La columna de Fernando Tapia: “Legal pero feo”

En su columna, Fernando Tapia analiza la entrada de varios políticos al mundo del fútbol. Sobre José Miguel Insulza, director de AA, dice: “Quedó la sensación que no midió dónde se metió (…) cuesta aceptar tal nivel de desinformación”.

No todo lo que es legal es correcto. El concepto bien podría aplicarse al aterrizaje en masa de políticos de alta influencia y poder en el fútbol. Tres casos ocurridos en los últimos días dejan en claro que las sociedades anónimas deportivas, las mismas que atraviesan por un proceso de cambio y reforma obligado, han recurrido a figuras reconocidas con el objetivo de reforzar su debilitada imagen y posición en medio de una crisis de credibilidad y transparencia.

Azul Azul, la empresa concesionaria que dirige los destinos de la Universidad de Chile, es el mejor ejemplo. En medio de un tsunami de querellas, producto del caso Sartor que ha puesto en tela de juicio todo el proceso de control de la institución, sumó en su directorio nada menos que al exsenador, exministro y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

El “Panzer” llegó locuaz, pero con los días, y los nuevos y graves antecedentes que pusieron a Azul Azul en medio del escándalo financiero protagonizado por Michael Clark, su protagonismo se fue apagando. Quedó la sensación que no midió dónde se metió, aunque dada su dilatada trayectoria en cargos muchos más complejos, cuesta aceptar tal nivel de desinformación.

Más allá de esto, no dejar de generar ruido que alguien que hace dos meses estuvo sentado en su escaño en el Senado, votando los artículos de la reforma que modificó la norma que regula a las sociedades anónimas deportivas, haya terminado precisamente en una de esas empresas. Independiente de cómo votó, es evidente que no se trata de una buena señal si se trata de despejar toda duda sobre posibles conflictos de interés.

Lo mismo corre para el exministro del deporte, Jaime Pizarro, quien tras encabezar una cartera que tiene entre sus facultades la fiscalización de la actividad del fútbol, haya terminado aceptando un nuevo cargo como director en Blanco y Negro, esta vez bajo el control de Aníbal Mosa, el mismo que con su firma se opuso a varios aspectos de la reforma que precisamente el exministro Pizarro impulsó desde el gobierno. Raro.

También decepcionante ha sido ver al exministro de Seguridad, Luis Cordero, aceptando el cargo de abogado de Michael Clark ante la Comisión del Mercado Financiero, la entidad que tras un año de investigación, apuntó al dirigente como parte de un fraude financiero, sancionándolo con una multimillonaria multa y suspensión de cinco años para participar en cualquier empresa supervisada por la propia CMF.

Técnicamente no hay impedimento, porque ninguna de sus labores tenía competencia en asuntos de regulación financiera, dijo Cordero en entrevista con Radio Pauta. Puede que tenga razón en este aspecto, pero es evidente que no se ve bien que quien hasta hace un par de meses tenía entre sus responsabilidades luchar contra el crimen, incluyendo los delitos de cuello y corbata, suponemos, aparezca ahora sumándose al equipo de quien ha sido apuntado por un organismo del Estado chileno como partícipe de uno de los mayores escándalos financieros de los últimos tiempos. Trabajo es trabajo, dicen. Nada ilegal, por supuesto.

Insulza, Pizarro y Cordero están en su derecho. Curiosamente los tres fueron parte de un gobierno que en 2024 presentó un proyecto de integridad pública que proponía un año de enfriamiento para pasar del aparato público a empresas vinculadas a sectores que regularon o fiscalizaron. La idea no prosperó, pero uno imagina que compartían ese principio. Todo legal, pero feo.