La fórmula que impulsa la CPC para avanzar en la paz social en La Araucanía

"La extrema gravedad de los hechos ocurridos las últimas semanas deja en evidencia que afrontar con fuerza y convicción la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, hoy constituye un imperativo ético que no admite contextualización, antes de entrar a un peligroso camino sin retorno".

El párrafo es parte del documento de nueve páginas que hizo público este martes 3 de marzo la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que preside Juan Sutil, y que contiene un diagnóstico, pero también una serie de propuestas para enfrentar el aumento de la violencia en la Macrozona Sur del país.

Se trata de un texto de trabajo titulado "Por la paz social y el progreso en la Araucanía y la provincia de Arauco", que los seis gremios que conforman a la asociación más grande de empresarios del país elaboraron luego de una serie de encuentros realizados entre septiembre de 2020 y enero de 2021 con distintas autoridades y organizaciones de la sociedad civil de la zona.

Sobre el aumento de la violencia, el documento señala que "los graves hechos ocurridos, que se han profundizado en los últimos meses, evidencian una nueva forma de actuar y una mayor complejidad en la organización de quienes las llevan a cabo". Y añade que esta situación confirma que "en la zona operan organizaciones criminales con poder de fuego que se dedican al tráfico de drogas, a la compra ilegal de armas, al robo de madera y al abigeato, todo lo cual dista de las aspiraciones del pueblo mapuche y es protagonizado por minorías que operan fuera del marco de la ley".

Por ello, señala la CPC que erradicar la violencia en todas sus formas "debe constituir un compromiso robusto de cada uno de los actores sociales, sin excepción. Ningún tipo de demanda o reivindicación, por legítima que ella se estime, justifica acciones que atenten contra la integridad de las personas, sus derechos, sus bienes, el orden público y el bien común".

Los encuentros que lideró la CPC -que derivaron en este documento- se efectuaron en la región de La Araucanía. Y en ellos, además de los gremios que la integran, participaron el intendente, el fiscal regional, el Consejo de Lonkos, el Parlamento Autónomo Mapuche y, entre otras organizaciones, las asociaciones de víctimas de la violencia. "Nuestro propósito: co-construir una visión y propuestas comunes para avanzar en la solución de los complejos problemas que enfrentan hace décadas los habitantes de esta tierra, con foco en el restablecimiento de la convivencia pacífica y el Estado de Derecho", señala el texto.

En las reuniones -relata el documento- dialogaron con organizaciones de la zona y, al mismo tiempo, escucharon las necesidades de quienes viven "en un clima de permanente incertidumbre, amenaza y temor y que enfrentan día a día un gravísimo escenario de violencia con atentados contra la propiedad privada y pública; usurpación de tierras; ataques incendiarios contra camioneros, pequeños y medianos agricultores, comerciantes y empresarios de todos los orígenes; quema de faenas forestales; terrorismo y delincuencia rural; decomisos de drogas; hallazgos de municiones de guerra y disparos con resultado de muerte".

La CPC entregó este documento tanto al Ejecutivo como al Poder Legislativo. Y explicó en el texto que lo hizo con "el firme compromiso de ponernos a su disposición para trabajar en conjunto en soluciones concretas y efectivas que permitan recuperar la paz, la seguridad y la dignidad de las chilenas y chilenos que hoy se encuentran desolados, a causa de la violencia, del abandono y falta de eficacia por parte de un Estado que por años no ha logrado garantizarles el derecho básico de vivir en paz y sin miedo".

"Instamos a los poderes del Estado y a todos los sectores políticos a actuar con la mayor decisión, para apoyar y validar el rol que legítimamente cumplen las Fuerzas de Orden y Seguridad consistente en garantizar el Estado de Derecho propio de una democracia", añade el documento.

En enero pasado, la CPC regresó a La Araucanía para reunirse con organizaciones de la sociedad civil con el fin de buscar un camino a seguir y elaborar el documento que acaban de presentar. "De esta manera, diversos actores del mundo privado de la región y el país elaboramos una propuesta de trabajo integral que ponemos a disposición de la sociedad y del Estado de Chile, movidos por la convicción que todos debemos aportar en forma urgente, responsable y generosa al progreso y la paz social en La Araucanía y la Provincia de Arauco, a través de un diálogo fecundo".

Y señalaron que como sector privado "nos sentimos llamados a tener un rol activo en la construcción de un mejor país, al servicio de las personas, con una mirada de bien común en un ambiente de paz y respeto. Desde allí, queremos colaborar con humildad en la co-construcción de una política de Estado para La Araucanía y Arauco, donde la sociedad civil sea garante de su continuidad y permanencia en el tiempo".

