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El Tribunal Constitucional sube la guardia y marca territorio

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María Luisa Brahm, presidenta del Tribunal Constitucional (Agencia Uno).
POR Cristián Rodríguez |

El TC rechazó la revisión de sus dictámenes por parte de la Corte Suprema, y le recriminó pretender “rediseñar el esquema de competencias constitucionales”.

La última vez que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), formado por diez ministros, dio una declaración conjunta fue cuando su expresidente, Iván Aróstica, fue golpeado en la calle por un grupo de manifestantes, en diciembre de 2018. Esto da cuenta que sus declaraciones son excepcionales y se plantean solo por situaciones graves.

Esto fue lo que ocurrió este martes 8 de octubre con la lectura de un texto del Pleno, en reacción a un fallo de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema. En ella, señalaron que esa sala “pretende rediseñar el esquema de competencias constitucionales”.

La lectura del texto -luego de la cual no se permitieron preguntas- estuvo a cargo la presidenta del TC, María Luisa Brahm, quien asumió el cargo a fines de agosto.

La decisión de la Tercera Sala, que resolvió en contra de una presentación realizada por la Confederación de Funcionarios Municipales (Asemuch), establece en uno de sus párrafos que los fallos del TC pueden ser revisados vía recursos de protección tanto por la Corte Suprema como por las Cortes de Apelaciones. El TC ya había resuelto el recurso de inaplicabilidad que había presentado Asemuch.

De ahí que la declaración que leyó Braham fue una dura respuesta a la Corte Suprema, específicamente a la sala que falló, que preside Sergio Muñoz y que integran también los ministros María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Ángela Vivanco y el abogado integrante Álvaro Quintanilla.

De acuerdo con la declaración pronunciada por Brahm, “nos sorprenden los argumentos de la mayoría de dicha sala que pretenden rediseñar el esquema de competencias constitucionales, en particular: habilitando el recurso de protección contra sentencias del Tribunal Constitucional, otorgando competencias al juez ordinario para revisar qué parte del contenido de nuestras setencias es vinculante y, en consecuencia, sugiriendo sue actuamos fuera de la Constitución”.

Añadió que “cabe precisar que en el ejercicio de garantizar el principio de supremacía constitucional, corresponde excluisivamente al Tribunal Constitucional, de acuerdo al artículo 93 N°6 de la Ley Fundamental”. Además, el comunicado estableció que “no procede recurso alguno en contra de las resoluciones emanadas del Tribunal Constitucional”.

Es más, el Pleno del TC recordó que lo anterior es congruente con el propio principio de la jurisprudencia de la Suprema, que “ha señalado uniformemente que no proceden recursos de protección ni nulidades de derecho público respecto de sus sentencias”.

Y agregó que el TC, al dictar la sentencia en contra de la que se recurrió de protección (de los funcianarios municipales), “actuó dentro de la esfera de su competencia”. Por último, el TC señaló que esta declaración se hizo en la certeza de que “no está en juego quién tiene la última palabra, conforme al principio de separación de poderes, sino como testimonio de lealtad a nuestro juramento a nuestro juramento o promesa de respetar la Constitución Política de Chile”.

Reunión Brahm-Brito

El fallo de la Tercera Sala se hizo público pocas horas después de que Brahm se reuniera el 7 de octubre en la Corte Suprema con el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito.

Se trata de la tercera cita que Braham tiene con Brito desde que asumió, pues se había propuesto recomponer las relaciones con la Suprema después del complicado período de Aróstica, cuando los roces entre el TC y el Poder Judicial fueron evidentes.

Tanto así que Brito, en su discuro de inauguración del año judicial en marzo pasado, criticó públicamente la paralización de causas en el TC, en especial las vinculadas a exuniformados procesados por violaciones a los derechos humanos. Luego las tensiones crecieron a raíz del congelamiento de los casos de militares encausados por el fraude en el Ejército por la ministra Rommy Rutherford, como fue la situación del excomandante en jefe de esa institución Humberto Oviedo.

Por ello es que Brahm y Brito dieron rápidas señales de recomponer la relación, al punto que el día que ella fue elegida presidenta, el juez hizo un gesto y la visitó en su oficina del TC de calle Huérfanos, en una acción fuera de protocolo y aun cuando ella todavía no asumía oficialmente.

Sin embargo, las relaciones quedaron nuevamente en punto muerto, en un impasse que tiene tintes de quiebre estructural. Aunque es una historia que todavía está en desarrollo y tendrá un largo recorrido.