Protección y Reinserción: cómo son los servicios públicos que reemplazarán al Sename

El Gobierno podría culminar su mandato con dos nuevos organismos para atender a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados, y rehabilitar a jóvenes que han delinquido.

No figuran en las prioridades del debate político y ninguna encuesta los recoge dentro de las principales preocupaciones de lo chilenos. Tristemente, solo son noticia cuando son vulnerados, abandonados, asesinados. Pero la realidad de los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos son atropellados o que infringen la ley probablemente comenzará a cambiar, en forma gradual.

Las modificaciones irán de la mano del avance de las dos iniciativas que reemplazan las tareas que hoy realiza el Sename, entidad que dejará de existir. Por un lado, tras promulgarse como ley en diciembre de 2020, el nuevo Servicio Nacional Especializado de la Niñez y Adolescencia (denominado Servicio Mejor Niñez) parte sus funciones en octubre próximo. Por otro, el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil está en tercer trámite en el Senado y transversalmente hay coincidencia en que las diferencias son menores y acotadas a temas técnicos.

“El día en que asumió este Gobierno, se señaló con fuerza que la prioridad era poner a los niños primeros en la fila y terminar con el Sename. Hoy estamos a punto de cumplir a cabalidad nuestra promesa”, destaca el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sobre el avance de ambas iniciativas.

La hora de la protección

“Mejor Niñez nace como una oportunidad única en 40 años para que como país y Estado nos volvamos a fallarles a los niños, niñas y adolescentes más vulnerados en sus derechos”, dice la profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y exsubsecretaria de Educación Parvularia María José Castro (Indep.), quien asumió como directora del nuevo organismo en enero.

Explica que la entidad contará con un presupuesto de $340 mil millones anuales en promedio, un aumento de 40% en el presupuesto que hoy tiene Sename en materia de protección. Estos recursos permitirán atender a 247.643 niños, niñas y adolescentes (NNA) que entran anualmente al sistema de protección del Estado.

“Mejor Niñez no es ni un cambio de nombre ni tampoco un cambio cosmético. No es más de lo mismo ni lo será. Aprendimos de los dolores vividos y decidimos que, para hacer cosas nuevas, hay que cambiar la mirada y tomar decisiones”, afirma.

Así, comenta que los NNA serán partícipes desde un inicio de la creación del nuevo servicio, así como los funcionarios, que tendrán que pasar por un proceso de evaluación y capacitación que elaboran en conjunto con Unicef. “Todos los organismos colaboradores y personas naturales que quieran seguir trabajando por la protección especializada de la niñez tendrán la obligación de acreditarse bajo nuevos estándares de calidad”, agrega.

Una nueva oportunidad

En lo fundamental, coinciden desde la oposición y el oficialismo, el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil está prácticamente listo. Las diferencias que subsisten en el trámite legislativo se refieren a temas técnicos que buscan resolver diversos déficits de la ley sobre responsabilidad penal de adolescentes. Por ejemplo, eliminar las multas. La iniciativa también crea un sistema de justicia especializado en adolescentes y un mecanismo de mediación penal juvenil, como alternativa de resolución de los conflictos.

El ministro de Justicia precisa que el Servicio de Reinserción Social Juvenil crea un modo de intervención distinto para los jóvenes que son condenados por la justicia, “buscando recuperarlos y rehabilitarlos mediante un proceso profesional, integral y totalmente personalizado, apoyado de actores judiciales (jueces, fiscales y defensores) especialistas en infancia”. Sostiene que este nuevo modelo “permite elevar los estándares con que el Estado atiende a los jóvenes infractores de ley, buscando darles una oportunidad real de alcanzar su plena reinserción social”.

Con este fin, el nuevo organismo tendrá programas individualizados de reinserción para los jóvenes infractores, acordes a las realidades locales y con exigencias de acreditación para los prestadores, para asegurar calidad y resultados.

Dudas y pendientes

“Me preocupa que se están preparando instituciones que atenderán una cantidad de niños y jóvenes que probablemente va a ser superada desde el comienzo”, advierte el senador Carlos Montes (PS), quien señala que es clave considerar ese escenario en términos de recursos humanos y financieros.

Pone como ejemplo que, en materia de reinserción, se espera partir atendiendo a unos nueve mil jóvenes, “pero como aplicará un nuevo modelo de rehabilitación integral, con educación y capacitación, que de verdad les abra nuevas oportunidades a jóvenes que no tienen ninguna, es muy probable que si eso resulta bien genere mucha mayor demanda”. Añade que en materia de protección ocurre lo mismo: “Los jueces nos dicen que, en la medida que exista capacidad institucional y casas de acogida, se podrán enviar más niños a ese sistema, algo que hoy está limitado por razones de capacidad”.

Más de fondo, el parlamentario insiste en que todas las intervenciones para NNA en riesgo o cuyos derechos han sido vulnerados dependen de la coordinación de servicios públicos. Insiste en la urgencia de aprobar la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, “porque hay un gran bloqueo de sectores de la derecha en esta materia”.l

Por otra parte, el coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la  Universidad de Chile, Camilo Morales, objeta que Mejor Niñez mantenga la misma base de financiamiento del Sename, que es la subvención por tipo de vulneración de derecho por niño atendido. “Esta lógica es uno de los factores que ha generado importante vicios en las intervenciones; por ejemplo, extenderlas en el tiempo, porque si un niño egresa la entidad deja de recibir aportes”, explica.

Añade que el informe del Comité  de Derechos del Niños de la ONU critica la excesiva privatización de la atención a niñez, la judicialización y no atender a la pobreza como causa basal de muchas vulneraciones. “Más del 80% niños que están en las residencias pertenecen a familias pobres, que quedan atrapadas en la precariedad por falta de apoyo económico. Ahí la solución no pasa siempre por judicializar, menos aun cuando eso se percibe como un castigo y no como un apoyo”, afirma el académico.

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