La columna de Fernando Tapia: “El fin de la resistencia”

En su columna, Fernando Tapia reflexiona sobre la venta del paquete accionario (U. de Chile) de la familia Schapira. “No deja de ser desalentador que aquellos que muestran un real interés por el desarrollo de un club, terminen rindiéndose ante el arrollador peso de los nuevos dueños de la pelota”, dice.

La familia Schapira, la última trinchera de la oposición en Azul Azul, vendió su participación en la concesionaria que dirige los destinos del club Universidad de Chile. Sus dos asientos en el directorio pasaron a manos del abogado José Ramón Correa, que a través de una sociedad comercial creada hace apenas dos meses, pagará casi US$ 7,5 millones por el 21,44% del paquete accionario.

Correa es miembro del directorio, y llegó ahí respaldado por Sartor y luego ratificado en el cargo por el propio Michael Clark. Es alguien del riñón de los actuales controladores, e incluso alegó en favor del presidente de Azul Azul en el proceso de apelación contra la decisión de la CMF en la Corte Suprema. Es decir, el nuevo segundo accionista más importante ha trabajado para y por el máximo dirigente del club. Ha sido en rigor, un empleado de Michael Clark.

Al margen de las dudas que arroja la operación, entre las que está de dónde salió el dinero, lo llamativo es que pese a la postura crítica de los Schapira por el manejo de la institución, a sus denuncias públicas por la opacidad en la propiedad, y a la petición para que Clark abandone su cargo, finalmente esta familia haya terminado vendiendo sus acciones a los mismos que criticaron con tanta vehemencia. Que la operación se haya hecho a través de una corredora los blinda en parte ante quienes cuestionan el resultado final de la venta, pero no alcanza para disipar las sospechas de, quizás, una negociación que le permitiera a los Schapira salir rápido de un escenario que colmó su paciencia.

En los negocios no corre el romanticismo. Y aunque se trata de una decisión legítima, no deja de ser desalentador que aquellos que muestran un real interés por el desarrollo de un club, terminen rindiéndose ante el arrollador peso de los nuevos dueños de la pelota. Lo peor es que está lejos de ser el único caso.

A mediados del año pasado sucedió también con O’Higgins, en donde la familia Abumohor dio por cerrado su ciclo de dos décadas a la cabeza del equipo de Rancagua. Su caso es aún más doloroso, porque luego de buscar por años algún socio estratégico para continuar con el proyecto deportivo, el club celeste terminó siendo vendido al cuestionado grupo Caliente de México en sociedad con el poderoso representante de futbolistas argentino, Christian Bragarnik. Una gran paradoja porque precisamente la cabeza del clan, el expresidente de la ANFP, Ricardo Abumohor, se había transformado en una de las voces más críticas de la crisis del fútbol chileno a partir de la irrupción de los agentes de futbolistas en el control de varios clubes.

Cada vez quedan menos instituciones libres de los conflictos de interés, mientras en el Congreso se ha seguido dilatando el proyecto de reforma a la ley de sociedades deportivas. A esta altura hay muchas dudas de que, si se logra aprobar en el corto plazo, pueda ser una herramienta efectiva para revertir el actual escenario. Existe un alto riesgo que la ley quede fuera de juego antes incluso de su implementación. El panorama pinta desolador, especialmente cuando se repiten las renuncias y salidas forzadas de la industria de quienes se han mostrado críticos. Parece ser el fin de la resistencia.