Informe de la Defensoría de la Niñez afirma que 2.178 menores sufrieron violaciones a los DD.HH. durante el Estallido Social
El organismo afirmó que en un 79% de los casos los afectados fueron hombres y en un 21% fueron mujeres, y acusó que ha existido un “muy escaso avance en la obtención de justicia” ya que sólo el 1% de las causas está terminada por una salida judicial.
Este martes 18 de octubre, a tres años del inicio de las movilizaciones sociales, la Defensoría de la Niñez presentó el “Informe de seguimiento: Verdad, justicia y reparación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia estatal durante el Estallido Social”.
El estudio investigó la caracterización de las vulneraciones y el avance de las investigaciones penales en las causas de niños, niñas y adolescentes que habrían sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos a partir del 18-O.
Entre los resultados más relevantes está que 2.178 menores fueron víctimas de vulneraciones, una cifra mayor a los 1.314 casos que la Defensoría había informado en 2020. Del total, en un 79% de los casos los afectados fueron hombres y en un 21% fueron mujeres.
En relación a los delitos denunciados, un 74% corresponde a apremios ilegítimos por parte de un funcionario público, el 17% a abusos contra particulares o vejaciones injustas, y el 3% a torturas.
La institución acusa que existe un “muy escaso avance en la obtención de justicia”, ya que sólo el 1% de las causas está terminada por una salida judicial, con apenas dos casos con sentencia definitiva condenatoria. Además, del total de causas, el 76% se encuentran terminadas (1.461), en su mayoría concluidas por vía no judicial, específicamente, por “archivo provisional”, llegando al 56% respecto al total de las causas.
Al respecto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, afirmó que “resultan muy preocupantes estas cifras” y que “la aplicación de formas facultativas de término de las investigaciones debe ser limitada y debidamente justificada en este tipo de delitos”.
Muñoz insistió en que es necesario “el establecimiento de una Comisión de Verdad, como mecanismo extrajudicial, complementario y no excluyente de los mecanismos judiciales, para el esclarecimiento total de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de crisis social, de forma adicional a las medidas de Verdad y Justicia de la Agenda Integral”.