La columna de Fernando Tapia: “Luz al final del túnel”
En su columna, Fernando Tapia reflexiona en torno a la aprobación de la reforma a la ley SADP. “Derrota total para quienes apostaron a mantener el statu quo”, afirma.
Por fin la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas es Ley. Habrá que buscar en los archivos del Congreso, pero sin duda que no deben ser muchas las legislaciones que en la historia de la República hayan sido aprobadas por tan amplia mayoría, como resultó la votación de este miércoles en la Cámara de Diputados.
Transversalmente todo el arco político votó a favor de una nueva normativa, que brindará posibilidades de más transparencia y control a la industria del fútbol. Un milagro en tiempos de tanta división, que se lo debemos agradecer a los dirigentes de la ANFP, cuya postura obstruccionista unió a los políticos de izquierda, centro y derecha.
Derrota total para quienes apostaron a mantener el statu quo, utilizando el lobby y la falsa amenaza de una sanción de la FIFA ante el legítimo derecho del Estado de Chile para actualizar una normativa que había quedado obsoleta después de más 20 años de funcionamiento.
Poner límites a los múltiples conflictos de intereses es una de las principales características de la reforma. Es una gran noticia que a partir de ahora se prohíba por ley la multipropiedad, es decir, que una misma persona o grupo sea dueño de más de un club, que compiten en un mismo torneo. También que los representantes de futbolistas no puedan ser propietarios o controladores de instituciones, cuestión que ha venido socavando las libertades de trabajo de los propios jugadores, y dañando los proyectos deportivos. Es muy sano que se brinde mayor capacidad de fiscalización a entidades por el Instituto Nacional del Deportes (IND), la Comisión del Mercado Financiero (CMF) o la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Los hinchas tienen el derecho de saber quién o quiénes son los verdaderos dueños de sus clubes, por lo que esta nueva ley es revolucionaria al establecer como delito el ocultamiento del beneficiario final. Y el Estado tiene la obligación de cerciorarse del origen del dinero de quiénes invierten el fútbol chileno, para alejar el riesgo de la utilización de los clubes y su actividad económica por parte de grupos criminales.
Más allá de maniobras de última hora, las que aún no podemos dar por enterradas, el Congreso respaldó la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol. No se trata de refundar la industria, como malamente han expresado los dirigentes, sino simplemente adecuar nuestra normativa tal como lo recomienda la propia FIFA, y que funciona exitosamente en países como España, Inglaterra, Italia o Alemania, por nombrar algunos casos.
Aquí es donde habrá que poner mucha atención, porque, de momento, falta que la Ley sea publicada en el Diario Oficial, y será el Ministerio del Deporte el que tendrá 180 días para dictar un reglamento para adecuar los estatutos siguiendo el espíritu de la reforma. No me cabe duda de que la ANFP volcará ahora toda su fuerza para tratar de influir en la redacción de la letra chica.
Finalmente, lo que está en juego son los millonarios recursos que levanta especialmente la Selección Nacional, con la venta de los derechos televisivos y comerciales. Una pelea de fondo que no podemos dar por terminada. No sería lógico que el Ministerio del Deporte, que apoyó la separación, sucumba ante las lógicas presiones que vendrán desde el fútbol profesional, y deje a la futura Federación sin capacidad de gestión y control de sus propios recursos. Por ahora es legítimo aplaudir y celebrar que después de diez años, y en medio de una profunda crisis, el fútbol pueda ver una luz al final del túnel.