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Crisis en Chile: el duro diagnóstico internacional sobre violaciones a DD.HH.

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Créditos de las imágenes: Agencia Uno
POR Eduardo Olivares |

Human Rights Watch detalló transgresiones a los derechos fundamentales, revelando 11.564 personas atendidas en urgencias por heridas. Y contabilizó casi 1.900 policías heridos.

Las cifras desnaturalizan lo que hay tras las muertes y las heridas, pero sirven para darle el marco de gravedad a las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el inicio del estallido social de Chile el pasado 18 de octubre. Ahora un informe de Human Rights Watch (HRW), recibido con “dolor” por el Gobierno, revelan en forma documentada el alcance de las denuncias contra la policía, así como la extensión de los atropellos a los mismos carabineros.

Debido al panorama registrado por sus especialistas, HRW recomendó una serie de reformas a Carabineros. La Moneda valoró esas sugerencias.

En su contexto general, el informe recuerda que las protestas partieron como una reacción al alza de tarifas del Metro, y que el 18 de octubre el Presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia, incluido el toque de queda, que finalizó el 28 de octubre. “Si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarías con piedras y bombas Mólotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados”, describe HRW.

“Hacen parte de una práctica reiterada por parte de las fuerzas policiales tanto en las calles como en los sitios de detención y que constituyen clarísimas violaciones a los derechos humanos […] En los hechos no hay nadie que se ocupe de garantizar una rendición de cuentas”, precisó el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en Radio PAUTA.

Las muertes

Según el recuento del Ministerio Público, recogido por HRW, se investigan 26 muertes de civiles durante este lapso. De ellas, la gran mayoría corresponde a casos que involucran a otros privados. “Al menos 18 personas que murieron en incendios durante los saqueos, fueron atropelladas por vehículos particulares durante las manifestaciones, o murieron por otras causas sin que haya pruebas, hasta el momento, de que estuvieran implicados agentes del Estado”.

En cuanto a la acción de las Fuerzas Armadas, se mencionan los casos reportados por la Fiscalía sobre tres personas que habrían recibido disparos con armas de fuego por parte de integrantes del Ejército, y una víctima fatal debido a un atropello de un vehículo de la infantería de la Armada.

También del Ministerio Público proviene la información relativa a la eventual participación de Carabineros: un manifestante muerto por una presunta golpiza de funcionarios policiales, otro fallecido debido al aparente entorpecimiento policial en las labores de reanimación que practicaba personal de salud, y otros casos actualmente rotulados como “suicidios” de dos hombres que estaban bajo custodia de Carabineros.

Los heridos civiles

En este apartado existe la mayor carga documental en el informe de HRW. 

Se ha establecido que entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre hubo 11.564 personas atendidas por sus heridas en las urgencias médicas en todo el país. “Human Rights Watch recabó pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no”, establece el informe.

El director de HRW para las Américas afirmó que “hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”.

Más de 1.100 personas presentaron lesiones moderadas o graves en el período estudiado. Entre ellas, las 220 lesiones oculares que ha registrado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). De este total, el Ministerio de Salud ha entregado reportes sobre 16 personas con la pérdida total de un ojo, además de otras 34 con heridas que podrían terminar con la pérdida parcial o total de un ojo.

Hay varios testimonios recogidos en el reporte de HRW. Entre ellos está el de Marlene Morales Canales (33 años), quien estando acompañada de su hija de 14 años se acercó a una multitud y sintió el efecto de un disparo. “Perdí la visión inmediatamente. Había mucha sangre”, dice su relato recogido en el informe. El hecho ocurrió el sábado 19 de octubre, en un sector próximo a la vivienda de la mujer, en Santiago.

El reporte de HRW no alcanzó a actualizar el estado de Gustavo Gatica (21 años), quien mientras portaba una cámara fotográfica el 8 de noviembre, en medio de las manifestaciones, recibió un impacto de perdigones en ambos ojos. La Clínica Santa María, donde estaba internado, comunicó este martes 26 de noviembre que el joven perdió la visión completa.

Los heridos uniformados

El estallido social ha arrojado un impacto importante en la salud física y síquica de la misma policía.

Existen condiciones extenuantes, con “jornadas de hasta 16 horas, en vez de ocho”, reporta HRW, “sin tomar días de descanso ni remuneración extra, explicaron comandantes de Carabineros”.

En conversación con algunos efectivos de policía, PAUTA recogió testimonios similares que incluyeron jornadas en que pudieron dormir solo cuatro horas, sobre todo los primeros días tras el estallido. A ello se agregan tareas en el control de manifestantes para las cuales no estaban preparados, comentaron dos policías a este medio. “Nosotros somos de ‘orden’ y nos mandaron a reforzar a Fuerzas Especiales. Teníamos unos cursos, pero nunca como ellos, que están siempre entrenándose en eso”, dijo uno de los funcionarios a condición de anonimato.

