La columna de Fernando Tapia: “La caja de pandora que abrió Azul Azul”
En su columna de opinión, Fernando Tapia analiza la respuesta entregada por AA a consultas específicas realizadas por el Ministerio Público. La réplica, asegura Tapia, abre otro foco de atención de los investigadores y deja bajo lupa a la directiva, por posibles infracciones a la Ley de SA.
El pasado 9 de octubre, Azul Azul respondió algunas consultas específicas exigidas por el Ministerio Público a petición de uno de los abogados querellantes, representante de los accionistas minoritarios, en el marco de la arista vinculada al club de fútbol del caso Sartor. En el oficio número 895 quedó registrada formalmente información vinculada con las remuneraciones del gerente general y de las gerencias deportivas desde 2021 a la fecha, con los pagos a cada director por labores distintas de las del directorio, además del detalle de los costos de la operación de los partidos de local de la Universidad de Chile.
El objetivo de la pesquisa es comprobar la grave acusación de los querellantes, que sospechan que la administración de la concesionaria se ha beneficiado ilícitamente a través de excesivos pagos por servicios o funciones no especificadas o no autorizadas, así como por un eventual sobreprecio en la contratación de proveedores que podrían estar vinculados a miembros del propio directorio o funcionarios, elevando artificialmente los gastos de funcionamiento del club, todo en detrimento de los accionistas minoritarios y también de los propios hinchas, que han visto cómo el precio de las entradas ha ido en un constante aumento, como consecuencia de la cada vez más costosa operación administrativa.
Un primer análisis de los datos, en manos de algunos abogados, señalan que los pagos millonarios a través de contratos laborales a nombre de Michael Clark, Cecilia Pérez y Cristián Aubert, así como los acuerdos con una empresa vinculada a este último (ESAMI SpA) podrían constituir graves infracciones a ley de sociedades anónimas. Quienes lo sostienen señalan que al ser Azul Azul una sociedad anónima abierta, los pagos de Clark, Pérez y Aubert, y los de la referida empresa, son operaciones con partes relacionadas, que deberían haber sido aprobadas por el directorio excluyendo el voto de los involucrados, en condiciones de mercado e informados a la junta de accionistas.
En un comunicado Azul Azul señaló que los sueldos referidos aparecieron publicados en las memorias 2024 y 2025 y fueron aprobados por “la unanimidad de su directorio” [sic]. Los hechos están bajo la lupa de los querellantes y pronto en la carpeta de la Fiscalía.
El liquidador Eduardo Godoy Hales descartó haber estado en conocimiento de esta información al momento de resolver la revocación del actual directorio, aunque fuentes bien informadas señalan que mal podría reconocerlo toda vez que formalmente se trata de un oficio que es parte de la carpeta investigativa del caso Sartor, aunque es evidente que los datos han circulado en círculos allegados al proceso.
Por eso sólo se admite que el motivo que provocó la caída del directorio de Azul Azul está relacionado con la falta de confianza que la actual directiva genera en la casa de estudios, que endureció su postura y ha exigido una revisión del contrato de concesión para mantener el nombre de la Universidad vinculado con el club de fútbol, luego de concluir que el convenio ha incurrido en graves y reiterados incumplimientos.
El pago de remuneraciones de los altos directivos no es lo único que surgió de las respuestas de Azul Azul al Ministerio Público. El oficio también da luces el exponencial aumento de los costos en la organización de los partidos, que se multiplicó por ocho entre los años 2021 y 2025 (de 22 millones promedio por partido a 155 millones).
Tras la publicación de estas cifras en Pauta de Juego, Azul Azul emitió un comunicado justificando este aumento señalando que en 2021 la “U” jugó 19 partidos de local, 11 ellos sin público y los 8 restantes con un aforo máximo de 3600 espectadores, varios de ellos en el estadio El Teniente de Rancagua, cuyo costo de arriendo fue de 2,5 millones de pesos, lo que luego aumentó a una cifra de 40 a 50 millones cuando volvió a jugar en el Estadio Nacional. A ello, agrega la réplica de la concesionaria, hay que sumar el aumento de las exigencias de seguridad desde 2025 en adelante, que involucró mayores costos operativos para encuentros con aforo promedio de 40 mil espectadores.
Sin embargo, he aquí las sospechas de los querellantes, los gastos por organizar sus partidos de local, sin considerar el arriendo del estadio, pasaron de 2115 millones de pesos en 2024 a 4307 millones en 2025, con apenas 6 partidos más. La desconfianza que arrojan estas cifras se refrenda al compararlas con los gatos oficialmente informados por Blanco y Negro en sus estados financieros respecto de la operación estadio, excluyendo el ítem arriendo.
Según un análisis de los denunciantes en el proceso, a la “U” le sale mucho más caro organizar sus partidos que a Colo Colo. De hecho, este ítem, entre los años 2023 y 2025, se multiplicó 4,6 veces en Azul Azul, mientras que en Colo Colo, que incluye además concentración y traslados de su primer equipo, aumentó 1,25. Hay algo que no calza, ciertamente, y requiere más información.
En efecto, es lo que podría estar solicitando pronto el Ministerio Público, ya que en las respuestas entregadas por la administración del club Universidad de Chile no se identifica a ningún proveedor de, por ejemplo, guardias, rejas, controles o empresas de aseo, por lo que esos gastos aún no tienen una explicación concreta y son materia de investigación. Es parte de la caja de Pandora que abrió Azul Azul con sus respuestas al ya famoso oficio 895.