Cómo parten los argumentos en favor y en contra del proyecto Aula Segura

Educación 2020 y algunos apoderados lamentaron la iniciativa. “Yo los invito a conversar con quienes viven este problema”, dijo, en cambio, la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

El brutal ataque de estudiantes del Liceo de Aplicación contra un uniformado de Carabineros fue la muestra de un problema de violencia que se viene arrastrando en liceos emblemáticos. Ya antes, hace meses, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, pedía la facultad de poder expulsar a los alumnos de los establecimientos cuando cometieran actos vandálicos, sin embargo, esto siempre estaba supeditado a lo que indicaran los reglamentos internos y los manuales de convivencia escolar.

Hasta ahora. O al menos así pretende el Presidente Sebastián Piñera, quien el pasado jueves firmó el proyecto de ley Aula Segura, que permitirá a los directores de los establecimientos expulsar o cancelar la matrícula de los alumnos que incurran en hechos graves de violencia, decisión que deberá ser informada tanto al joven como a los apoderados. De acuerdo con esta propuesta, el estudiante expulsado tiene cinco días para apelar a la medida, aunque durante el tiempo que dure la investigación permanecerá alejado de la comunidad escolar a la que pertenecía.

“Como Gobierno, no vamos a tolerar más esta situación y vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que la paz, la tranquilidad y el ambiente propicio para la enseñanza y la educación regresen a nuestras escuelas”, dijo en la firma del proyecto el Mandatario, quien habló de “delincuentes y violentistas disfrazados de estudiantes”.

Para que los directores puedan aplicar esta nueva facultad, los alumnos deberán haber incurrido en una de las tres causales anotadas en el proyecto de ley:

1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas u otros elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa.
2. Envío, activación, lanzamiento o detonación de bombas o artefactos explosivos.
3. Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa. En especial aquellas realizadas a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.

Mientras los directores y el alcalde de Santiago han celebrado esta iniciativa, sectores más críticos han señalado que este cambio a la reglamentación actual se enfoca en la parte visible del problema, no se hace cargo de la integralidad de este y, además, puede dejar a la deriva al estudiante sancionado.

Manuales de convivencia

El alcalde Felipe Alessandri ha dado propuesto desde un inicio destrabar los procedimientos de expulsión de alumnos por parte de las autoridades. Ya en junio de este año -tras el incendio al Liceo Amunátegui que llevó al cierre de ese establecimiento- Alessandri había anunciado que perseguiría a los estudiantes responsables y solicitaría su expulsión, aplicando el reglamento existente en los manuales de convivencia.

Precisamente esos manuales han sido una piedra de tope, acusa el alcalde, para conseguir hacer efectiva la expulsión. Tras el ataque de los alumnos del Liceo de Aplicación el pasado 13 de septiembre -cuando un carabinero fue impactado por una bomba molotov-, dijo a PAUTA100.5 que “yo tengo que aplicar los famosos manuales de convivencia que hoy en día están completamente sobrepasados. Ese alumno, identificado, el jueves de la otra semana vuelve a clases y se sienta en el aula como si nada, mientras se desarrolla el debido proceso que puede durar hasta 45 días, sino más. Frente a eso, la sensación de impunidad es total”.

El reglamento actual, según publica la Superintendencia de Educación, faculta a los directores de establecimientos a iniciar procesos de expulsión cuando “sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además afecten gravemente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar”.

Además, para iniciar el proceso, los directores deben acreditar haber advertido a los padres e implementado medidas de apoyo al estudiante antes, y -en caso de que se cumpla esa condición- solo se podrá efectuar en un periodo del año que le haga posible al alumno encontrar otro establecimiento. Sin embargo, en el caso de atentar contra la integridad de algún miembro de la comunidad estas exigencias no deben cumplirse.

“En este caso en particular los hechos son gravísimos y se establece la expulsión, pero son procesos sumamente dilatados. Por actos hechos en junio, recién se supo la semana pasada que había cerca de 15 jóvenes expulsados, y esos dos o tres meses que han pasado ellos han estado en el aula, mirando al profesor al que amenazaron con un gollete, al que rociaron con bencina”, agregó Alessandri.

El rol de los docentes

Desde España, el analista internacional de PAUTA100.5 John Müller sostuvo que este hecho no es más que el reflejo de una creciente violencia, y que la experiencia global muestra que existen dos formas de resolver el problema: la disuasión enfocada en la represión y un modelo relacional que permita a los docentes y orientadores aplicar estrategias que promuevan el alejamiento de la violencia de los estudiantes, ya que esta se terminará trasladando a la vida social.

Los grandes cambios del proyecto del Gobierno, a diferencia de la reglamentación actual, son la aplicación de la expulsión inmediata (mientras dura la investigación) y la reducción en los tiempos y la tramitación de los procesos de los estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados, según indicó este viernes la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a Primera Pauta, de PAUTA100.5.

