El concepto "digital" no aparece mencionado en la actual Constitución, más allá de algunas disposiciones transitorias referidas principalmente a plataformas y soportes digitales. Sin embargo, no se hace alusión a derechos digitales o conectividad.
En ese contexto, algunos convencionales han comenzado a impulsar propuestas de normas con el fin de avanzar en esta materia. Uno de los principales núcleos donde se revisarán estas iniciativas será en la Comisión de Sistemas de Conocimiento.
El espacio integrado por 15 convencionales -y que es denominado como la "Comisión del futuro"- comenzó este martes 25 de enero a votar en general las primeras iniciativas de norma constitucional.
En la primera etapa, abordaron temas como las comunicaciones, cultura, propiedad intelectual, entre otros. En esa línea, uno de los temas que generó mayor consenso fueron las normas referidas a los derechos digitales y la conectividad.
En concreto, se votaron tres normas relacionadas con los temas digitales, las cuales fueron aprobadas de manera unánime.
PAUTA organiza este encuentro en que se presentó la experiencia española, a través de su Carta de Derechos Digitales, y el análisis de los convencionales Fernando Atria y Cristián Monckeberg.
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Derechos digitales: ¿Qué espacio deben tener en la próxima Constitución?
Desde conectividad hasta alfabetización
Se puede decir que las normas responden a una lógica escalonada, en el sentido de que se busca garantizar el derecho al acceso y conectividad; luego a la alfabetización, y posteriormente a un tema más específico como es la violencia digital.
Respecto del primer punto, la iniciativa impulsada por Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente), propone garantizar el derecho al acceso a la infraestructura de conectividad, a los dispositivos tecnológicos y a la conectividad digital.
Asimismo, agrega que el Estado deberá "garantizar el acceso y la conectividad digital, a Internet y a las tecnologías digitales asociadas con velocidad adecuada". La propuesta incluye un inciso donde se señala que, además, el Estado deberá garantizar el cumplimiento del "principio de neutralidad" en la red.
Según comenta el convencional Caamaño a PAUTA, esta propuesta implica que el "Estado debe desarrollar infraestructuras de telecomunicación, para facilitar el acceso adecuado de conectividad a internet, es decir, que toda persona tenga el mismo nivel de acceso al mundo digital".
Respecto del principio de neutralidad, el convencional de Pueblo Constituyente explica que "es un principio que busca que todo el tráfico que se realice en Internet debe ser tratado de manera igualitaria, sin cobrar de manera diferente al usuario según la aplicación y contenido utilizado a modo de comunicación o acceso".
"Esto es, que nadie nos imponga una velocidad diferenciada a un sitio más que a otro, que nadie ponga trabas a la expresión de nuestras opiniones ni que las editorialice en base a un criterio que no sea otro que la calidad, la veracidad y a la relevancia de estas para el debate público, el diálogo de la ciudadanía y la deliberación democrática".
En particular, en el documento se fija un artículo donde se establece que el "Estado participa y promueve activamente el desarrollo social y económico, así como la implementación de las telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de democratizar y posibilitar los distintos modelos y alternativas de conectividad, considerando las diferentes realidades territoriales, aspectos geográficos, medioambientales y socioeconómicos, bajo los principios de equidad territorial".
Otra de las normas apunta a consagrar el derecho a la alfabetización digital, "al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico computacional, así como a gozar de sus beneficios". En ese sentido, la norma incorpora el deber del Estado de asegurar la alfabetización digital universal, lo que se podría traducir en programas educacionales a nivel escolar sobre digitalización.
En la propuesta se lee que "el Estado asegurará la alfabetización digital universal, el desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico computacional, para que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, para lo cual, creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objeto".
Por último, se aprobó de manera unánime una iniciativa que busca garantizar que las plataformas digitales sean "libres de toda forma de violencia y agresiones para todas las personas".
Las siete comisiones son el espacio específico de deliberación y votación inicial de las propuestas de los convencionales y de los ciudadanos. En PAUTA detallamos qué hace cada una.
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Comisión por comisión: el mapa de las normas que se debaten en la Convención
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