Suprema pide medidas de seguridad especiales para tribunales de Cañete

El Pleno de la Corte Suprema resolvió adoptar medidas de seguridad especiales para jueces y funcionarios, y también para el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, el Juzgado de Letras y el Juzgado de Garantía, todos de Cañete, debido a hechos de violencia que se han registrado en la Región del Biobío. Por ello, deberán seguir trabajando solo de manera telemática "en la zona afectada".

En el caso de la Corte de Apelaciones de Concepción, la Suprema determinó que como tribunal de alzada también tomará medidas para resguardar la continuidad del servicio, "debiendo velar en todo momento por la seguridad de quienes se desempeñan y de quienes concurren a los tribunales aludidos".

Parte de los hechos de violencia que han ocurrido en estos tribunales son lanzamientos de piedras y protestas. El pasado 8 de julio, según publicó Radio Biobío, fue apedreado el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Cañete durante una marcha para pedir la libertad de Óscar Pilquiman, condenado por un robo con intimidación ocurrido en diciembre de 2019 en la comuna de Tirúa. 

No son hechos nuevos. En 2016, el Tribunal de Garantía de Cañete también fue dañado tras una audiencia de detención y formalización de un comunero, cuando más de 80 personas lanzaron palos y piedras.

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Además, tras reunirse este 27 de julio, el Pleno resolvió oficiar al general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, y al director de la PDI, Sergio Muñoz, para que las prefecturas de Carabineros y unidades de la PDI de la zona, "en atención a los sucesos vividos en los tribunales de la comuna de Cañete, otorguen el debido resguardo a sus accesos y dependencias".

La Corte Suprema también enviará oficios a los ministerios del Interior y de Justicia, y al fiscal nacional, Jorge Abbott, en los que se les dará a conocer "los hechos que han afectado a quienes se desempeñan en las unidades judiciales, a los inmuebles institucionales y a los de carácter particular en que residen las personas que trabajan en los tribunales afectados, para los fines a que haya lugar".

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La decisión del Pleno fue adoptada luego una presentación de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud) y después de recibir el informe del ministro de la Corte Suprema Arturo Prado, quien es visitador de la Corte de Apelaciones de Concepción.

A su vez, se resolvió enviar los antecedentes a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) para que se evalúe la posibilidad de entregar un bono de asignación "por trabajos en zona de riesgo y contratar pólizas de seguros de vida y patrimonio (vehículo y vivienda) durante el desempeño de las funciones judiciales".

Además, la Corte Suprema creó una mesa de trabajo, que presidirá el magistrado Prado y que estará integrada por la CAPJ y las asociaciones gremiales del Poder Judicial. Esto, a fin de abordar "la situación de inseguridad descrita y buscar soluciones colaborativas".