamos ante un fenómeno nuevo: la simple degradación de la ley.