El Ministerio Público abrió de oficio una investigación penal en contra de dos de sus fiscales, María Constanza Izurieta y Andrés Iturra, por el presunto delito de lavado de activos. Se trata de la hija y el yerno del excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta, quien el 14 de febrero fue procesado por la ministra Romy Rutherford por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar por el uso de gastos reservados equivalentes hoy a $ 6.500 millones.
La resolución, firmada por el fiscal nacional Jorge Abbott, se funda en que, previo a su procesamiento, el exuniformado y exsubsecretario de Defensa "habría hecho traspaso de bienes provenientes de dichos eventuales ilícitos a sus hijas, cuestión que podría constituir un delito de lavado de activos de la Ley N° 19.913".
Asimismo, "la decisión del fiscal nacional tuvo además en cuenta que una de las receptoras de dichos bienes de origen presuntamente ilícito habría sido la fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, María Constanza Izurieta, hija del General (R), y que en dicho traspaso también le habría cabido alguna participación al cónyuge de ésta, el fiscal de la misma Fiscalía Regional, Andrés Iturra", agrega un comunicado del Ministerio Público.
La paralización de la causa contra el general (r) que indaga la jueza Rutherford puso de nuevo en la mira al Tribunal Constitucional. ¿Qué hay tras la demora en sus resoluciones?
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Abbott, a su vez, tomó la determinación luego que CNN informara del traspaso de bienes a ambos familiares de Izurieta.
En paralelo, Abbott también determinó la apertura de un sumario administrativa sobre Izurieta e Iturra, del que se hará cargo su superior: la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.
Oscar Izurieta, quien está prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, es el tercer excomandante en jefe del Ejército que ha sido procesado por la jueza Rtuherford por mal uso de gastos reservados. Su causa se suma a la de los generales (R) Juan Manuel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
El pasado 15 de febrero el Pleno de la Corte Suprema prorrogó el plazo de investigación con dedicación exclusiva de la jueza Rutherford. Esa misma decisión ya la había tomado el máximo tribunales a fines de diciembre de 2021 debido a la "complejidad y extensión de la causa" y para "propender a una mayor agilidad en su tramitación".
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