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Termómetro de la corrupción: ¿cómo es percibida por los chilenos?

Un documento elaborado por la Contraloría General de la República, la Universidad Austral, Chile Transparente y Eurosocial expuso qué piensan los chilenos sobre la corrupción y el modo en que la enfrentan en sus vidas.

Canva

Por Fernanda Monasterio Blanco

Domingo 13 de diciembre de 2020

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¿Cuántos escándalos políticos y casos corrupción en Chile se han tomado las portadas nacionales en los últimos 20 años?

MOP-Gate (2000), Inverlink (2002), Coimas (2002), Cascadas (2013), Penta (2014), Caval (2014) y Milicogate (2015) son solo algunos de ellos. La lista suma y sigue.

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Responsabilidades para las empresas, nuevos delitos tipificados, penas de cárcel y mayores multas. El exsuperintendente de Valores y Seguros Carlos Pavez y la subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González, explican los puntos clave.

Es de esperarse entonces que los niveles de confianza de las personas en las instituciones públicas y su probidad no sean de lo más alentadores. Y ya hay números para eso: según una consulta ciudadana realizada por la Contraloría General de la República a 16.809 personas, el 77,4% señaló que considera a Chile como un país muy o totalmente corrupto.

De qué hablamos al hablar de corrupción

No es sencillo definir la corrupción, ni siquiera la normativa chilena que regula la temática entrega una definición categórica sobre lo que se entiende por corrupción.

De todos modos, y aunque muchos la buscan conceptualizar, la definición más aceptada según Contraloría proviene de Transparencia Internacional, organización de la sociedad civil que define la corrupción como "el abuso del poder para beneficio propio".

En este punto es crucial entender algo: la corrupción va mucho más allá del soborno, el cohecho o la malversación de recursos públicos. Abarca también acciones como el tráfico de influencias y las faltas a la probidad.

Del total de quienes participaron de la encuesta, un 67,1% manifestó tener bastante/buen conocimiento sobre corrupción, pero al ser consultados sobre si consideraban o no que ciertas acciones eran corruptas, los resultados evidenciaron ciertas variaciones.

En tres puntos, la gran mayoría -más del 90%- estuvo de acuerdo con que las acciones en cuestión eran bastante o totalmente corruptas (otorgar un beneficio a alguien por ser familiar de una autoridad, que una autoridad o funcionario público favorezca a un familiar o amigo, y que un funcionario público acepte dinero para acelerar un trámite).

Por otra parte, el 79,7% de los encuestados señalaron que consideran bastante o totalmente corrupto que una persona mienta para obtener algún beneficio del gobierno. El 61,8% opina lo mismo sobre el hecho de que un funcionario público utilice su horario de trabajo para hacer trámites personales, y el 49,7% cree que es corrupto que un funcionario público sea ineficaz en su trabajo.

¿A quién afecta la corrupción?

Según la consulta ciudadana, el 94,8% de los encuestados opinó que la corrupción perjudica de mayor manera a la ciudadanía en general. El 51,6% cree que estos actos afectan en su mayoría a personas en situación de vulnerabilidad y casi un tercio cree que se daña a las personas que reciben beneficios del Estado.

Aquellos que los encuestados perciben como los menos afectados por la corrupción serían los partidos políticos (1,5%), las empresas privadas (4%) y las empresas proveedoras del Estado (5,9%).

Las esperanzas hacia el futuro

El problema es que la situación no avizora una mejora en el corto plazo. Siete de cada 10 de los encuestados manifestó que el país durante el 2020 es más o mucho más corrupto que el año pasado. Solamente el 4,6% considera que el país es menos o mucho menos corrupto con relación al 2019.

Lo bueno es que existe una sensación positiva hacia el futuro con respecto a los niveles de corrupción en el país. El 23,7% de los encuestados cree que en cinco años más el país será menos o mucho menos corrupto de lo que es hoy.

"Esto nos lleva a observar una mirada crítica e informada sobre la corrupción, pero, al mismo tiempo, existe esperanza respecto al devenir de este tema en el futuro. Aquí juegan un rol crucial las personas electas y el funcionamiento mismo de la Convención Constitucional sobre considerar en las discusiones las temáticas de corrupción, probidad, ética, transparencia y acceso a la información, junto con los respectivos organismos, constitucionales o no, que pueden ser parte del ecosistema de integridad de la administración del Estado", comenta sobre esto Claudio Fuentes González, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile y asesor de contenidos, metodología y análisis del estudio presentado por Contraloría. 

En relación con las áreas donde se presenta más corrupción en Chile, el 71,8% considera que el sector asociado a las compras públicas es el más susceptible a actos de corrupción. Asimismo, el 65,3% considera que son los procesos referidos a la contratación de personal.

"Sobre las áreas más sensibles, la consulta es clara, existen dos grandes grupos o temas", explica Fuentes.

"Primero, hay situaciones que implican un alto grado de flujo de dinero, tales como compras públicas y construcción de obras públicas. En esta línea, es primordial monitorear y generar acciones sobre Mercado Público, Obras Públicas y las direcciones de obras en los municipios. La segunda área es la contratación de personal, donde el pituto podría ser la explicación de la sensación de injusticia, falta de meritocracia y el beneficio de los/as mismos de siempre, quienes tienen acceso a los mejores puestos de trabajo. En este último punto tenemos mucho que avanzar, sobre todo de la mano del Servicio Civil", agrega.

Y usted, ¿ha experimentado corrupción?

Aunque más de la mitad de los encuestados indicó que sí ha sido víctima y/o testigo de un acto de corrupción, solamente uno de cada tres declaró haber denunciado la situación. El resto prefirió no hacerlo.

Al ser consultados sobre el motivo por el cual decidieron no denunciar el acto, el 47,4% de esa submuestra declaró que prefirió no hacerlo porque desconfía de las instituciones llamadas a conocer los casos de los que han tenido conocimiento. Casi el 40% del mismo subgrupo pensaron que no habría consecuencias y el 35% no lo hizo porque temió recibir amenazas o represalias en su contra (podía responderse más de una opción).

"Es una alerta que no debemos dejar pasar. La corrupción se alimenta en la opacidad, en la impunidad y en el no abordaje de sus consecuencias desde un punto de vista del sistema legal. Esto nos debe llevar a pensar en formas, en mecanismos para contrarrestar ese magro resultado", advierte Fuentes. 

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