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Convención define “materias mínimas” para abordar en las comisiones temáticas

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Agencia Uno
POR Paul Follert |

La libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos no se incluyó como un aspecto que deba ser explícitamente abordado.

“Es un temor enorme a la palabra libertad”. Con esta frase, el convencional Martín Arrau (UDI) criticó que se rechazara la indicación de Vamos por Chile para incorporar la “Libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” dentro de los temas mínimos que deberá abordar la Comisión de Derechos Fundamentales.

Esto ocurrió luego de una serie de indicaciones aprobadas provenientes desde la derecha para incorporar temas como el “Derecho a la honra” y la “Inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones”. Vamos por Chile criticó en su momento que en la propuesta de la Comisión de Reglamento no se incorporara el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

El problema, según algunos convencionales que votaron en contra, fue el hecho de juntar ambos conceptos en una sola indicación, ya que según comentan, sí había consenso respecto del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. “Lo que nosotros estamos buscando son los derechos a la educación, no a la libertad […] yo estoy con el derecho de los padres a educar a sus hijos”, cuña Daniel Stingo (Ind. RD).

La iniciativa ya había generado algunas dudas incluso en Vamos por Chile. En entrevista con PAUTA, el constituyente Luciano Silva (RN) advirtió que era muy probable que se rechazara. “Como no debe ir en este momento, van a conseguir un portazo de parte de la Convención. Y luego ellos lo usan para salir en prensa, y eso es lo que a mí no me agrada”, dijo Silva.

El presidente Sebastián Piñera, que ya se había referido al tema, volvió a publicar en Twitter que la Convención debería fortalecer la libertad de enseñanza y no debilitarla.

Finalmente, se aprobaron 48 temas mínimos que deberá abordar la Comisión de Derechos Fundamentales. Además, esta Comisión deberá utilizar como insumo para su trabajo los informes elaborados en la Comisión provisoria de Derechos Humanos, que contienen un total de 459 páginas.

¿Cómo será el trabajo de las comisiones?

El resto de las comisiones también logró definir un mínimo de temas a tratar. Uno de los grupos que logró mayor aprobación de sus normas fue Eco-Constituyentes, a quienes les aprobaron 13 indicaciones referidas a las comisiones. Algunas de ellas abordan temas como la “Defensoría de la Naturaleza” y “Soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral y campesina”.

Una vez aprobados los reglamentos de la Convención, los constituyentes concentrarán su trabajo en determinar cómo será la distribución e integración de las siete comisiones, las cuales estarán determinadas según las siguientes reglas:

– Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, conformada por 25 constituyentes.
– Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, conformada por 19 constituyentes.
– Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, conformada por 25 constituyentes.
– Comisión sobre Derechos Fundamentales, conformada por 33 constituyentes.
– Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, conformada por 19 constituyentes.
– Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, conformada por 19 constituyentes
– Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio, conformada por 15 constituyentes.

Además, las comisiones podrán aprobar la creación de un máximo de dos subcomisiones temporales para un determinado fin. En ese sentido, podrían incluso generarse 14 subcomisiones que trabajen de manera simultánea.

Algunas de las propuestas que no lograron prosperar fueron la creación de algunos organismos transversales, provenientes de Pueblos Constituyentes, Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes y escaños reservados. En esa línea, se rechazó la creación de una “Coordinación de transversalización de enfoque de género”, impulsada principalmente por constituyente feministas, quienes criticaron la decisión. “Lamentamos que no sean capaces de ver la necesidad de ver un mecanismo de estas características”, afirmó Alondra Carrillo (MSC).

La iniciativa que sí logró prosperar fue la impulsada por la convencional Giovanna Roa (FA), que incorporó mecanismos para transversalizar enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socioecológico y descentralización. Para ejecutar ese trabajo, cada comisión temática “deberá definir dos convencionales, entre los cuales al menos una debe ser mujer, que rotarán cada dos meses para cumplir el rol de enlaces transversales”.

Por último, habrá una Comisión de Armonización integrada por 44 convencionales, que estará encargada de revisar que el Proyecto de Constitución cumpla con la calidad técnica y coherencia del texto constitucional, sin posibilidad de “alterar, modificar o reemplazar una norma constitucional aprobada”. Además, deberá identificar posibles inconsistencias entre los contenidos aprobados. 

Las condiciones de las normas constitucionales

Uno de los temas que se ha discutido largamente es el que da la posibilidad a los ciudadanos a presentar iniciativas constituyentes, una idea que nació en los colectivos de izquierda de la Convención y que ha logrado adhesión de Vamos por Chile.

En la votación se aprobó que la “sociedad civil, pueblos originarios, pueblo tribal afrodescendiente, niños, niñas y adolescentes” pueda presentar iniciativas constitucionales, un tema que deberá volver a tratarse en la votación del reglamento de Participación Popular.

Al cierre de la jornada de este martes 28 de septiembre faltaban 30 indicaciones por votar y quedaban pendientes temas como la definición del cuórum de dos tercios para la aprobación de normas constitucionales. Además, el Pleno deberá zanjar el mínimo de votos con los cuales los convencionales podrán modificar el Reglamento.