El mapa de denuncias en los municipios del sector oriente
El caso de Vitacura se ha extendido a Lo Barnechea, Las Condes y Ñuñoa. La Contraloría y la Fiscalía tienen el foco de las indagatorias en las administraciones anteriores.
Tres meses después de que se realizaran las elecciones municipales de 2021, el 15 y 16 de mayo, y que los nuevos alcaldes ocuparan sus cargos, comenzaron las denuncias en contra de las administraciones anteriores.
Hasta ahora de las comunas del sector oriente de la Región Metropolitana cuatro concentran las denuncias, tanto en la Contraloría General de la República como en el Ministerio Público: Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes y Ñuñoa. Tres ellas de continuarán en manos de Chile Vamos, mientras que Ñuñoa fue Renovación Nacional pero la perdió frente a Revolución Democrática.
El siguiente es el intinerario administrativo y judicial de las denuncias:
Vitacura y los programas Vita
Fue a fines de agosto cuando la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), anunció al Concejo Municipal que ante la Fiscalía Metropolitana Oriente se habían presentado antecedentes que involucraban posibles irregularidades en los recursos que se entregaban al programa Vita durante la anterior administración de Raúl Torrealba.
La denuncia finalmente fue una querella presentada por Mauricio Irarrázaval, director de Asesoría Jurídica del municipio, y derivó en una investigación en que la Fiscalía decretó secreto por 120 días, enfocada en Vita Deportes, Vita Salud y Vita Emprende. Se trata de programas que tienen personalidad jurídica propia, pero que reciben dineros municipales. Hoy se indagan presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
La denuncia de la alcaldesa Merino, a su vez, trajo consecuencias directas en Torrealba, quien en 25 años a cargo del municipio nunca había recibido un reproche. Sin embargo, tras la acción judicial su casa fue allanada, se indagan sus cuentas bancarias y se abrieron sus correos tanto personales como los que usó mientras fue alcalde.
Además, el domingo 5 de septiembre pasado, Torrealba presentó su renuncia a Renovación Nacional (RN). “Jamás permitiría que un proyecto, del que he formado parte por tanto tiempo, se vea afectado por una investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo, en términos personales y con total libertad”, dijo en un comunicado público.
La querella menciona directamente a Torrealba y lo involucra en una denuncia que realizó una funcionaria respecto de presuntos desvíos de dinero a sus cuentas: que le entregaba sobres de dinero en efectivo.
Según publicó La Tercera, el libelo presentado por Irarrázaval señala que “el 19 de agosto de 2021, se acercó hasta mis oficinas en la I. Municipalidad de Vitacura una funcionaria municipal que desempeñaba un cargo de confianza de la administración anterior -cuya identidad se encuentra en conocimiento del Ministerio Público-, manifestándome que desde hacía aproximadamente tres años y hasta el cambio de administración municipal, ocurrida en el mes de julio, manipuló mensualmente sobres de dinero conteniendo aproximadamente la suma de $5.000.000 en dinero efectivo, que recibía, entre otros, de Domingo Prieto Urrejola y de Arnaldo Cañas y que entregaba personalmente al alcalde Raúl Torrealba”.
Prieto tuvo varios cargos en la municipalidad. Fue presidente y representante legal del Consejo Local de Deportes de Vitacura. Y también fue representante legal de Vita Salud y de Vita Deportes. Cañas, en tanto, fue contador de Vita Emprende.
Lo Barnechea: de la Contraloría a la Fiscalía
Fue a raíz de la indagatoria que se abrió en Vitacura que el alcalde Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), también decidió hacer una auditoría a la administración anterior de Felipe Guevara (RN), quien lideró la comuna entre 2008 y 2019 y que actualmente es delegado presidencial metropolitano.
Eso ocurrió el 1 de septiembre, cuando Lira pidió a la Contraloría realizar una auditoría “en el contexto de nuestra preocupación por los hechos de notorio y público conocimiento acaecidos en la Municipalidad de Vitacura y las Corporaciones y Organizaciones relacionadas con la misma, los cuales han salido a la luz pública estos últimos días”, dice el oficio. La solicitud agrega “incorporar en su plan de auditoría la fiscalización de los aportes otorgados por esta Municipalidad a la Corporación Cultural de Lo Barnechea; como asimismo respecto de las Organizaciones Comunitarias Funcionales Lo Barnechea Servicios y Lo Barnechea ProSeguridad, como cualquier otra entidad que Ud. estime pertinente”, señala la solicitud.
No es todo. En la presentación ante Contraloría Lira también pidió auditar a la empresa Global Media, debido a la explotación comercial de un letrero publicitario entre 2017 y 2020, situado en la calle Raúl Labbé, en el que existía una deuda con el municipio de $1.109 millones. Y, además, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Oriente por no pago de publicidad.
Un caso en el que, en la víspera de la denuncia de Lira, la Corte Suprema emitió una sentencia en la que confirmó que Guevara, mientras fue alcalde de la comuna, entregó de manera ilegal el permiso a la firma.
Pero a las denuncias ya citadas se acaba de sumar una más ante Contraloría en la que Lira pide indagar las 18 donaciones al municipio -vía Ley de Donaciones para fines educacionales- de $2.740.381.743 efectuadas entre 2010 y 2018 por parte de Anglo American, que explota el yacimiento Los Bronces de esa comuna.
Esa denuncia ante Contraloría, en todo caso, partió a fines de agosto como iniciativa de María Teresa Urrutia, concejala UDI, quien estimó que podría haber faltas a la probidad e incompatibilidades en las donaciones. Esto, porque mientras la empresa tiene la explotación de Los Bronces es la Municipalidad la que tiene los mecanismos de control mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La nueva auditoría a Las Condes
El 3 de septiembre, en tanto, la Contraloría sumó otro municipio a su microscopio y anunció que, además de Vitacura, pidió un informe a la Municipalidad de Las Condes, cuyo alcalde fue Joaquín Lavín (UDI), “sobre la entrega de subvenciones a organizaciones sociales entre 2019 a 2021”.
Se trata de la misma solicitud que, hace cuatro meses, el organismo que dirige el contralor Jorge Bermúdez realizó a la Municipalidad de Lo Barnechea.
🔴Solicitamos informe a las municipalidades de Las Condes y Vitacura sobre la entrega de subvenciones a organizaciones sociales entre 2019 a 2021.
Respecto a Lo Barnechea, hace cuatro meses iniciamos una amplia auditoría a dicho municipio.— Contraloría (@Contraloriacl) September 3, 2021
Ñuñoa denuncia altas indemnizaciones
El 10 de septiembre pasado fue la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), quien se sumó a las denuncias y pidió a la Fiscalía de Alta Complejidad que investigue a cinco exdirectivos de las corporaciones municipales de la comuna por el pago de indemnizaciones.
La denuncia de la alcaldesa -cuyo antecesor fue Andrés Zarhi– es para que se inicie una indagatoria por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco en contra de los exdirectivos de la corporaciones de Desarrollo Social y Cultural.
“Hemos requerido a la Fiscalía que inicie una investigación porque creemos que hay evidencia de que efectivamente hubo malas prácticas en la corporación de Desarrollo Social, que ve los recursos de educación y salud de la comuna, que pueden constituir malversación de fondos o fraude al fisco”, señaló la alcaldesa. Y agregó que estima que “se han pactado indemnización que, creemos, no se ajustan a la ley y, por lo tanto, de hacerse efectivas pueden terminar en un detrimento para los recursos de vecinas y vecinos”.
🔴 Hoy la alcaldesa @EmiliaRiosS presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en contra de ex directores de las corporaciones de Desarrollo Social y Cultura, para que inicie una investigación por malversación de fondos y fraudes al fisco pic.twitter.com/T5iaiCOrhk
— Municipalidad de Ñuñoa (@MuniNunoa) September 10, 2021
La jefa comunal relató que antes de presentar la denuncia revisaron los últimos contratos vigentes de los directivos y que en ese proceso se percataron de que hubo “cláusulas que se incorporaron el año pasado, probablemente a la luz del escenario político que estaba cambiando, donde se incorporaron en estos contratos, indemnizaciones a todo evento equivalentes a seis u ocho sueldos, además de las indemnizaciones legales sin tope”.
Según Ríos, los exdirectivos “se autodespidieron antes de que nosotros pudiéramos ingresar y tomar posesión del cargo. Las indemnizaciones se pagaron de manera abultada antes que nosotros llegáramos. Ahora, lo que quieren hacer a través de juicio es tratar de ir por más. Esto es la punta del iceberg, porque además estamos haciendo un proceso de auditoría y nos hemos encontrado con varias señales de alerta sobre manejos muy cuestionables del dinero, falta de rendición de cuentas, faltas de auditoría anuales”.