Los costos de retrasar la licitación del Transantiago

El proceso está suspendido y en seis semanas vence el contrato de dos operadores. El gobierno arriesga un costo mayor.

Este viernes se cumple un mes desde que se declarara desierta la licitación del Transantiago. Pero más que evaluar los hitos pasados, el Ministerio de Transportes estará mirando el futuro, uno bastante cercano. Porque los contratos de los actuales operadores comenzarán a vencer en unas pocas semanas. El 31 de mayo para ser exactos.

Ese día termina oficialmente el acuerdo con Redbus y STP, operadores que en conjunto manejan el 17% del total de 6.680 buses que componen la flota del sistema. La hoja de ruta del Gobierno anterior buscaba que para fines de mayo ya se hubiesen elegido a los nuevos operadores. Sin embargo, al declararse desierta la licitación, la única alternativa que existe es extender los actuales contratos hasta que se adjudique un nuevo proceso. Si no, no existirá transporte público en estas rutas. En el caso de Redbus, los trayectos comienzan en Quilicura y terminan en Las Condes, pasando por Huechuraba, Independencia y Recoleta, entre otros. STP, en tanto, maneja parte de las vías que unen Puente Alto con La Florida.

Piedras en el camino

La última licitación del Transantiago podrá pasar a la historia como el proceso con más obstáculos desde el inicio del sistema. El concurso buscaba renovar los contratos de cuatro de los seis tramos en los que se divide la operación del Transantiago. En términos prácticos, se trataba de seis recorridos, debido a que se establecía una nueva división de zonas, los cuales representaban alrededor del 50% de la flota de buses. Pero todo eso quedó en el pasado.

Primero el proceso se vio entrampado por diversas observaciones de Contraloría, las que llevaron al Ministerio de Transporte a ingresar tres veces las bases antes de recibir el visto bueno del organismo. Después fue el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) el que frenó el concurso ante la acusación de dos operadores de buses, que alegaron que el proceso era discriminatorio.

Cuando el TDLC levantó la suspensión, y nueve días después de haber asumido el nuevo Gobierno, el Ministerio de Transportes declaró desierto el proceso. “Revisados los antecedentes, hemos confirmado errores e improvisación en el proceso de licitación”, dijo en ese momento la ministra de la cartera, Gloria Hutt. Además, había otro argumento: se buscaba unir al concurso la licitación por los servicios complementarios del sistema (Tarjeta Bip!, la red de carga y la administración financiera), debido a que parte de estos contratos vence en marzo de 2019. Por lo mismo, hacía sentido realizar una gran licitación.

Extendiendo la extensión

Desde los inicios del Transantiago, el Ministerio de Transportes ha tenido la facultad de prorrogar cualquiera de los actuales contratos con los operadores para mantener la continuidad del sistema. Según explica el subsecretario de Transportes de la anterior administración Carlos Melo, en el proceso se debe negociar con el prestador del servicio para establecer las que serán las “nuevas condiciones de operación”. Es decir, el pago que realiza el Gobierno por pasajero transportado, el cual depende entre otros factores de la demanda estimada, la infraestructura disponible y la vida útil de los buses.

En el caso de Redbus, el contrato ya se ha prorrogado dos veces. Primero, a comienzos de 2015 y luego en noviembre de 2016. En el último proceso, se acordó subir el pago por pasajero transportado desde $482,62 a $491,17. Pero ahora, según Melo, el alza podría ser mayor. “Dado el apremio, Redbus cuenta con un mayor poder de negociación para subir las tarifas”, dice. En el caso de STP, la situación sería bastante similar. No fue posible obtener declaraciones de Redbus ni de STP.

Según detalla Melo, la prórroga de 2016 implicó una negociación de tres a cuatro meses, es decir, casi el doble del tiempo con que contaba el gobierno cuando tomó la decisión de declarar desierta la licitación (20 de marzo).

Consultado el Ministerio de Transportes que encabeza hoy Gloria Hutt, optó por no referirse al tema. 

Hay una buena noticia en medio de este proceso: tanto Redbus como STP cuentan con una flota que no necesita ser renovada, por lo que el gobierno no deberá desembolsar recursos para financiar esa exigencia. Por ahora. Si la licitación se extiende más allá de octubre, deberá destinar recursos adicionales para estos fines y nada menos que para los operadores más polémicos del sistema: Alsacia y Express.

De socio a demandante

El consorcio de capitales colombianos Alsacia y Express maneja actualmente el 30% de la flota del Transantiago. El contrato de ambos vence el 22 de octubre y con él se terminaría una relación conflictiva con el gobierno. El operador registra los peores índices de calidad de servicio de parte de la Dirección de Transporte Público Metropolitano y el bajo puntaje que ha logrado en esas evaluaciones lo dejó fuera de la última licitación. Sin embargo, Alsacia acusa que el Estado fue el culpable de su mala gestión, lo que los llevó a presentar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

Pese a la disputa, puede que el gobierno deba sentarse a negociar con el operador. Sobre todo, considerando los tiempos actuales. Una nueva licitación implica la elaboración de bases, el visto bueno de Contraloría, la socialización del proceso y la adjudicación. Si se descuenta el tiempo que la licitación se mantuvo frenada en Contraloría y el TDLC, el proceso anterior habría sido de unos seis meses. Es decir, debería lanzarse esta semana para evitar el vencimiento del contrato con Alsacia.

 En la negociación no sólo se tendrá el poder de subir las tarifas por la posición dominante en la que se encontrará Alsacia. También se podría usar como argumento el recambio de la flota. Según Melo, unos 1.400 buses de Alsacia —que equivalen al 25% de la flota del sistema— llegarán al fin de su vida útil en unos meses y deberán ser renovados. Según la exautoridad, no existe transparencia respecto a los valores reales de los buses que adquieren los operadores, pero el precio de lista por cada uno alcanza los US$ 200.000. Es decir, se gastarán unos US$ 280 millones para renovar los buses. Un gasto que irá a cargo del gobierno.

¿Vale la pena?

En un plazo de una semana, el Ministerio de Transportes resolvió suspender la última licitación del Transantiago. Según el investigador de Libertad y Desarrollo Rodrigo Troncoso, la postergación no es un hecho positivo, debido a que involucra gastos y una burocracia adicional para el gobierno. Pese a esto, asegura que fue la decisión adecuada.

Primero, debido al riesgo de que el TDLC invalidara el proceso. Esto, debido a que sólo levantó la suspensión, pero no entregó una resolución definitiva frente a los alegatos de los operadores. Es decir, podría haber invalidado el proceso una vez que este ya estuviese adjudicado. Segundo, los operadores se enfrentaban a una gran incertidumbre, debido a que 50% del subsidio para el sistema sólo está garantizado hasta 2022. Además, las bases contemplaban pagos que en cerca de un 70% no dependerían de los pasajeros transportados. “Es decir, se pagaría por mover buses, aunque estos no transporten pasajeros”, se lee también en un informe realizado por Troncoso.