Opinión de Fernando A. Tapia

Una guerra de segunda

El origen de la Segunda División Profesional "es espurio. Fue creada en 2011 por la directiva de Sergio Jadue como un traje hecho a la medida para los equipos amenazados con irse a la entonces Tercera División", dice Fernando A. Tapia.

Medalla de la Segunda División Profesional de fútbol de Chile. Créditos: ANFP

ANFP

Por Fernando A. Tapia

Miércoles 24 de marzo de 2021

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La Segunda División Profesional del fútbol chileno estuvo a un paso de paralizar toda la actividad hace una semana. Fueron más bien los futbolistas a través de su sindicato que, solidarizando con la categoría, se mostraron firmes en no entrar a la cancha en tanto el Consejo de Presidentes de la ANFP no modificara las bases, que establecían apenas un medio cupo de ascenso directo desde la segunda a la primera B. La injusta medida implicaba poner una barrera extra a la ya descuidada división para ingresar al selecto grupo de clubes que tienen representación en el consejo, y que por lo mismo pueden acceder a la generosa repartición de los dineros provenientes de la televisión. A la amenaza de paro por parte del Sifup, se sumó también el gobierno que a través de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, que en PAUTA instó a los dirigentes del fútbol a "recapacitar e imponer el principio de la justicia deportiva, devolviéndole la dignidad a la Segunda División". Como pocas veces, una autoridad gubernamental había ingresado al debate directivo, tan acostumbrado a actuar menospreciando la voz del medio y sin entes que los regulen y fiscalicen lo suficiente. El ascenso directo para la Segunda División finalmente se restituyó luego de las grandes presiones y la amenaza de huelga.

Pero la guerra está lejos de terminar.

Hoy la polémica la protagoniza el club Lautaro de Buin, recientemente ascendido a la Primera B. Equipos de su nueva categoría lo acusan de haber participado irregularmente en el fútbol profesional, debido a que la sociedad anónima que lo administra no estaba inscrita ante el Instituto Nacional del Deportes ni ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF). Fallos de las cortes de Concepción y Santiago así lo han ratificado. Se suma la demanda de uno de sus futbolistas, el exseleccionado Hans Martínez, quien reclama que en Buin le adeudan siete meses de cotizaciones previsionales, lo que conllevaría sanciones deportivas. Equipos de la Primera B y Fernández Vial –cuadro que perdió en cancha el ascenso contra Lautaro de Buin- impulsan la desafiliación del equipo por las graves faltas administrativas. El caso amenaza con transformarse en una bomba tiempo, ya que en su reclamo el futbolista ha reconocido que su contrato lo negoció con el actual presidente de Melipilla, equipo recién ascendido a la Primera A.

¿Cómo se explica esto?, dirá usted. Pues bien, el empresario Carlos Encina es quien aparece como controlador de ambas instituciones, por lo que la denuncia del jugador Hans Martínez estaría confirmando en los hechos la doble propiedad, tema prohibido por los estatutos. Más allá de las consecuencias que todo esto pueda traer para el cuadro de Buin, lo cierto es que la Segunda División Profesional amenaza la continuidad de todo el fútbol chileno, ya que la justicia ha dado curso a un recurso de protección en contra de la ANFP. Es probable que los dirigentes encuentren el resquicio para darle continuidad a las competencias. Pero no se resolverá el tema de fondo en tanto no se enfrente con decisión cambios profundos en las normas, se fiscalice en serio, se sancione efectivamente las faltas y se tome una decisión definitiva con la Segunda División.

El origen de esta categoría es espurio. Fue creada en 2011 por la directiva de Sergio Jadue como un traje hecho a la medida para los equipos amenazados con irse a la entonces Tercera División; es decir, al fútbol amateur. Ello implicaba perder su principal capital: los pases de los futbolistas. Por eso se hizo este invento, bautizando a la antigua Tercera como Segunda, otorgándole la calidad de "profesional", pero sin brindarle voz ni voto en el consejo. Porque, claro, eso ya implicaba un costo adicional para la Primera B, que se reparte en partes iguales entre los 16 equipos que la componen el 25,6% de los ingresos de la TV –unos 85 millones de pesos mensuales para cada uno-. Por si fuera poco, establecieron una barrera económica de entrada, la famosa cuota de incorporación, que en un principio era de US$ 2 millones, rebajada a la mitad en la administración de Arturo Salah. Negocio redondo. Si un equipo estaba dispuesto a subir y asumir el riesgo, tendría que endeudarse para pagar su ingreso al profesionalismo real. Y como difícilmente encontraría financiamiento en la banca, las empresas de factoring, cuyos dueños aparecen en la propiedad de varios clubes y que estuvieron en el diseño de la idea, estarían allí para ofrecer una mano a cambio de los ingresos futuros por los derechos televisivos. Nada fue al azar, y contó con el respaldo de una directiva que cayó por la corrupción.

Recién en junio de 2020 esta medida fue declarada ilegal por el Tribunal de la Libre Competencia (TLDC) ante un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, obligando a la ANFP suprimir la cuota, aplicándole además una multa de casi US$ 3 millones. Porque, claro, siempre en el fondo se ha tratado de mantener la puerta cerrada para otros actores, de tal manera que los mismos sean los que se repartan la generosa torta de la TV. Por eso la cuota de incorporación; por eso el medio cupo de ascenso directo; por eso la revisión con lupa ultrapotente para los que suben, como en el caso de Lautaro de Buin. En su programa de gobierno Pablo Milad prometió un trato digno para la Segunda División Profesional, e incluso señaló que sería prioridad buscar alternativas de financiamiento. Nada de eso ha ocurrido. Ha llegado el momento de tomar una decisión en serio. O se le entregan condiciones mínimas, acceso a los ingresos de TV y representación en el Consejo con voz y voto, o se termina con la mentira y se reconoce su condición de categoría amateur.

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