Solo un artículo del informe de la comisión de Pueblos Indígenas llega al borrador
Del documento, que tenía 38 normas, se rechazaron varias que ya habían sido visadas en otras votaciones del Pleno de la Convención Constitucional. Quedan pendientes propuestas como la restitución de tierras.
“Identidad e integridad cultural. Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias”.
Los otros 37 artículos que fueron rechazados, entre ellos todos los relativos a la restitución de tierras, permanencia en el territorio y el derecho al agua, entre otros, fueron devueltos a la comisión para que tengan una segunda oportunidad.
El constituyente Wilfredo Bacian (quecha), coordinador de la comisión junto a Margarita Vargas (kaweskar), dijo que “faltó la visión de los convencionales no indígenas de poder mirar las demandas de los territorios, y haber podido compartir con nosotros aquellos artículos que son tan relevantes para nuestros pueblos, como es el derecho al territorio y al agua como elementos esenciales”.
Normas repetidas
El informe fue elaborado por la comisión en base a la Consulta Indígena que se realizó entre el 24 de enero y el 12 de febrero. Tuvo un costo de $270 millones y participaron 7.549 personas. Y se aplicó a los diez pueblos originarios reconocidos por ley: aymaras, quechuas, atacameños, changos, collas, diaguitas, rapanuis, mapuches, kaweskar y yaganes.
Y aunque el Pleno aprobó el informe en general, por 109 votos a favor, cuando la propuesta pasó a la votación en particular uno a uno fueron cayendo los artículos. En buena parte, porque el informe llegó al Pleno cuando varias de normas propuestas ya son parte del borrador del texto constitucional.
Por ejemplo, el principio de plurinacionalidad; el derecho a vivienda (en este caso, indígena); los derechos de las mujeres, de las personas discapacitadas y de los de niños, niñas y adolescentes indígenas. También el derecho al trabajo y la seguridad social indígenas, entre otros.
La convencional Elisa Loncon (mapuche) dijo que si bien hay artículos que son parte del borrador también hay normas pendientes: las relativas a las tierras y las aguas, que son “las más importantes”, sostuvo.
Previamente, los convencionales Luis Jiménez (aymara) y Wilfredo Bacian dijeron a PAUTA que la reiteración de normas se debía a que eran temas que arrojó la Consulta Indígena, por lo que debían ser incluidos en el informe.
Bacian también coincidió con lo señalado por Loncon en el Pleno respecto de los artículos que los Escaños Reservados consideraban relevantes de su propuesta. “El tema de las tierras y territorios indígenas, la administración de recursos en territorio indígena; los derechos de trashumancia; la libre utilización de semillas; los sistemas jurídicos indígenas locales y los derechos de propiedad colectiva, entre otros, que aún no son definidos”.
Sin embargo, todas estas normas fueron rechazadas.
Cuestionamientos de la derecha
Durante la deliberación, la representatividad de la Consulta Indígena y la repetición de varias normas que ya han sido visadas por el Pleno fueron objeto de críticas por parte de convencionales de derecha. Incluso, integrantes de la UDI decidieron no votar.
“Fueron 300 millones de pesos para una propuesta que solamente tuvo la aprobación de un artículo. Nos encontramos ante una consulta indígena coja, y que ha excluido a miles de comunidades que no han sido consideradas y solo votó un 1% del patrón, lo que es poco representativo”, criticó el convencional RN Manuel José Ossandón.
En tanto, Eduardo Cretton (UDI) añadió que “es un informe deficiente, absolutamente deficiente, en el que se incluyeron materias como los tribunales de demarcación, que ya habían sido rechazados por otras comisiones. Esta ha sido una tónica de esta comisión, que ha tratado de meter sus materias de cualquier forma”.
Previo a la votación, la convencional UDI Constanza Hube cuestionó las reglas del cuórum de votación que aprobó la Mesa Directiva. Estimó que por tratarse de un primer informe debían correr las mismas reglas que regían antes de que se cambiara el reglamento de la Convención para agilizar el tiempo. Ello habría implicado que varios de los artículos rechazados de este informe no habrían tenido oportunidad de volver a la comisión.