La enésima batalla interna del contralor
Ahora ante los diputados, Jorge Bermúdez debió explicar otra vez cómo se calculan las auditorías a las municipalidades y defender la desvinculación de tres funcionarios. Detrás de todo hay un solo personaje: Dorothy Pérez.
Si no es Dorothy Pérez, son Alejandro Barra y el equipo que él dirigía en la División de Análisis Contable. Y si no es Barra, son Luis Lara, exjefe de Informática, y sus colaboradores próximos. Pero no. En realidad, toda la teleserie administrativista de la Contraloría General de la República gira siempre en torno de ella, de la subcontralora, Dorothy Pérez. Todas las personas mencionadas han sido desvinculadas, pero ella fue la única que pudo volver y quedarse.
La enésima batalla interna del contralor General de la República, Jorge Bermúdez, comenzó hace un par de meses tras un reportaje de La Tercera en que describía una reunión en que Barra y otros funcionarios le representaban a Bermúdez que algunas auditorías a municipalidades estaban mal formuladas. Un error de ese tamaño tendría, de ser cierto, consecuencias políticas gigantescas, dado que los municipios donde la Contraloría ha encontrado más problemas son Viña del Mar y La Florida, ambos con alcaldes de la UDI (Virginia Reginato y Rodolfo Carter, respectivamente).
De hecho, tanto los alcaldes aludidos como la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, de inmediato cuestionaron al contralor e incluso se ha planteado su salida.
Sin embargo, Bermúdez ha reiterado que las objeciones de los funcionarios expresadas allí no indican que hubo un error en los cálculos de las auditorías, sino que se trató de una mera opinión que fue desestimada por la autoridad. Eso sucede a diario en distintas instancias, por lo cual esos trabajadores han sostenido que, más que diferencias de criterio, habría habido irregularidades.
La defensa del contralor
El contralor asistió este miércoles 5 de junio a la Cámara de Diputados a exponer una vez más su posición al respecto. Allí no solo respondió preguntas ya contestadas en ocasiones anteriores, sino que además recordó que Barra se demoró más de un año en procesar una inquietud relativa precisamente a los métodos de cálculos de las auditorías contables municipales. Fue por motivos de “desempeño”, espetó Bermúdez, que le solicitó a aquel funcionario su cargo. El puesto quedó vacante este mismo miércoles, según reportó radio Biobío, pero Barra acusó que se trató de una “represalia”.
El punto de fondo, comentaría Bermúdez, es que cualquier jefe de servicio debe tener la atribución de desvincular a directivos si deja de contar con la confianza en ellos. Esa misma lógica, agregó, no se aplica a otros puestos de menor jerarquía administrativa. La Contraloría está entre los pocos servicios públicos cuya planta completa está sujeta a la confianza de su autoridad máxima, una prerrogativa que Bermúdez desearía modificar en una futura modernización de la entidad.
Ver la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados del 5 de junio de 2019:
Esta parte de la polémica proviene de una denuncia presentada por los tres funcionarios despedidos en contra de Bermúdez, en un requerimiento que cuestiona la probidad de un denunciado. Se trata de una presentación interna que usa el Sistema de Integridad, y cuyo consejo superior de siete miembros incluye a la subcontralora. Dorothy Pérez, sin embargo, se excusó de asistir a la sesión en que se abordó el caso de Barra y sus colegas. El contralor Bermúdez, por otra parte, se inhabilitó de resolver la conclusión a la que llegara el consejo superior de integridad, en cuyo caso quien debía tomar el asunto en sus manos era la misma subcontralora. No obstante, tampoco tomó la causa.
El consejo, finalmente, desestimó la denuncia de los funcionarios, según averiguó PAUTA, pues no hubo demostración de irregularidades.
En Valparaíso, Bermúdez contraatacó. “Tratar de relacionar la desvinculación de tres funcionarios con una supuesta represalia […] después de muchos años en que ellos no habían detectado ninguna irregularidad y justo el último día detecta la irregularidad, y después de que se les pide la renuncia, hacen la denuncia, me parece que se están utilizando mal los mecanismos al interior de la Contraloría para salvaguardar la integridad”.
Todo vuelve a Dorothy
Aunque en este último episodio Dorothy Pérez ha estado silente, la cercanía de ella con los últimos funcionarios desvinculados vuelve a ponerla en el centro.
Durante el verano, cuando ella subrogó legalmente al contralor, hubo otros desencuentros abiertos, en esa ocasión con Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica y hombre de confianza de Bermúdez.
Además, hace menos de un mes la subcontralora presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y prevaricación por supuestos vicios en la contratación de Doris Roa, actual fiscal de la entidad. Una vez más, la institución descartó “cualquier tipo de irregularidades”.
El rol de Dorothy Pérez en distintas acciones contra el contralor parece ubicuo. Incluso el conductor de radio Duna Matías del Río dijo al aire que la subcontralora realiza habituales comentarios contra Bermúdez a través de WhatsApp a un volumen alto de periodistas. Con todo, nadie ha interpuesto una denuncia por ese caso contra Pérez usando el Sistema de Integridad de la Contraloría.
En su conversación con los diputados este miércoles, el contralor recordó que resulta necesario que su personal de confianza pueda ser removido si así él lo determina, pues de lo contrario “significaría que ya no solo tiene la propiedad del cargo, sino que sería vitalicio en el cargo”. Y agregó, con sorna y en referencia a Dorothy Pérez: “Yo creo que a nosotros ya nos basta con un solo funcionario vitalicio dentro de la Contraloría”.
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