El reporte de HRW revela que Carabineros destinó a 20.000 de sus 60.000 funcionarios a las operaciones de contención de las protestas en todo el país. Pero Fuerzas Especiales está integrado solo por 1.400 funcionarios. Muchos carabineros que cumplían tareas administrativas fueron redestinados con una capacitación que duró un día.

Esos carabineros, experimentados o no, enfrentaron a “grupos que provocaron disturbios extremadamente violentos”. Como resultado hubo casi 1.900 policías heridos, al menos dos con quemaduras por bombas Mólotov, algunos con fracturas y cinco con pérdida parcial o total de la visión de un ojo. Un caso corresponde al teniente Leandro Veloso Soto (33 años), quien mientras estaba con un grupo de carabineros hablando por megáfono en Paine, el 12 de noviembre, escuchó disparos y luego un impacto en su ojo derecho: “Los médicos le dijeron que un proyectil le había desgarrado las venas dentro del ojo y que solo tenía posibilidades de recuperar la visión parcialmente”.

Según Vivanco, estas situaciones “constituyen crímenes comunes muy graves que deben ser investigados y sancionados”. En su opinión, no califican como violaciones a los derechos humanos, por cuanto estas solo pueden ser cometidas por agentes del Estado.

Las armas policiales

HRW apunta directamente al mecanismo de uso de la fuerza de las policías en su trato con la población civil. En particular se mencionan dos armas con impacto no letal: una que lanza perdigones y otra que lanza bombas lacrimógenas. También hay evidencia de disparos de bolsas de perdigones y de atropellos con vehículos motorizados.

En primer lugar, releva el uso de escopetas antidisturbios de 12 mm que lanzan perdigones de 8 mm. Ha habido 1.015 personas heridas por perdigones disparados por carabineros.

Entre las víctimas mencionadas en este informe está el funcionario del INDH Jorge Ortiz, quien el 29 de octubre fue alcanzado en la parte baja de su cuerpo por esas municiones, pese a que portaba el traje distintivo de la entidad dirigida por Sergio Micco. También dos niñas del Liceo 7 de Santiago, una de quienes recibió 10 perdigones durante un ingreso irregular de policías al colegio.

El reporte de HRW plantea que distintas evaluaciones muestran que esas armas pueden herir gravemente a una persona, y existe evidencia de que pueden causar -como de hecho causaron- daños oculares. Entre los motivos de esos efectos está la imprecisión de sus disparos, según se recoge de los testimonios adjuntos en el informe. “Human Rights Watch entrevistó a tres carabineros que minimizaron el daño que podían provocar los perdigones”, agrega.

El 19 de noviembre, el alto mando de Carabineros suspendió el uso de escopetas antidisturbios durante las protestas, a menos de que se tratara de una “medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”.

En un recorrido realizado el viernes 22 de noviembre por la Alameda, durante una tarde de manifestaciones y de protestas violentas, PAUTA observó disparos con perdigones a dos jóvenes que estaban arrojando objetos al hotel Crown Plaza, a las 19:20 horas, aproximadamente.

En segundo lugar se cuestiona el uso del arma antidisturbios de 37 mm que lanza cartuchos con gases lacrimógenos. Aunque la instrucción de su uso indica que debe realizarse un disparo hacia arriba para que adquiera una trayectoria con arco descendente, de modo que caiga detrás de los grupos, hubo testimonios “creíbles de que carabineros han disparado cartuchos de gases lacrimógenos directamente hacia los manifestantes, lo cual puede ser letal”, indica el informe.

Un tercer elemento no letal corresponde a los denominados bean bags, que son bolsas que contienen perdigones de plomo. “Ha habido al menos un caso en que la persona alcanzada por estas municiones en una manifestación sufrió heridas graves”, dice el reporte, en relación con alguien ingresado a la ex Posta Central el 28 de octubre. La munición habría fracturado su cráneo y dejó al paciente en riesgo vital.

Una cuarta línea de problemas corresponde a los policías que atropellaron a personas con sus vehículos o motocicletas. 

Polémica por detenciones

El informe de HRW efectúa un resumen de distintas provisiones legales que le permiten a Carabineros detener a personas para el chequeo de su identidad o comisión presunta de delitos en flagrancia. 