“Esta es una reforma a la ley de subvenciones, por lo tanto, está en el artículo donde están los requisitos para impetrar la subvención, por lo que aplica a los colegios públicos y los particulares subvencionados. Los particulares pagados no tienen este problema, porque si ocurriera un hecho de violencia como estos el director puede expulsarlos en cualquier minuto y la familia recurrirá a la Justicia o a la Superintendencia, pero ese alumno no será reincorporado si el director del particular pagado lo expulsa”, señaló.

La ministra aclaró que esto no atentará contra el derecho a la educación de los estudiantes expulsados, pues serán las seremis de Educación las encargadas de reubicarlos en otros establecimientos. Estos deberán cumplir el requisito de tener duplas sicosociales, compuestas por trabajadores sociales y sicólogos. “Ayer [jueves] conversando con la seremi [Metropolitana, Bárbara Soto], me contaba cómo los propios padres de esos alumnos tienen esperanzas que un cambio de colegio los aleje del camino de violencia y que el apoyo que le han ofrecido en colegios nuevos, más chicos, los puedan ayudar”, añadió.

Solución insuficiente

Desde Educación 2020 se han mostrado críticos con el proyecto, el que consideran ataca el síntoma y no las causas, y que el reglamento actual ya da las herramientas necesarias para sancionar ataques contra miembros de la comunidad educativa. “Actualmente los tiempos tardan porque se asegura el respeto del debido proceso”, dijo a Un Día Perfecto, de PAUTA100.5 la directora de Política Educativa de la organización, Nicole Cisternas.

“Yo creo que ahí se habla muchas veces desde un lugar más cómodo, también he visto a gente que desde su oficina dice que esto no es necesario, pero yo los invito a conversar con quienes viven este problema”, sostuvo la ministra Cubillos sobre las críticas a Aula Segura.

En Educación 2020 creen que la solución debe ser integral, con intervenciones a los colegios que traten de aclarar por qué se llegó a esos niveles de violencia y en donde surgen, no solo desde los alumnos a los profesores, sino también entre pares y desde los propios docentes ante los estudiantes.

“Me preocupa cuando se legisla frente al caso a caso y no ante problemas sociales de los cuales tenemos evidencia y diagnósticos sociales del problema, porque no sabemos qué ha pasado en estas comunidades, por qué el Liceo de Aplicación llegó a este quiebre de las confianzas. Me gustaría saber qué quieren decir estos jóvenes, sin avalar la forma en que ellos lo están haciendo. […] Sabemos que Chile tiene un problema grave en términos de formación ciudadana. En los resultados de la prueba IEA, la mayoría de los jóvenes decían que ellos estarían de acuerdo con una dictadura si mantuviera en orden el país o tuviera crecimiento económico”, siguió Cisternas.

Una mirada desde más adentro la da Yasna Salvatierra, presidenta de Padres del Liceo Manuel Barros Borgoño, quien calificó como preocupante el proyecto y aseguró que -tras reunirse con varios centros de padres de establecimientos emblemáticos- con este proyecto se van a pasar a llevar muchos derechos de los estudiantes.

“Estoy un poco decepcionada. Nosotros nos reunimos con la ministra y le planteamos nuestra preocupación porque aquí hay un movimiento violento que está utilizando a los niños vulnerables. Pero me preocupa el decir ‘echemos a este niño y punto’. ¿Por qué no nos sentamos todos a la mesa? Que escuchen también a los estudiantes. […] Hay violencia institucional en todos los liceos, los profesores no están capacitados para atender a los estudiantes de ahora. […] El Presidente dijo ‘los niños primero’. Yo no veo a los niños primero”, dijo a Pauta Final, de PAUTA100.5.

Desde el Colegio de Profesores aseguraron a Emol que la medida es “efectista” y que “lo que se hace es trasladar el problema de un colegio a otro colegio. ¿Es esa la solución al problema de fondo que expresa este pequeño grupo, pero muy violento, de jóvenes?”.

Trámite prelegislativo

La ministra Marcela Cubillos espera la aprobación del proyecto en el Congreso y sin la oposición de sectores más ligados al movimiento estudiantil, pues asegura que esto no tiene que ver con sus demandas.

“Lanzar una bomba molotov a un carabinero no es movimiento estudiantil. Yo fui diputada y creo que el trabajo legislativo se hace al alero del Congreso, el proyecto entra y el trabajo se tiene que hacer en las comisiones pertinentes. El trabajo prelegislativo que hemos hecho, que es el fundamental, es con quienes están viviendo este problema: los directores, los profesores y los padres de familia”, añadió.

Mientras, desde la oposición el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), reaccionó en su cuenta de Twitter: “Invito al gobierno a visitar los colegios municipales de Recoleta donde existen directorios colegiados para que toda la comunidad esté representada y resuelva sus asuntos colectivamente. Así se avanza en una verdadera #aulasegura. El camino es otro señoras y señores! (sic)”.