Actualidad

¿Quién es Ángel Valencia, el tercer candidato de La Moneda para ser Fiscal Nacional?

Imagen principal
Agencia Uno
POR Manuel Izquierdo |

Este lunes, el Senado deberá decidir si ratifica o desecha la tercera carta del Gobierno, luego de escucharlo en la comisión de Constitución. El abogado de 53 años participó en la defensa de Mario Desbordes, Bruno Villalobos y Rafael Garay.

Este miércoles 4 de enero, el Presidente Gabriel Boric nominó a Ángel Valencia Vásquez como su candidato para asumir como Fiscal Nacional, sucediendo a Jorge Abbott. La tercera carta del Gobierno será examinada por el Senado este lunes 9 de enero, y la instancia deberá ratificar o desechar la propuesta por 2/3 de los senadores en ejercicio.

¿Quién es Ángel Valencia, el tercer candidato de La Moneda para ser Fiscal Nacional?

El elegido del Mandatario tiene 53 años y es abogado de la Universidad de Chile. Tiene un magíster en litigación oral en la California Western School of Law de Estados Unidos (LLM). Se especializa en Derecho Penal y actualmente lidera el estudio privado de abogados Amenábar & Valencia.

Sus estudios le han permitido desempeñarse también en el mundo académico. Es profesor de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad San Sebastián, y ha sido docente de la Universidad Finis Terrae, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Valparaíso.

Fue parte de la unidad que coordinó la Reforma Procesal Penal en el Ministerio de Justicia, entre 2000 y 2002, durante el gobierno de Ricardo Lagos. En 2002 entró al Ministerio Público, donde ejerció hasta 2006 como fiscal adjunto en Valparaíso y en la fiscalía Metropolitana Sur. Además, fue abogado asesor en la fiscalía regional de Aysén.

Desde 2006, se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión en el estudio jurídico que encabeza.

Su especialidad: políticos, delitos económicos y delitos sexuales

El tercer nominado al cargo de Fiscal Nacional ha ejercido como abogado defensor de Rafael Garay, condenado en el marco de la estafa de Think & Co. Asumió también la defensa del exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, que fue acusado de malversación de fondos.

En 2006 defendió a la actual ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en medio del caso Publicam, donde se investigaba el desvíos de dineros de la política. Más tarde, en 2020, tomó la defensa del exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), denunciado por una víctima de trauma ocular durante el estallido social.

Sin embargo, su faceta más polémica tiene que ver con la defensa a inculpados por delitos sexuales. Hasta hace poco, el jurista se desempeñó como defensor del exjuez de garantía de Rancagua, Luis Barría, en un juicio en su contra por abuso sexual. En octubre de 2022 se ratificó el rol de Valencia como interviniente en octubre de 2022.

También fue representante del psicólogo chileno español David Bros, que fue condenado el 11 de febrero de 2022 a 13 años de cárcel por abuso sexual y violación reiterada de una menor. Se trataba de la hija de su pareja, de 16 años.

Lo que se viene: El rol del Senado y qué pasa si se rechaza su nombre

Este lunes 9 de enero, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta escuchará a Ángel Valencia. Luego, durante la tarde, la Sala del Senado votará la propuesta de La Moneda. Para ser ratificado, requiere el voto de 2/3 de los senadores en ejercicio.

En caso de no reunir los apoyos necesarios, su nombre será rechazado. Recibido el oficio de la Cámara Alta, la Corte Suprema tendrá 10 días para rearmar la quina y sustituir al candidato. El nombre con el cual se complete esa lista deberá provenir de los otros 9 postulantes originales. 

Luego, debe hacer llegar al Mandatario un oficio con los nuevos integrantes de la quina. En un máximo de cinco días, el Presidente deberá escoger a uno de los nominados y proponerlo al Senado.

Por 2/3, la Cámara Alta deberá ratificar o rechazar al elegido por el Gobierno en un plazo máximo de cinco días. Si se ratifica el nombramiento, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que “el Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Justicia, expedirá el decreto supremo de nombramiento del Fiscal Nacional”.