Política

La nueva fase de la violencia tiene nombre: amenaza a la democracia

La jornada del martes 26 de noviembre marcó un punto de inflexión. En intentos por restablecer el orden, senadores firmaron la "declaración por la paz".

Agencia Uno

Por Maria Catalina Batarce L.

Jueves 28 de noviembre de 2019

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Si hasta la semana pasada las autoridades y personeros de diferentes partidos políticos hablaban de que había una grave afectación del orden público, producto del accionar de quienes aprovecharon las manifestaciones pacíficas para realizar hechos vandálicos, hoy el discurso es otro. Ya no solo se habla de un llamado por la paz, sino que también por la mantención del Estado de Derecho, pues tanto para representantes oficialistas como de oposición, "la democracia está en riesgo".

De hecho, en una declaración suscrita por distintos senadores de la UDI, RN, Evópoli, DC, PPD, PS y tres independientes, y emitida la noche del miércoles 27 de noviembre, la sensación se hizo patente. "El país enfrenta una crisis de violencia y vandalismo que amenaza nuestra democracia", sostuvieron los legisladores pasadas las 21.15 horas.

La verbalización de la amenaza

El reconocimiento conjunto, en todo caso, se comenzó a delinear la jornada del lunes 25, cuando el Presidente Sebastián Piñera convocó a los representantes de los diferentes poderes del Estado para suscribir un acuerdo en la materia, pues debía ser "la semana de la seguridad". No prosperó, principalmente, porque desde el Ejecutivo no dieron mayores detalles de los puntos que incluía el pacto diseñado por el Mandatario y, además, se incorporaba una iniciativa que generaba división en los diferentes sectores: el proyecto que permite a las FF.AA. resguardar la infraestructura crítica y que incluye exenciones de responsabilidad penal.

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El Ejecutivo ha puesto el acelerador en la recuperación del orden público. Pidió cooperación para implementar una agenda de medidas legislativas y administrativas.

No había avance. Y se sumó un martes complejo: 99 eventos violentos, 109 funcionarios policiales lesionados, 30 civiles heridos y 915 detenidos, según cifras entregadas por la Subsecretaría del Interior. Eso, de acuerdo con lo señalado por varios parlamentarios a este medio, marcó un punto de inflexión. Conocido ese balance, llegó nuevamente la presión de La Moneda. El Presidente insistió en que los proyectos de ley antiencapuchados, antisaqueos, antibarricadas y el que permite a las FF.AA. proteger la infraestructura crítica deben ser ley a la brevedad.

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Desde intolerancia política y religiosa a la vulneración del derecho a movimiento y la libertad de expresión, la violencia ha erosionado el Estado de Derecho en Chile.

"Chile y los chilenos necesitamos mejores herramientas para combatir esta violencia criminal que hemos conocido las últimas semanas. Y, por eso, estos proyectos que están en el Congreso deben transformarse ahora, en cuestión de días, en leyes de la República que nos permitan contar con las herramientas para resguardar la seguridad ciudadana, para proteger el orden público y para darle mayor eficacia a la labor de nuestros carabineros y policías", sostuvo Piñera, escoltado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y los subsecretarios de Interior y de Prevención del Delito, Rodrigo Ubilla y Katherine Martorell, respectivamente.

El mensaje, de acuerdo con el balance que realizaron varios parlamentarios que siguieron expectantes la declaración, no era "nada nuevo", solo una "señal" de que el Gobierno "está presente" y que sigue "tirándole la pelota" al Congreso.

Sin embargo, tuvo un claro efecto. Mientras el Mandatario hablaba, senadores de oposición y oficialismo, liderados por el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), intentaban afinar la agenda legislativa. Luego, eso sí, acordaron consensuar un documento, para, de ese modo, poder contribuir a destrabar la crisis. La discusión no fue fácil. De hecho, se extendió por varias horas. Los legisladores, recién pasadas las 21.00 horas, cerraron un texto declarativo (no un "acuerdo"): "Declaración por la Paz Social, los Derechos Humanos y el Orden Público".

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La propuesta

"Aún es tiempo de hacer lo correcto", se indica en la declaración que firmaron Carolina Goic (DC), Ximena Rincón (DC), Pedro Araya (IND), Ricardo Lagos Weber (PPD), Felipe Harboe (PPD), Jaime Quintana (PPD), Rabindranath Quinteros (PS), José Miguel Insulza (PS), Andrés Allamand (RN), Ena von Baer (UDI), José García Ruminot (RN), Manuel José Ossandón (RN), Kenneth Pugh (IND), Juan Castro Prieto (RN), José Miguel Durana (UDI), David Sandoval (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Francisco Chahuán (RN), Carmen Gloria Aravena (IND), Víctor Pérez (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Rafael Prohens (RN), Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Luz Ebensperger (UDI).

Plantearon, así, que deben "asumir con coraje nuestra responsabilidad y evitar que el vandalismo quiebre nuestra democracia y la convivencia entre nosotros. Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que por lo mismo requieren de soluciones excepcionales. Chile requiere encaminarse sin violencia a un proceso de reunificación cívica y social. Ello supone por cierto un esfuerzo económico significativo, un compromiso político y social inequívoco con la democracia, y un inmediato fin a la violencia".