“A falta de un seguimiento riguroso sobre cuándo y cómo se ejercen estas facultades, este sistema podría contribuir a que ocurran detenciones discriminatorias y abusivas. A las personas a las cuales se detiene por períodos de hasta ocho horas con fines de identificación se las registra, pero nunca se las designa como ‘detenidas’, afirmó el responsable de una comisaría de Carabineros. Human Rights Watch solicitó a altas autoridades judiciales información sobre cuántas personas habían arrestado los carabineros para controlar su identidad en el contexto de las manifestaciones. Tal información no está disponible”, dice el informe.

La documentación del INDH sostiene que 6.972 personas fueron detenidas formalmente en comisarías entre el 17 de octubre y el 21 de noviembre en hechos relacionados con las manifestaciones. Pero HRW plantea que la cantidad total de detenciones es mayor, de acuerdo con cifras oficiales recabadas por la entidad: llega a 15 mil personas entre el 18 de octubre y 19 de noviembre. A ellas se agregan otras 2.000 “retenidas” por incumplimiento del toque de queda, pese a que Carabineros solo estaba autorizado a imponer una multa por la infracción al toque de queda.

Por otra parte, hay documentación importante que refleja casos de presuntos abusos ocurridos durante la detención. Solo el INDH ha presentado 442 querellas vinculadas con denuncias por “tratos crueles, torturas, violencia sexual, tentativa de homicidios y homicidios”.

“Una de las denuncias más comunes fue que los detenidos, incluidos niños, eran obligados a desvestirse y hacer sentadillas desnudos en comisarías. Los protocolos de Carabineros prohíben expresamente esa práctica, sin excepciones. Sin embargo, varios agentes indicaron que está permitida cuando se sospecha que la persona detenida puede llevar droga o algún arma oculta en cavidades corporales”, indica HRW. La entidad agrega que habría una tendencia de ciertos policías a obligar a desnudarse más a mujeres y niñas que a hombres.

Errores o prácticas habituales

Hasta el momento hay cuatro carabineros formalizados por algunos de los casos denunciados, informó la jefa suplente del Departamento de Derechos Humanos, coronel Karina Soza. La funcionaria indicó esa cifra para plantear que la propia institución también ha investigado internamente las denuncias recibidas, todo esto como respuesta al informe de HRW. “En esta labor de entregar seguridad ciudadana y proteger a los inocentes, por cierto que se pueden haber cometido errores que son materia de investigación. De ser así, nos duele como institución y no queremos que se repitan”, espetó.

Consultado José Miguel Vovanco en Pauta Final, de Radio PAUTA, por esta respuesta de Carabineros, enfatizó que aquí no ha habido errores, sino una “institución que actúa de manera regularmente abusiva […] Como lo hemos comprobado en los hechos, actúa de manera brutal”. Agregó: “Aquí ha habido hechos que reflejan una práctica” y “no son errores”, sino “conductas reiteradas”.

A partir de estas constataciones, el informe de HRW apunta a recomendaciones específicas de mejoras en la policía. Se trata de un elemento medular del mensaje de HRW, comenta Judith Schönsteiner, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. “En cuanto a recabar hechos, es un informe bastante parecido al de Aministía, bastante parecido al del INDH. En ese sentido, confirma [las denuncias]. Tiene un enfoque claro hacia las reformas de la estructura policial, no un enfoque de determinar la categoría penal de las denuncias”, explica la docente.

Ese énfasis en las deficiencias de la policía están en la base de los cuestionamientos expuestos por HRW que, en todo caso, descartan la existencia de un abuso sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos. El propio Vivanco dice que “no es suficiente la reiteración de una conducta” para que el fenómeno se le catalogue de “sistemático”, sino que es “el resultado del fruto de una orden, un plan, un ataque, una campaña” que incentiva esa conducta. “No hemos llegado a conocer antecedentes de esa naturaleza”, dijo Vivanco en PAUTA.

En particular, el informe pide al Gobierno que revise sus políticas de control de identidad; que mejore el sistema de disciplina interna en Carabineros de modo que sea adoptada por quienes no estén en la cadena directa de mando del funcionario implicado; que existan controles internos efectivos y cruzados; que se detengan las prácticas de “retenciones”, desnudamientos y revisiones forenses realizadas por los mismos carabineros; que se instalen cámaras de seguridad en todas las áreas de todas las comisarías, con un sistema de almacenamiento de esas imágenes que llegue hasta los tribunales; que se reevalúen las armas utilizadas, incluyendo la suspensión del uso de perdigones; que se mejore la capacitación en armas menos letales, y que los carabineros cuenten con una protección adecuada, tiempos de descanso y remuneraciones por sus horas extra.

Revise el documento de Human Rights Watch sobre Chile 2019:

Escuche la entrevista completa con José Miguel Vivanco a continuación: