Cinco contra uno: operadores de casinos buscan revertir licitaciones "al mejor postor"

Cuando la administradora de fondos de capital privado canadiense Clairvest decidió invertir en casinos chilenos hace más de una década, uno de los factores decisivos fue la reputación del país en cuanto a estabilidad y Estado de derecho.

Pero ahora ese prestigio está en riesgo ya que el Gobierno cambiará la forma en que licitará su próxima ronda de concesiones de juegos, según Michael Wagman, presidente de Clairvest. Las concesiones a 15 años se adjudicarán al mejor postor, en lugar de dar preferencia a los operadores actuales como esperaban.

Clairvest se unió a otros cuatro operadores de casinos chilenos para impugnar las reglas ante la justicia, y los demandantes dicen que llevarán su caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial si su demanda contra el regulador local no los satisface.

Lo que está en juego es la reputación del país más estable de América Latina, durante mucho tiempo un bastión de la ortodoxia económica y las políticas favorables a las empresas en una región conocida por su volatilidad. Los operadores de casinos consideran que cuestionar ese prestigio es su mejor oportunidad para lograr que la administración del Presidente Sebastián Piñera revierta sus planes.

El Gobierno "ni siquiera está cerca de enviar el mensaje de que Chile es un lugar seguro para hacer negocios", dijo Wagman, quien se desempeña como portavoz del grupo. Clairvest, que posee una participación en el operador de casinos Marina del Sol, pospuso potenciales nuevas inversiones en otras industrias en el país, agregó.

Wagman declinó especificar qué otras inversiones estaba considerando su empresa. Clairvest ha invertido US$ 380 millones en casinos chilenos en los últimos diez años. En 2019, los ingresos brutos de la industria fueron cercanos a US$ 670 millones, según cifras del Gobierno.

Chile abrió la industria de casinos a operadores privados en 2005. Antes, solo unas pocas municipalidades tenían licencias. Empresas como la sudafricana Sun International Ltd, el español Peralada Group, Boldt Gaming de Argentina y Latin Gaming de Panamá, así como operadores locales como Dreams SA y Disfruta SA obtuvieron licencias de 15 años a cambio de construir y operar nuevas instalaciones.

Los operadores dicen que desde entonces han invertido US$ 1.400 millones en total, siempre en el entendido de que tendrían derechos preferenciales para renovar las licencias por otros 15 años. Esa promesa se repitió en 2015, cuando se promulgó una nueva ley de casinos, según los operadores.

Sin embargo, el regulador local de casinos sorprendió a los operadores en julio cuando anunció que las licencias se otorgarían a los mejores postores en lugar de utilizar un proceso que tendría en cuenta las inversiones anteriores y la calidad de los proyectos existentes. Después de posponer el proceso en dos oportunidades debido al coronavirus, el regulador informó en noviembre que los postores tendrán que presentar ofertas en octubre.

La autoridad reguladora declinó decir si alguna vez se había comprometido a mantener las mismas bases. Dijo que, si bien la licitación de 2005 se realizó con el objetivo de instalar una industria incipiente, los casinos ahora están consolidados en Chile y el Gobierno tiene la obligación de intentar recibir la mayor cantidad de dinero posible por las concesiones, según una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas.

Chile necesitaba "mejorar los niveles de competencia definiendo el actual sistema de oferta económica que pone acento en los recursos que percibirá el Estado", señaló.

Las concesiones se renuevan en un momento difícil para la industria en que la mayoría de los casinos del país han estado cerrados durante cerca de nueve meses debido a las cuarentenas por el coronavirus. Solo algunos han comenzado a abrir con una capacidad limitada.

El resultado del conflicto afectará la capacidad de Chile para atraer inversiones en el futuro, según Clairvest. "La gente verá cómo se comportó el Gobierno y tendrá que hacer suposiciones mucho más conservadoras sobre lo que sucederá con sus licencias", comentó Wagman.