Opinión de Fernando A. Tapia

ANFP: anclada en la turbiedad

"El fútbol hace lo que quiere, y gracias a su dimensión pública y social, incluso goza de privilegios que otras actividades o industrias no tienen", escribe Fernando A. Tapia. "Lo mínimo, por tanto, es exigirle transparencia en todas sus acciones".

Agencia Uno/PAUTA

Por Fernando Tapia

Miércoles 15 de diciembre de 2021

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Durante meses el presidente de la ANFP, Pablo Milad, su directorio y especialmente los asesores que trabajan para ellos han calificado las críticas de algunos medios, pocos según señalan, en relación con la gestión del organismo que dirige el fútbol chileno, como producto de la "animadversión".

Encerrados en su propio mundo parecen querer autoconvencerse que, tras los cuestionamientos públicos, no hay otra cosa que un cálculo del periodismo para ganar audiencia, aprovechándose de un estamento cuya imagen, salvo honrosas excepciones, ha convivido con el desprestigio, especialmente después del escándalo de corrupción del Fifagate que estalló también en Chile con la caída de Sergio Jadue.

Hoy el dirigente calerano, que aún espera su sentencia en los tribunales de Nueva York, ya no está. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el daño provocado durante su administración al gobierno corporativo no ha podido ser restaurado.

En estos días, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) entregó los resultados de su encuesta anual sobre acceso a la información. Un estudio que permite evaluar a instituciones públicas y privadas frente a los requerimientos periodísticos. Un barómetro de transparencia, valor esencial de cualquier actividad, cada vez exigido con mayor fuerza por la opinión pública. El análisis consiste en una encuesta a periodistas, editores y directores de medios en relación con la disposición para entregar información relevante, la confiabilidad y precisión de los datos, y la entrega oportuna de éstos.

El resultado puso a la ANFP en el último lugar del ranking, en el sótano o, si lo prefiere en jerga futbolística, en zona de descenso directo. Lo peor es que el fenómeno no es nuevo: en 2019 el organismo que rige el fútbol profesional chileno ya había caído al penúltimo puesto entre las entidades evaluadas (el 2020 no se realizó el estudio debido a la pandemia).

Opinión de Fernando A. Tapia

Intriga en Quilín

"El dominio que en la 'Roja' tuvo por años el empresario Fernando Felicevich, representante -entre otros- de Vidal, Sánchez y Medel, está siendo desplazado por un nuevo actor", escribe Fernando A. Tapia.

La ANFP se define como una corporación de derecho privado y sin fines de lucro, nomenclatura que en los hechos le permite a al menos dos estamentos estatales su fiscalización. El Ministerio de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (SII) tienen herramientas para controlar sus acciones, aunque en la práctica ambas instituciones han tenido antes muchas otras prioridades en las que poner su atención, lo que ha conllevado un efecto devastador.

El fútbol hace lo que quiere, y gracias a su dimensión pública y social, incluso goza de privilegios que otras actividades o industrias no tienen. Lo mínimo, por tanto, es exigirle transparencia en todas sus acciones. Hasta la administración de Harold Mayne-Nicholls, los consejos de presidentes, máxima instancia de poder, eran públicos. La prensa podía asistir al auditorio de la sede en Quilín y escuchar de primera fuente los debates y discusiones sobre el presente y futuro de la actividad. Las ofertas económicas por los derechos asociados a los torneos o la Selección, se debatían de cara al público.

Pero la transformación de las instituciones deportivas en empresas o sociedades anónimas deportivas mutó a esa instancia a una reunión de accionistas que, necesariamente según el nuevo criterio, debía realizar sus reuniones en secreto bajo el supuesto de que la "industria del fútbol" no podía entregar tan abiertamente información estratégica de su negocio. Así por ejemplo, aprovechando el velo secreto, en un consejo del 2011, se estableció una cuota de incorporación de 50 mil UF a los equipos que ascendían de la Segunda División a la Primera B. Una decisión altamente cuestionada por clubes que en la cancha habían ganado su derecho de entrar al profesionalismo, pero que en la práctica estaban obligados a sobre endeudarse para cumplir el sueño. Solo gracias a la filtración de las actas de esa reunión sabemos que la gran mayoría de los presidentes de clubes apoyaron esa medida, calificada por la Corte Suprema de Justicia como una conducta antijurídica y atentatoria de la libre competencia, por lo que se condenó este mismo año a la ANFP a una multa de US$2,5 millones.

También durante la gestión de Sergio Jadue, y con el beneplácito de muchos dirigentes que permanecen en el "honorable" consejo, se adjudicó de manera directa, sin concurso público, un sinfín de contratos vinculados a derechos comerciales en el fútbol. Obviamente después descubrimos que muchas de las empresas beneficiadas tenían vínculos o cercanía con la directiva de turno. Acciones que posteriormente no fueron pesquisadas, básicamente porque nuestra legislación recién incorporó la figura del soborno entre privados a partir de 2018.

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El acceso a la información es clave para reducir la posibilidad de corrupción. La administración de Arturo Salah, que sucedió a Jadue en la presidencia, dio un paso con la creación de una contraloría interna y la figura del oficial de cumplimiento, una suerte de policía interno, supuestamente independiente, que debe velar por la transparencia de los procedimientos y la gestión. Hoy a cargo del abogado Miguel Ángel Valdés, lamentablemente esa oficina tuvo este año una deslucida actuación cuando en abril, en una clara confusión de su rol, puso su firma en una carta para intentar presionar al equipo periodístico de La Red, conminándolo a una retractación pública so pena de acciones legales, luego que ese medio denunciara arreglos de partidos y contratos irregulares al cuadro de Lautaro de Buin, institución que finalmente fue sancionada con la pérdida de la categoría.

Hoy la liguilla de ascenso está paralizada precisamente a partir de esa misma denuncia, respaldada luego por otros medios, que ponen a Melipilla en la mira, club cuya propiedad está vinculada también a Lautaro.

La transparencia está lejos de ser prioridad en el fútbol chileno. Y no solo la ANFP. Imagínese usted que ni el rector de la Universidad de Chile sabe a ciencia cierta quiénes son los nuevos dueños de Azul Azul. Lo peor es que a la casta directiva parece no interesarles el daño que sigue provocando esta opacidad en muchas de sus acciones, aumentando las sospechas de que el fondo les conviene que todo siga igual.

Patética fue la respuesta de Pablo Milad a El Mercurio que solicitó su opinión respecto del estudio realizado por la Asociación Nacional de la Prensa. "No tengo tiempo para estos temas", dijo el presidente del fútbol chileno. La ANFP sigue anclada en la turbiedad.

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