Cómo se reparten las donaciones a las universidades

En 17 años, las instituciones recibieron US$ 662 millones. La U. de los Andes y la PUC concentran más de la mitad de los recursos entregados por este mecanismo.

En los últimos años, la discusión sobre educación superior se ha centrado en el financiamiento. Mucho se ha hablado sobre la gratuidad y también sobre los aportes del Estado que reciben las instituciones de educación superior, pero poco y nada se ha debatido sobre los recursos que reciben las universidades a través de otros mecanismos.

Uno de ellos, y en donde se evidencian diferencias significativas entre instituciones, son las donaciones que reciben universidades e institutos profesionales a través de una norma especial diseñada para eso.

PAUTA analizó las donaciones que recibieron estas instituciones y los datos reflejan que en 17 años, las universidades y los institutos profesionales (IP) recibieron US$ 662,3 millones por concepto de donaciones. Esta cifra fue repartida entre 62 universidades y 27 institutos profesionales.

A inicios de la década pasada los aportes globales promediaron los US$ 60 millones anuales, pero la tendencia posterior es difícil de analizar. En algunos años crece y luego disminuye. Entre 2011 y 2015 el promedio superó los US$ 40 millones por año, pero el promedio anual cayó a unos US$ 27 millones entre 2016 y 2017. 

De todas las instituciones de educación superior que figuran como receptoras de donaciones, hay una universidad que concentra el 26,5% de todos los ingresos registrados a través de esta ley: la Universidad de los Andes. Es la institución de educación superior que más dinero recibe a través de este mecanismo. En segundo lugar aparece la Pontificia Universidad Católica, con el 23,8% del total.

De ese modo, esas dos universidades privadas han obtenido en este período más de la mitad de todos los recursos registrados a través del artículo 69 de la Ley 18.681.

Entre las 10 primeras universidades que recibieron más recursos por concepto de donaciones, hay sólo una universidad estatal. Se trata de la Universidad de Chile, que desde 2001 hasta el año 2017 recibió US$ 75,2 millones por este concepto.

El origen de las donaciones a instituciones de educación superior

La información que aquí se expone fue proporcionada a PAUTA por el Ministerio de Educación (Mineduc) como resultado de una solicitud hecha vía Ley de Transparencia. En dicho requerimiento se pidieron todas las donaciones que realizaron personas naturales y jurídicas a través del artículo 69 de la Ley 18.681 a universidades e institutos profesiones (IP) entre los años 2001 y 2017.

Los datos fueron procesados y analizados por Cristóbal Huneeus, Director de Data Science en Unholster y panelista de Primera Pauta. Las cifras originales estaban en pesos de cada año. Para actualizarlas al valor 2017, se indexaron en UF y luego se convirtieron en dólares al 9 de enero de 2019 ($680). 

Desde hace 31 años que las instituciones de educación superior pueden recibir donaciones a través de una norma especial. Por medio del artículo 69 de la Ley 18.681, se genera una exención tributaria como herramienta para incentivar los donativos.

Dicho artículo sólo contempla concesiones en dinero y son destinadas para financiar becas para alumnos y profesores, readecuar infraestructura, apoyar a la investigación, y proporcionar financiamiento para materiales y otros elementos necesarios que aportan al desarrollo académico. 

Según un informe realizado en 2018 por el Departamento de Evaluación de Normas de la Cámara de Diputados, que investigó la implementación y los efectos de esta normativa, el artículo 69 fue pensado con el siguiente propósito: “Consagrar un  beneficio  tributario  para  ciertas  personas  jurídicas  y  naturales  que, cumpliendo los requisitos legales, efectúen donaciones a universidades o institutos profesionales, el cual consiste en la rebaja del 50% del dinero donado, del impuesto que deba pagarse”. 

El origen de todo esto, según quedó registrado en la tramitación de la ley, radicaba en la necesidad que ya se vislumbraba en 1987 de motivar a las personas naturales y jurídicas a donar a las universidades. Dicha preocupación se basó en la experiencia internacional, sobre todo en el modelo estadounidense, y también en la preocupación que en ese momento ya tenían las universidades de reforzar los mecanismos de financiamiento universitarios. La lógica era que sin incentivos tributarios iba a ser imposible crear una cultura de donaciones a la educación superior.

Según el mismo informe de la Cámara de Diputados, la concentración de las donaciones en determinadas instituciones es algo problemático y que preocupa a las autoridades de los diversos planteles. “Existe inquietud entre la comunidad educativa por la concentración de estos aportes en ciertas universidades, debido a la inexistencia de criterios distributivos, situación en la que también se verían afectados los institutos profesionales, un beneficiario que en escasas oportunidades ha obtenido donaciones”, se lee en el documento. La preocupación apunta además a que esta concentración se produce en universidades que concentran los mejores alumnos y la mayor cantidad de recursos a nivel general.

