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Las falencias del convenio entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia

El Consejo para la Transparencia advirtió que el acuerdo vulnera garantías constitucionales y llamó a "corregirlo a la brevedad". El Sename defiende su decisión.

Ex centro Sename en Playa Ancha, cerrado en marzo de 2019. Crédito: Agencia Uno

Ex centro Sename en Playa Ancha, cerrado en marzo de 2019. Crédito: Agencia Uno

Por Marcela Gómez

Miércoles 22 de abril de 2020

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El Consejo para la Transparencia (CPLT) afirmó que el convenio de colaboración y coordinación suscrito entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) "no se ajusta a la garantía constitucional de la protección de datos en niños, niñas y adolescentes" e invitó a "corregirlo a la brevedad".

La declaración se suma a otras críticas sobre el convenio, entre ellas la de la Defensoría de la Niñez. Ante  este escenario, el Sename publicó este 21 de abril un comunicado que detalla que, como cualquier servicio público, está "obligado" a entregar informaciones a la ANI, pero que el documento suscrito permite "garantizar la confidencialidad y buen uso de los datos que se entreguen".

Sobre el tema, el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, sostuvo que la información que Sename posee debido al rol que desempeña "constituye datos personales y sensibles, por cuanto sus titulares son los niños, niñas y adolescentes que tiene a su cuidado y resguardo". 

El abogado, que lleva más de una década en el CPLT y que además es director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, enfatizó que desde 2018 el derecho a la protección de los datos personales es un derecho fundamental amparado en la Constitución. Y en el caso de datos sensibles, como los que están en poder del Sename, solo pueden compartirse si existe una ley que lo autorice, consentimiento previo de los titulares o que su finalidad sea que ellos accedan a beneficios de salud.

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Detalló además que si no se satisfacen estas dos últimas condiciones, el Sename y la ANI deben "acreditar la autorización en sus respectivas leyes orgánicas u otro cuerpo normativo para efectuar las operaciones de tratamiento llevadas a efecto", como lo ha venido sosteniendo la Contraloría General del República (CGR) en dictámenes solicitados sobre la materia.

Jaraquemada concluyó que existe "un problema de juicio al ponderar correctamente la colisión de derechos entre transparencia y datos personales, hecho que debemos corregir a la brevedad".

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