En su diagnóstico, la CPC también sindicó al Estado de Chile como "el responsable de restablecer el imperio de la ley en los territorios y de garantizar paz social y seguridad, condiciones mínimas habilitantes para la vida en sociedad y para los relevantes procesos que tendrán lugar en nuestro país en los próximos meses y años: la discusión constitucional y la recuperación económica y social", agrega el texto.

Pero también reconoció que la compleja situación que atraviesa la Macrozona Sur "tiene sus raíces en la deuda que el Estado de Chile y la sociedad tienen con estos territorios, donde se vive una realidad que es especial y única en el país: la presencia de diferentes culturas y etnias, compartiendo un mismo espacio, que desean encontrar la manera de convivir mejor y que el bienestar llegue a todos". 

Y añadió que a lo largo de décadas, existe un conjunto de elementos políticos, sociales, culturales, jurídicos, económicos y de seguridad que se han ido entrelazando "para generar una realidad compleja y multidimensional, que debe ser abordada en forma separada de la violencia y del erróneamente llamado 'conflicto mapuche'".

Sobre las víctimas, dijo además que existe una falta de eficacia por parte de un Estado "que por años no ha logrado garantizarles el derecho básico de vivir en paz y sin miedo".

En el documento, la CPC realizó una serie de propuestas que abarcan cuatro ámbitos:  institucionalidad, administración y legislación; infraestructura y territorio; desarrollo productivo y, además, cultura y educación.

Reconocimiento a pueblos originarios: Dentro del primer ámbito, señala que es necesario reconocer constitucionalmente "a nuestros pueblos originarios y otorgarles consensuadas garantías básicas de protección a sus derechos". También, señala que a casi 30 años desde que fue dictada la llamada Ley Indígena, esta requiere una revisión urgente.

Además, propone reemplazar la Conadi por un Ministerio de Asuntos Indígenas y mejorar la participación de los pueblos originarios en la esfera pública.

Respecto de las tierras, la CPC estima que debieran hacerse cambios "para flexibilizar las limitaciones a la propiedad de las tierras indígenas, sin afectar el principio de inalienabilidad a no indígenas", además de crear "un catastro público digital de las tierras adquiridas con fondos de Conadi para indígenas, precios pagados, comunidades beneficiadas y comunidades en lista de espera de compra (aplicabilidad) para otorgar mayor transparencia en el proceso".

Reparación a las víctimas: Otro punto clave de su propuesta se refiere a la necesidad de reparación a las víctimas de la violencia rural a través de un proyecto de ley. "Contar con una ley especial que contenga un procedimiento rápido y expedito para reparar a las víctimas de la violencia rural en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, teniendo en cuenta el lucro cesante, daño emergente y daño moral".

Además, en otras medidas el gremio empresarial abogó por apoyar y validar el rol de las Fuerzas de Orden y Seguridad, mejorar los procedimientos policiales y especializa a los funcionarios e incentivar la eficacia en la investigación penal del Ministerio Público.

También propuso la reactivación de la agenda legislativa, coincidiendo con varios de los proyectos de ley a los que el Presidente de la República se refirió cuando hizo el llamado a un acuerdo nacional contra la violencia en la Macrozona Sur. Entre ellos el robo de madera y la modificación a la Ley Antiterrorista.

Ordenamiento territorial. A la vez, entre sus propuestas relativas a infraestructura y territorio, la CPC estima como clave, por ejemplo, que con la participación de la sociedad civil y del sector privado se elaboren "planes regionales de ordenamiento territorial tanto en las regiones de la Araucanía como Biobío" y que "identifique potenciales productivos y de infraestructura en la macrozona".

Además de impulsar, entre otras varias medidas, un plan estratégico de riego que priorice el agua potable rural y de realizar electrificación rural y conectividad digital.

Emprendimiento, alianzas y mentorías. En el área productiva, la CPC propone varias medidas. Entre ellas, promover la exportación de productos de empresas locales y el desarrollo agropecuario.

Considera también la necesidad de establecer mentorías empresariales en que "grandes empresas de la región transmitan sus experiencias y conocimientos a emprendedores y pymes".

Otras dos ideas: desarrollar certificaciones sobre, por ejemplo, comercio justo y productos orgánicos que sean desarrollados por mapuches y no mapuches.

Revise el documento de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)