Quiénes son los donantes

La empresa que más donaciones registra en estos 17 años es el Banco Santander que está en el número 1 registrando un total de más de US$50,6 millones. De hecho, Santander aparece como uno de los donantes más importantes en cuatro de los siete planteles universitarios que más recursos recibén vía artículo 69.

Al tomar a las siete universidades que más donaciones reciben y analizar quiénes son las personas o empresas que más dinero envían a través de esta ley, se pueden apreciar que hay varios nombres repetidos. 

Los rezagados del sistema

El artículo 69 sólo contempla dos tipos de instituciones para recibir donaciones: universidades e institutos profesionales. Sin embargo, los datos reflejan que los IP son por lejos las instituciones que menos donaciones han recibido en el periodo 2001-2017.

Las universidades han conseguido, de forma exitosa, instalarse como las que más atraen donaciones, ya que concentran el 96,6% de los recursos asignados por este concepto.

Los IP sólo han logrado quedarse con un pequeño pedazo, ya que en 17 años han recibido el 3,4% de las donaciones. El instituto profesional que recibe la mayor cantidad de recursos es el Inacap, el cual al analizarlo dentro del ranking global de instituciones que reciben donaciones, ocupa el puesto 14.

El rector del Duoc UC, Ricardo Paredes, asegura a PAUTA que la poca cantidad de donaciones que registran los IP podría tener al menos dos causas. “Hay bajas donaciones por distintas razones. Una de ellas es que muchas instituciones técnico-profesionales tuvieron fines de lucro y es casi contradictorio con donaciones filantrópicas. Lo segundo, es un enorme desconocimiento del rol de algunas instituciones técnico-profesionales, lo que ha estado particularmente marcado por la heterogeneidad de instituciones”, dice Paredes.

A pesar de que durante estos 17 años la tendencia no se ha revertido, el rector cree que el escenario puede empezar a cambiar debido a que algunas instituciones técnico profesionales “se han venido perfilando con propósitos claros y reconocimiento de calidad”. Por eso, el líder del Duoc UC afirma que “hoy algunos institutos hemos recibido donaciones, tanto de infraestructura como dirigida a becas estudiantiles” y “los donantes exigen claridad de propósito y transparencia de uso”. 

Las donaciones en un contexto de gratuidad

Desde que se aprobó la gratuidad, las instituciones de educación superior han tenido que enfrentar una serie de problemas financieros generados por los déficits que produce esta política.

En ese contexto, los rectores de las universidades llevan años debatiendo sobre cómo se pueden revertir las mermas financieras. A pesar de que hasta el momento la discusión se ha centrado en cómo el Estado debe aumentar los recursos que destina a la educación superior y cuáles podrían ser las mejoras a la ley, existe otra idea en mente de algunas autoridades.

Se trata justamente de las donaciones, es decir, reforzar y aumentar los recursos que ingresan a las instituciones a través del artículo 69. Esto es algo que se ha comentado, sobre todo, en las universidades líderes en esto: la Universidad de los Andes y la PUC.

El exministro de Educación José Joaquín Brunner considera que las donaciones no son el camino adecuado para corregir los problemas financieros que trae la gratuidad. “No puede ni tampoco le corresponde a las donaciones suplir los defectos de una política del propio Estado. Lo que tenemos que hacer en el país es revisar y evaluar bien todos los aspectos deficitarios, distorsionadores o débiles que tiene la legislación de educación superior aprobada a comienzos de 2018, y eso es algo que se está haciendo”, dice Brunner.

Según el académico, las donaciones deben “tener como objetivo dos cosas fundamentalmente: ayudar a la equidad en las universidades —de modo que dichas instituciones puedan tener becas y generar programas de apoyo para los estudiantes con necesidades especiales o a estudiantes que vienen de familias muy vulnerables— y, por otro lado, un objetivo de calidad, es decir, que este tipo de donaciones sirvan para el desarrollo de infraestructura, como la construcción de bibliotecas y laboratorios”.

Respecto de la concentración de las donaciones en determinadas universidades, Brunner considera que se trata de un fenómeno común. “Son personas y empresarios los que hacen este tipo de donaciones filantrópicas, que sienten cierta afinidad con determinado tipo de universidades, con creencias, proyectos o misiones. Por ejemplo, familias católicas hacen importantes donaciones a universidades católicas o de inspiración cristiana. La filantropía no es algo que tú por ley puedas decir que todas las donaciones se tienen que repartir por igual en todas las universidades, ya que perdería mucho de su atractivo”, concluye.

Según el especialista, hay ciertas instituciones que “podrían sentir que la filantropía no es algo que corresponda, ya que lo ven como una forma de sortear la obligación que tiene el Estado de financiar bien a las universidades, particularmente a las públicas”.