La esquizofrenia institucional de Perú
“La Constitución de 1993 le ha dado al país un sistema económico que prospera, pero uno político que es completamente disfuncional”, dice John Müller.
Lo sucedido en Perú debería ser analizado con cuidado por todos aquellos que aspiran a escribir nuevas constituciones. De hecho, una de las razones que Pedro Castillo dio para justificar el golpe de Estado que lo ha llevado a la cárcel fue convocar elecciones para un Congreso “con facultades constituyentes” y sustituir el texto que hizo aprobar Alberto Fujimori en 1993. Hoy, a pesar de que las instituciones peruanas lograron salvaguardar el orden constitucional, todo el mundo sabe que ese orden es precisamente la garantía de un sistema disfuncional.
Desde que Ollanta Humala completó su mandato entre 2011 y 2016, Perú ha tenido seis presidentes y sólo dos de ellos –Pedro Pablo Kuczynski y el propio Castillo- han sido fruto de la voluntad popular y ambos fueron destituidos por el Congreso. Los demás han sido elegidos por el Legislativo en crisis sucesivas. El sistema semipresidencial peruano no ha logrado generar un equilibrio funcional entre el Ejecutivo y un Legislativo que, además, tiende a la fragmentación por lo que, tarde o temprano, los presidentes acaban atrapados entre la espada del Congreso y la pared de la opinión pública.
La propia Dina Boluarte, que al principio anunció que completaría el mandato de Castillo hasta 2026, ha tenido que ceder a la presión de la calle que exige “que se vayan todos” y ha anunciado que adelantará las elecciones a 2024, decisión que no va a caer bien en un Congreso cuyos miembros no puede ser reelegidos. Los dedos de una mano sobran para contar los días que faltan para que la nueva presidenta empiece a ser hostigada por el Legislativo.
Curiosamente, esta disfuncionalidad política no tiene un correlato en la economía. Ésta prospera con energía. El Banco Mundial asegura que “los parámetros macroeconómicos fundamentales continúan siendo sólidos” y las reservas internacionales de Perú son importantes y su deuda pública no llega al 40% del Producto Interior Bruto (PIB). Gran parte del mérito se debe a un banco central confiable, cuya autonomía está garantizada por el mismo texto constitucional que provoca tanta inestabilidad política.
Aunque el diseño de las instituciones es muy importante, también lo es la cultura política. La política peruana no habría entrado en este bucle autodestructivo si los dos poderes en liza -el Ejecutivo y el Legislativo- no hubiesen decidido utilizar sus “armas nucleares”, reservadas para las grandes ocasiones, como elemento de consumo diario a partir de la presidencia de Kuczynsky. El presidente tiene la posibilidad de disolver el Congreso si éste le tumba dos de sus gabinetes, mientras que el Congreso puede destituir al presidente con argumentos tan difusos como la “incapacidad moral”. Pero esto se pensó para situaciones extremas, no para simples discrepancias por profundas que sean. Algo parecido sucedió en Chile durante el último gobierno de Piñera cuando se generalizó el uso de la acusación constitucional contra los ministros y el presidente.
Perú nos ofrece el caso de una misma Constitución con dos subsistemas que ofrecen distinto resultado: el político es un fracaso, mientras que el económico ofrece resultados más que aceptables. No es difícil apreciar que Perú también es un país transido de populismo. Ahora bien, ¿por qué éste produce estos resultados en la política y no en la economía?
También hay que considerar la legitimidad del sistema. Nueve de los diez expresidentes que ha tenido el país desde Fujimori han sido acusados de corrupción por la Justicia peruana. Sólo se ha librado Francisco Sagasti, aunque sus rivales también lo intentaron.
John Müller es analista internacional en Micrófono Abierto, de Radio PAUTA, de lunes a viernes a partir de las 07:00 horas. Escúchelo por la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, y por la 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, y véalo por el streaming en www.PAUTA.cl.