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¿En qué están las iniciativas que buscan proteger la integridad física de las policías?

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POR Francisco Gomez |

En medio de la polémica por las prioridades del Gobierno, en Radio Pauta revisamos el estado de algunas de las iniciativas que descansan en el Congreso y que apuntan a dar más herramientas a Carabineros en el combate contra la delincuencia, entre ellas, la ley Naín 2.0.

Hay una fuerte presión para que se tramiten con celeridad iniciativas que apuntan al resguardo de los efectivos y al uso de la fuerza, especialmente tras la muerte del cabo Álex Salazar Rodríguez, el mártir número 1.232 de la institución, quien fue atropellado en medio de un procedimiento policial en Concepción.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, emplazó directamente al parlamento a que se avance en materia legislativa para entregar mayores herramientas a la institución. Pidió trabajar juntos “porque las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad”. Vino el llamado de La Moneda y horas después la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo en radio Cooperativa que “no existe un clima que impida una acción total de Carabineros” frente a la delincuencia, e hizo un paralelo entre la situación de la institución durante el estallido y la que vive hoy.

¿Qué pasa con los proyectos que están hoy en tramitación? Uno de ellos, que está sin urgencia, es la llamada “ley Naín 2.0″, la cual toma el nombre de Eugenio Naín, carabinero asesinado en 2020 y busca que quienes atenten contra la integridad física del personal policial y Gendarmería, y también de Bomberos, no puedan acceder a penas sustitutivas de privación o restricción de libertad.

Uno de los que rechazó esa iniciativa en la Cámara Baja fue el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, quien dijo a Radio Pauta que “está comprobado, incluso de acuerdo a informes que han entregado las mismas personas que están relacionados con el Poder Judicial, que el populismo penal como se le llama, no tiene efectos en la seguridad ni en ninguna de esas cosas”. Agregó que este tipo de medidas no hará que disminuyan los ataques a los efectivos policiales.

Según datos de Carabineros, en 2020 hubo 6.257 efectivos lesionados en actos de servicio; en 2021, 5.537; en 2022, 5.493, y en lo que va del 2023 se han registrado 891 víctimas de agresión. Sobre los fallecidos, en 2022 fueron siete; en 2021, uno; en 2022, tres, y en 2019, dos.

El integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Andrés Jouannet, sostuvo a Radio Pauta que “este gobierno cuyos exdiputados y hoy son ministros, incluido el Presidente, siempre votaron en contra de todas las medidas en materia de seguridad, entonces tiene que dar pruebas de blancura y no la da”. El parlamentario agregó que sin suma urgencia, este proyecto puede estar años esperando en el Congreso.

Además, generó mucha molestia, especialmente en la oposición, que el gobierno decidiera poner suma urgencia al Día de la Visibilidad Lésbica y no a iniciativas que apunten a combatir la delincuencia, tema que hoy es lo que más preocupa a la ciudadanía. El Ejecutivo finalmente le quitó esa condición. En todo caso el Ministerio Secretaría General de la Presidencia anunció que, de las 78 urgencias legislativas que ingresó esta semana el Gobierno, 16 corresponden a iniciativas que pretenden mejorar la seguridad ciudadana el orden público.

Entre las propuestas que forman parte de la lista están el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado y los que elevan las penas al sicariato y al porte ilegal de armas en lugares de alta concurrencia. También figura el proyecto que agrava la pena del delito de secuestro, el que tipifica el delito de desaparición forzada de personas, el que establece un nuevo código penal y el que amplia las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva.

El senador Juan Antonio Coloma asumió como nuevo presidente de la Cámara Alta y dijo que entre sus prioridades estará el poner un “fast truck” legislativo en seguridad: despachar en los próximos 90 días todos los proyectos de ley que nos permitan enfrentar con decisión la delincuencia.