¿Hay suficiente tiempo para debatir derechos fundamentales en la Convención?
Un grupo de constituyentes de derecha manifestó su preocupación respecto al cronograma aprobado para deliberar y votar normas.
La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó una modificación al cronograma de trabajo. Pareció una votación más. Obtuvo 22 votos a favor, seis en contra y una abstención. Pero qué significa: que se debatirán 48 derechos, divididos en cuatro bloques, en un máximo de 50 horas. Es decir, cada derecho será discutido en poco más de cuatro horas, en promedio. El derecho a la propiedad, por ejemplo, tendrá una deliberación que, en el mejor de los casos, podría partir y terminar en una sola mañana de un día de semana.
Algunos convencionales, en particular quienes votaron en contra y que además están en colectivos de la derecha, protestaron.
Rocío Cantuarias (Independiente-Evópoli) indicó que “esto es como que nos digan que alguien va a construir un edificio de 10 pisos en una semana. No se puede. O no se logra, o queda mal y se cae. La deliberación y la participación popular están tomando el aspecto de un tongo”.
Similar es la visión de su par Katerine Montealegre (UDI), quien a través de su cuenta de Twitter anunció su desconformidad con la resolución.
Se acaba de aprobar en la comisión de DD.FF el cronograma de trabajo, que fija solo UN DÍA para deliberar y votar en general un tema tan importante como los derechos y libertades clásicas. Una burla para las innumerables iniciativas presentadas por la ciudadanía. ¡Impresentable! pic.twitter.com/2BkyQKG0xx
— Kate Montealegre 🇨🇱 (@Ktymontealegre) January 17, 2022
Según explican, por ejemplo el Bloque III, que aborda los derechos sociales, está el derecho a la salud, a la educación, a pensiones y vivienda. Tienen considerado un máximo de 9 horas de debate; “menos de una hora para cada uno de ellos”, reclaman.
Dificultades semejantes se producirían en la discusión del Bloque II, dentro del cual están consagradas las libertades clásicas que -siendo más de 16- “tendrán sin embargo menos de 12 horas de deliberación”.
Para la convencional Teresa Marinovic (Ind-Partido Republicano), “a nosotros nos parece impresentable, inaceptable, y habrá que preguntarle y pedirle entonces a quienes están a cargo de la Convención, que tienen funciones administrativas, qué va a pasar y qué pretender hacer al respecto o si les van a decir a los chilenos que la participación popular y la discusión es un tongo o una manera apariencia con estos plazos, porque los plazos no dan para discutir enserio para que participe de verdad la gente”.
La respuesta de la coordinación de la Comisión
Tras la arremetida de la derecha, la coordinación de la Comisión de Derechos Fundamentales -encabezada por Matías Orellana (Col. Socialista) y Damaris Abarca (Frente Amplio)- se refirieron al asunto. En un punto de prensa y acompañados por gran parte de la comisión, destacaron que el cronograma inicial fue aprobado de manera unánime, y que la modificación realizada el lunes 17 de enero también tuvo una importante mayoría.
Orellana dijo que “los plazos los conocíamos todos”, haciendo referencia al tiempo que se tendrá para deliberar cada derecho. Agregó: “Me llama mucho la atención [la crítica], porque hace un tiempo el discurso precisamente era que efectivamente todos teníamos que saber que este plazo duraba un año y con esa condicionante es que nosotros hemos elaborado un nuevo cronograma que se ajusta al cronograma general aprobado por el Pleno también con una amplia mayoría”.
Aunque reconocen que el plazo es acotado para la cantidad de derechos y normas que tendrán que abordar, aseguran que “los tiempos los tenemos dispuestos por una reforma constitucional que nos indica el plazo en el que tenemos que cumplir nuestra labor”.
Damaris Abarca se plegó a ese relato: “Lo de los tiempos acotados yo no sé a quién le sorprende, porque es algo que todos y todas tenemos superclaro. Que lo consideramos lamentable, evidentemente, pero que es la realidad que tenemos en la Convención Constitucional”.
Al ser consultados respecto de cuánto tiempo creen que dispondrán para discutir cada derecho, no hay una respuesta concreta. Aseguran que son “varios” los factores que incidirán a la hora de deliberar. Por ejemplo, la cantidad de normas que se ingresen sobre un tópico y también cuántas Iniciativas Populares de Norma (IPN) se refieran a aquel derecho en particular.
La prórroga del proceso en el tapete
A pesar de que por ahora la mayoría de los convencionales creen que extender el plazo para redactar la propuesta de texto constituyente está fuera del radar, hay otros que han empezado a referirse de manera sutil al tema. Y, cuando lo hacen, se preocupan de deslizar que ese debate debe abrirlo o conducirlo el único poder del Estado con capacidad para reformarlo: el Congreso.
El hecho concreto sobre el limitado tiempo que tendrá la Comisión de Derechos Fundamentales para deliberar va en línea con la tesis de la necesidad de prorrogar el proceso. La demora de la Consulta Indígena también es otro factor que ha encendido las alarmas.
Sobre la posibilidad de ampliar el período para la redacción del texto, la convencional Cantuarias cree que “todas las variables que ayuden a generar una deliberación seria o responsable, tienen que ser objeto de discusión y de aprobación”. Pero reconoce que “el mayor plazo no depende de nosotros; puede ser considerado, por cierto que sí. Reitero que es físicamente imposible hacer una deliberación sensata, a menos que tengamos un resultado muy malo. Hay distintas variables o condiciones que se pueden dar para mejorar esto y para tener resultados al menos suficientes para la ciudadanía”.