La morosidad escala en las universidades

Uno de cada cuatro estudiantes en una muestra de 10 planteles privados de educación superior tiene sus deudas vencidas. Las universidades solicitan oxígeno financiero al Gobierno.

Uno de los varios efectos que ha provocado la crisis producto de la pandemia ha sido la morosidad en el pago de aranceles en las universidades. Muchas instituciones privadas de educación superior, tal como lo han hecho los colegios particulares, han debido tomar medidas como la flexibilización en sus pagos y la creación de becas.

De acuerdo con información que Acción Educar pidió a 10 universidades privadas, con y sin gratuidad y que son parte de las más representativas, la crisis ha implicado que en promedio la morosidad ha aumentado en nueve puntos porcentuales: la tasa de hoy llega al 25%. Es decir, uno de cada cuatro estudiantes tiene una deuda impaga en esos planteles privados (de los más grandes del sistema), en promedio.

Según Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, el aumento en la morosidad puede generar una serie de problemas, pues las instituciones además han debido tomar medidas para hacerle frente. “Es necesario recordar también los esfuerzos que han hecho las instituciones para apoyar a sus estudiantes flexibilizando las formas de pago, dando becas y adecuándose al sistema remoto. Esta situación se puede prolongar y, por tanto, que una mayor cantidad de familias caigan en incapacidad de pago. Por ello es clave buscar un solución que respalde los esfuerzos que han hecho las instituciones y entregue apoyo a los estudiantes”.

Vergara explica que la principal fuente de ingreso de las instituciones son los aranceles, que se pueden pagar mediante gratuidad, los créditos y becas y el aporte de las propias familias, ya sea por copago o por el pago del arancel total de la carrera. “Son estos aportes de las familias los que están en riesgo de dejar de percibirse. Esto, debido a que las instituciones dependen de sus flujos de caja para operar y una disminución de ingresos puede afectarlas gravemente en su operación”.

Cómo financiar el déficit

Las universidades han optado por distintas medidas para paliar la merma de recursos, según comentaron a PAUTA algunos directivos universitarios. La urgencia, por ahora, está en las mensualidades de marzo y abril. Algunos establecimientos aceptan el pago acumulado de cuotas en el segundo semestre; otros permiten la postergación del pago para enero y febrero de 2021. Desde el punto de vista contable, la postergación de la deuda evita caer en morosidad, lo que en esta emergencia es un alivio tanto para el estudiante como para la entidad de educación superior.

Con todo, la necesidad de flujo de caja es mensual. Ante esa carencia, ya hay planteles que han girado recursos desde líneas de crédito bancarios. “El acceso a ese financiamiento no ha sido un problema”, dice una autoridad de uno de los planteles con mayor número de alumnos del sistema.

Las universidades con estudiantes de mayores ingresos también enfrentan un problema. Ante una situación de crisis económica generalizada, miles de estudiantes sin gratuidad, becas ni CAE quedan en la incertidumbre por el eventual no pago de su arancel. 

Magdalena Vergara añade que el mayor déficit se puede dar en las instituciones que no están adscritas a gratuidad, pues no reciben los aportes del Estado con que sí cuentan las gratuitas. “Lo que se espera es que el Gobierno entregue apoyo a las familias y la opción que se ha propuesto es abrir una nueva postulación a los beneficios estatales”, señala.

“Una ley no se hace necesaria”

Sin embargo, hasta ahora la propuesta para las universidades en medio de la crisis sanitaria vino de parte de un grupo de parlamentarios de oposición, entre ellos Camila Rojas (Partido Comunes), Juan Santana (PS) y Gonzalo Winter (Convergencia Social). Fue aprobado con varias modificaciones en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por lo que pasará a Sala. 

Se trata del proyecto de ley que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula durante la vigencia del estado de catástrofe. A juicio de Magdalena Vergara, si bien la idea tuvo un perfeccionamiento luego de la discusión en la Comisión de Educación, “aún genera un fuerte daño a las instituciones. Los planteles ya han realizado planes de flexibilización, por lo que una ley no se hace necesaria. Menos en los términos en que se propone: finalmente generan un incentivo de no pago que puede ser irremediable para nuestro sistema de educación superior”.

El rector de la Univesidad Mayor, Rubén Covarrubias, institución que el pasado 6 de mayo pidió ingresar al sistema de gratuidad de la educación superior a partir de 2021, también es crítico con la iniciativa: “Este proyecto de ley puede desencadenar una crisis financiera de proporciones que ponga en riesgo a las instituciones. Porque la señal que está enviando el Congreso es de no pago”.

Y añade: “Yo espero que el Congreso recapacite y enmiende dicha inciativa legal que no tiene el patrocinio del Ejecutivo. Además, le hemos solicitado en reiteradas ocasiones al Poder Ejecutivo que elabore un programa de ayuda dirigido directamente a las familias y sus estudiantes a través de la apertura de una ventanilla con un crédito con aval del Estado y nuevas becas”.

En conversación con PAUTA, Covarrubias admite que, “al igual que muchas universidades”, la Universidad Mayor ha enfrentado problemas. “Hay familias que se han visto con dificultades de pago, pues no nos olvidemos que la economía está cayendo abruptamente y se ha visto restringida en muchos sectores económicos y vamos a tener un decrecimieto del 3% este trimestre y llegar a los dos dígitos de desempleados, lamentablemente”, dice.

El rector agrega que muchas de esas personas son las que tienen hijos en la educación superior. “Por ello es obvio que han tenido dificultades de pago, por lo que también se ha visto dificultada la recaudación mensual en las distintas universidades. Por eso, no hay que asombrarse”.

Por esta razón, señala Covarrubias, es que las distintas universidades, entre ellas la Universidad Mayor, han establecido una serie de medidas para “salir en ayuda de las familias”. Las enumera: “Primero, flexibilidad en los pagos. Segundo, reprogramaciones. Tercero, incremento en las becas de distinto orden; por ejemplo, beca de conectividad y de tecnología, como la entrega de computadores”.

Añade que este tipo de medidas es un denominador común en el sistema universitario en medio de la crisis sanitaria: “Uno no puede hablar aún de morosidad entre los meses de un año, pues un contrato tiene movilidad mes a mes. En consecuencia, no cabe duda de que todos aquellos padres que tuvieron problemas y se acercaron, no es posible considerarlos como familias morosas, sino que familias que han venido a reprogramar su compromiso financiero con la educación de su hijo. Y esto es cambiante mes a mes, semana a semana. Y es natural que así ocurra”.

El efecto en las universidades del G9

En tanto, Diego Durán, rector de la Universidad Católica del Maule y presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9), reconoce que en su institución la morosidad en los pagos también “ha aumentado mucho”.

En entrevista con Un Día Perfecto, de Radio PAUTA, señaló que “si el año pasado la morosidad producto del estallido social llegó a alrededor de los 2.500 millones de pesos, nosotros pensamos que a ese monto hoy se le van a sumar mil millones de pesos. Son montos significativos para una institución que tiene un presupuesto aproximado de 34 mil millones de pesos al año. Considerando que en eso tienes que cubrir casi en 70% o el 75% en sueldos”.

“La morosidad tiene efectos distintos”, plantea. “El comportamiento normal que tenía, que estaba dentro del 5% o 6% de morosidad en algunos casos, hoy día es otro y eso estamos tratando de recogerlo y analizarlo lo más adecuadamente posible para precisamente tener una información lo más concreta respecto a esta situación”, puntualizó.