Las claves del juicio de los operadores de Transantiago contra el Estado

Ante el Ciadi demandaron los controladores de Alsacia y Express al Estado chileno. Reclaman una indemnización de US$ 330 millones.

Los hermanos colombianos Carlos Ríos y Francisco Javier Ríos, accionistas principales de los operadores de Transantiago Alsacia y Express, presentaron en 2017 una demanda contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial.

¿Qué es lo que alegan los demandantes? “Que el Estado de Chile habría incumplido con una serie de acciones, u omisiones, en todas las acciones contenidas en el tratado de libre comercio suscrito entre Chile y Colombia”, explica la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Carolina Valdivia, quien encabeza la defensa chilena. Los demandantes reclaman un daño, por esta causa, de US$ 330 millones.

Los alegatos del juicio se iniciaron el jueves 11 en Londres. “La demanda señala que el Estado de Chile obligó a los demandantes y a sus compañías, que son Alsacia y Express, a poner término anticipado a los contratos de concesión iniciales y a suscribirlos nuevos contratos del año 2011. Luego dice que el Estado habría impedido el buen funcionamiento de los contratos, lo que llevó a ambas compañías a una grave crisis económica y financiera”, explica Valdivia. “¿Por qué? Porque dicen que el Estado no habría realizado mejoras en infraestructura, porque no habría combatido apropiadamente la evasión y el vandalismo, porque habría rechazado injustificadamente el aumento de las revisiones y flotas, y que habría expropiado los terminales”, enumera.

La defensa chilena

“Por supuesto que hemos contraargumentado tanto los elementos de hecho como los de derecho”, afirma Valdivia. “En primer lugar, señalar que los operadores negociaron voluntariamente los nuevos contratos de concesión. Segundo, que en ningún caso nosotros incitamos ni asumimos compromisos para incitar a los demandantes a suscribir o a negociar estos nuevos contratos. Y sobre todo, muy básicamente y muy fuertemente, que la difícil situación económica de las empresas se debe principalmente a sus propias acciones y a sus propias decisiones”, acota la subsecretaria.

Valdivia agrega que el Estado chileno siempre actuó de buena fe, siguió el debido proceso y cumplió los procedimientos preestablecidos, y por ende -sostiene- ha respondido a todas las obligaciones legales, regulatorias y contractuales.

Las causas de la crisis

“Hay una estrategia financiera, exceso de endeudamiento, pagos injustificados a empresas conexas y consultorías, hay controles de costos que eran muy precarios, también hay un gerenciamiento que es deficiente de las empresas, tanto del punto de vista operativo como también del administrativo y de la gestión del capital humano”, detalla Valdivia sobre las causas que, a su juicio, derivaron en la crisis financiera de Alsacia y Express.

El juicio

Los alegatos se iniciaron el jueves 11, con la exposición de los abogados de los demandantes, el estudio francés Dechert. Luego vinieron los alegatos de la defensa chilena, liderada por la propia subsecretaria Valdivia, y que cuenta con el apoyo del estudio jurídico estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer.

Luego de los alegatos de inicio, se dio paso al interrogatorio de los testigos, que son interrogados por ambas partes. Los testigos de los demandantes fueron dos exdirectores de las compañías, José Manuel Ferrer y Edgar McAllister, además del propio Carlos Ríos. Por parte del Estado chileno, en tanto, testificaron el exministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo y los exdirectores del Departamento de Transportes Metropolitano Patricio Pérez y Guillermo González.

A continuación será el turno de los testimonios de expertos de transportes y financieros, y finalmente aquellos que dan sustento a los daños reclamados, los que tendrán lugar este lunes y martes.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores cuenta que los alegatos de los demandantes “fueron duros”.

“Lo que buscan es poner en cuestionamiento el actuar de las autoridades y el actuar del Estado de Chile”, expresa, pero retruca afirmando que Chile ha tenido total apertura a la inversión extranjera. “A pesar de ser uno de los Estados que más alta inversión extranjera ha recibido en América Latina […] hemos tenido muy pocas demandas ante tribunales internacionales. Antes de este caso eran solamente tres, de cerca de 300 demandas que han existido en contra de Estados latinoamericanos por incumplimiento de tratados de inversión extranjera”, dice.

Las audiencias terminan este martes 16 de abril, con la apertura de las partes y declaraciones de testigos y expertos. Entre mayo y julio podría haber espacio para presentar antecedentes adicionales por escrito, si el tribunal así lo determina, para luego dar paso a la sentencia. “No tenemos una fecha, pero estimamos que va a ser durante el próximo año, no durante 2019”, señala la subsecretaria Carolina Valdivia. La decisión del Ciadi es inapelable.

Escuche la conversación completa en PAUTA Bloomberg acá: