Polémica por los títulos de Elisa Loncon: ¿La Usach puede negarse a la solicitud de Transparencia?
“Persecución” y “escarnio público” acusó la expresidenta de la Convención, Elisa Loncon, tras la decisión de no entregar sus antecedentes académicos que habían sido pedidos por Transparencia.
La polémica surgió luego de que la Universidad de Santiago (Usach) decidiese darle un año remunerado sabático a la académica Elisa Loncon, por su “jerarquía académica y antigüedad”. En la jornada de este martes, la expresidenta de la Convención Constitucional compareció ante la prensa y acusó que la “han expuesto al escarnio público y se preguntó “¿Por qué a mí? ¿Será por mi apellido?”
Recordemos que el Consejo para la Transparencia (CPLT), había acogido un amparo presentado por El Polígrafo de “El Mercurio” para conocer los antecedentes académicos de Loncon. Además, a fines del 2022, dos diputados de RN le pidieron a la Contraloría un procedimiento administrativo para determinar la “naturaleza jurídica” del “permiso sabático”.
Uno de ellos fue Hugo Rey, quien dijo a Radio Pauta que “el uso de recursos públicos en ningún caso debiera ser motivo para no entregar información” y agregó que “esto es bastante grave porque estamos hablando de uso de recursos públicos”.
Polémica por los títulos de Elisa Loncon: ¿La Usach puede negarse a la solicitud de transparencia?
El exrector de esa casa de estudios, Juan Manuel Zolezzi, dijo que “el año sabático otorgado a Elisa Loncon cumplió con todos los requisitos que la universidad exige” y dijo que “la gente no se ha dado el trabajo de investigar a fondo, de ver Wikipedia para saber qué cosas ha hecho”.
En diálogo con Radio Pauta sostuvo que “es posible que los antecedentes que se están pidiendo tengan que ser otorgados cuando se pidan como corresponde y esto no ha sido así. Si está establecido que la persona puede oponerse, es el ejercicio libre de oponerse. Si el proceso no se llevó bien a juicio de los abogados de la Usach, habrá que esperar que resuelva la Corte”. Agregó que “también ha habido estigmatización de la persona, de su condición mapuche“.
El abogado Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, sostuvo a radio Pauta que “no puede ser discriminación pedir los antecedentes por Transparencia. La única discriminación es estar preguntando por qué se piden antecedentes. La información en manos del Estado se presume pública, por lo tanto, cualquier ciudadano lo puede pedir”. Agregó que “mal puede aducirse discriminación por pedir antecedentes académicos y creo que es importante que todo el mundo lo sepa, para que no haya confusiones. Todos los académicos en universidades públicas están sujetos a este estándar de Transparencia”.
En Twitter, el abogado Jaime Bassa, exvicepresidente de la Convención, dijo que esto no solo era discriminación, sino que atentaba sobre la autonomía universitaria. En respuesta, Marcelo Drago dijo que “la transparencia y la rendición de cuentas que está detrás del acceso a la información, lejos de debilitar la autonomía universitaria, la fortalece“. Agregó que “ahí hay un error conceptual que no hay que dejar pasar. La transparencia está para fortalecer las instituciones públicas. Es una rendición de cuentas frente al ciudadano”.
María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, sostuvo que “acá puede haber dos principios en contraposición: uno es la transparencia y la rendición de cuentas que tiene que haber, especialmente en la función pública, por ejemplo, en el otorgamiento de ciertos beneficios, y, por otro lado, las personas tienen derecho a la privacidad”. Agregó a Radio Pauta que “la Ley de Transparencia establece que se pueden oponer a la entrega de información, cuando sienten que algunos de sus derechos puedan estar en riesgo. Se entiende la negativa de la Usach. El CPLT determinó que no se veían afectados los derechos de las personas, y, por lo tanto, la transparencia determinaba y tendrá que determinarlo los tribunales”.
Por su parte, Alberto Precht, socio de AGPP abogados y miembro del directorio de Transparencia Internacional, dijo a radio Pauta que “las causales del secreto de reserva de información pública están establecidas en la Constitución y son afectación a la seguridad nacional, al interés nacional, a los derechos a terceros o lo que establezca una ley de quórum calificado”. Agregó que “todas ellas deben ser comprobadas y en este caso no han podido demostrar que existe una afectación real a la divulgación de estos documentos que son públicos, por lo cual a mi juicio, mientras no se compruebe que la afectación es real, no existe causal para denegar esta información“.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, respondió ayer a los dichos de la expresidenta de la Convención, y sostuvo que “no vamos a polemizar por la prensa, los descargos los vamos a hacer ante la Corte, pero somos un órgano garante de derechos y nuestra obligación es cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.