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Ya son cuatro semanas desde que comenzó el estallido social en nuestro país y la salud, tanto mental como física, se ha visto afectada de distintas maneras.

De acuerdo con lo planteado en la declaración, hay que adoptar medidas con "valentía". Se solicita al Gobierno implementar una agenda social profunda, con cambios estructurales; acuerdan que avanzarán en proyectos que permitan reformar las policías, inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes; llaman al Gobierno, al Ministerio Público y a tribunales a usar todas sus herramientas legales para identificar y sancionar a los responsables de los desmandas, y recalcan que el Presidente dispone de las herramientas constitucionales para reestablecer el orden público y la seguridad del país, velando por el respeto de los derechos humanos de todos los chilenos.

Considerando el complejo escenario que se enfrenta, los senadores hicieron hincapié en que "necesitamos coraje en este minuto en que los derechos de todas las personas están siendo afectados. Vemos como cada jornada vándalos y delincuentes se toman nuestras calles, destruyendo lo que muchas familias han construido con esfuerzo durante toda su vida".

Revise el documento:

Miradas opuestas

El diagnóstico es compartido: "La situación es insostenible", dijeron varios parlamentarios. Sin embargo, nuevamente "las formas" son las que generan discrepancias. Por eso, tanto en la bancada PPD como en la del PS hubo quienes prefirieron restarse.

Entre ellos está el senador Guido Girardi (PPD), quien aseguró que es "el Presidente quien está a cargo de la seguridad del país y la seguridad pública. No necesita una carta o un documento de los senadores para velar por el orden público. El Presidente tiene sus atribuciones y, si en necesario, úsela, no tiene por qué andar buscando triquiñuelas para ver si las va a usar o no. El Presidente, no nosotros, está encargado del orden público, es la principal labor del Estado".

Posición similar es la que expresó el timonel del PS, senador Álvaro Elizalde. Manifestó: "Nosotros rechazamos de manera clara la violencia. Nada justifica la violencia, pero debe ser enfrentada con inteligencia, con medidas que efectivamente vayan al fondo del asunto. Por cierto, con anuncios en materia social que le den sentido a la ciudadanía, y que las policías realicen un trabajo efectivo para detener a quienes están delinquiendo, no persiguiendo a quienes se manifiestan de manera pacífica. El Presidente, en alguna medida, está evadiendo su propia responsabilidad al señalar que este es un problema del Congreso como si hoy la ley no estableciera sanciones". 

A juicio del timonel, más que emitir declaraciones, en el actual escenario se requieren "medidas concretas. Una propuesta social ambiciosa, que se haga cargo de las demandas ciudadanas, y una política eficiente para efectos de sancionar a quienes cometen delitos". 

El uso de las fuerzas

Considerando el riesgo que enfrenta la democracia, y aunque hubo representantes de la ex Concertación que prefirieron no estampar su firma en la declaración, en el bloque hay mayor consenso en que, ante situaciones excepcionales, no reprocharán la presencia de las FF.AA. en las calles. A priori no hay oposición, pero como insistieron personeros a este medio, "siempre y cuando se justifique".

"Nosotros estamos muy preocupados por la situación en la que está derivando el vandalismo. Nos parece que frente a esto el Gobierno tiene que afirmarse y usar los recursos que tiene. Recursos de distinta naturaleza, jurídicos, que tienen que ver con instrucciones a las instituciones que correspondan, recursos de inteligencia y tiene que ponerlos a operar. Hay que arrinconar el vandalismo y eso va a depender de las condiciones que se tengan. Todo va a depender de las situaciones que se presenten", comentó a este medio el senador Carlos Montes (PS).

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En el mismo sentido, el senador Rabindranath Quinteros puntualizó a PAUTA que "nadie se va a oponer a que el Presidente utilice las facultades que le da la propia Constitución, pero otro caso es que él no lo quiera hacer. De todas formas, que no venga a escudarse al Congreso para evadir sus responsabilidades. Parece que tiene temor de tomar de tomar ciertas medidas".

Transversalmente se insiste en que el foco no puede estar puesto solo en materia de seguridad. Cualquier medida que se adopte, debe estar acompañada de una agenda social que genere "verdaderos cambios" en la vida de las personas.

Ese camino, por otra parte, es el único válido para algunos representantes del Frente Amplio y el Partido Comunista. En conversación con PAUTA, el diputado Tomás Hirsch (PH) manifestó que, si bien ellos condenan cualquier tipo de violencia, no apoyarán en ningún caso la presencia de militares en las calles, "porque simplemente no están preparados". 

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"La solución no está en fortalecer a las policías. ¿Qué más les van a dar? ¿Más escopetas antidisturbios? ¿Mayor capacidad de fuego? El Gobierno tiene que urgentemente producir un cambio drástico en la policía, eso significa sacar al general Mario Rozas. Además, deben dar respuestas contundentes en materia social, eso le va a quitar peso y fuerza a los violentistas que están destruyendo el país. Hay que atacar el problema en su raíz, no en una simple confrontación callejera. El piso a los violentistas se le quita con un Gobierno que claramente se la juegue por una reestructuración", comentó.

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