Cómo la ciberseguridad alineó al oficialismo y la oposición
Los senadores Pugh (RN) y Harboe (PPD) sostuvieron que tanto el proyecto de ley como el instructivo eran necesarios y que beneficiarán la imagen internacional del país.
En un año marcado por ataques informáticos a bancos y plataformas que manejan información bancaria de los clientes, el Gobierno presentó un proyecto de ley sobre delitos informáticos que tipifica siete delitos con penas entre los 61 días y los cinco años de cárcel para los responsables. Además, Sebastián Piñera envió un instructivo presidencial de ciberseguridad que fija obligaciones para los organismos públicos en esta materia.
El senador Kenneth Pugh (RN), miembro de la Comisión de Seguridad y que ha impulsado la normativa en ciberseguridad, dijo a Primera Pauta que “hemos construido el radier de un gran edificio. ¿Qué viene después? La ley de protección de datos personales. Este año fue consagrado ya en la Constitución un cambio para proteger los datos personales. La infraestructura crítica es el segundo pilar, pero más importante es un marco regulatorio. Esos son los temas que vamos a estar discutiendo, pero lo importante es que se comenzó”.
El parlamentario oficialista también destacó la importancia de la preparación de las policías para atender los delitos cibernéticos. “Los delitos son especiales porque se producen en dispositivos electrónicos. Ahí viene el primer desafío: la evidencia digital, cómo obtenerla, cómo generar el sitio de suceso tecnológico, cómo hacer la cadena de custodio, cómo preparar a los fiscales especializados”, agregó.
El proyecto de ley tipifica los delitos de perturbación informática, acceso ilícito (hackeo), interceptación indebida, daño informático, falsificación informática, fraude informático y abuso de dispositivos. El instructivo presidencial crea la figura del coordinador del Sistema Nacional de Ciberseguridad, que depende del Ministerio del Interior y que articulará el plan de acción para la implementación de los sistemas de ciberdefensa.
La acción del Ejecutivo ha sido valorada por la oposición. El senador Felipe Harboe (PPD), también impulsor de normativas de ciberseguridad en el país, dijo a PAUTA que “el instructivo es bastante bueno porque establece la obligación para que los servicios públicos mejoren su estándar de seguridad”.
“Ha llegado el momento de que el país entienda de que sin ciberseguridad no tenemos oportunidad de participar en la economía digital y, es más, ponemos en riesgo nuestra credibilidad internacional y también nuestra continuidad de servicios tanto en el mundo privado como en el público”, agregó.
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En conversación con Pauta Final, el asesor presidencial en Ciberseguridad, Jorge Atton, explicó que tanto el proyecto como el instructivo fueron creados según la experiencia internacional de países que ya tienen normado el tema.
“Lo que se ha hecho es tomar el estándar que hay en la Convención de Budapest, partimos de esa base y esas son las penas que existen en la mayoría de los países europeos. Que la pena sea o no baja, es una discusión que se dará en el congreso. El Gobierno está abierto a que se discuta en esa instancia”, dijo Atton.