Este miércoles 2 de noviembre, las diputadas oficialistas Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Ana María Gazmuri, Lorena Fríes y Clara Sagardia interpusieron un nuevo recurso de apelación, esta vez en la Corte Suprema, en contra de la realización del test de drogas en la Cámara de Diputados.
Luego de que el 25 de octubre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara la acción de protección en la que las parlamentarias acusaban que el examen para detectar el consumo de estupefacientes vulneraba derechos fundamentales, decidieron recurrir al máximo tribunal.
Como consigna La Tercera, las legisladoras oficialistas argumentan que "la sentencia yerra al señalar que el Reglamento fue dictado en el ejercicio de las atribuciones que se le confieren a la Cámara de Diputados por el artículo 4 de la LOC del Congreso Nacional, lo que descarta su ilegalidad"
"La ilegalidad se funda en la necesidad de norma legal expresa que permita afectar derechos fundamentales y excepcionar la aplicación de textos legales vigentes", señalan.
Además, las diputadas afirman que habría un desacierto "al señalar que de la exposición de los hechos no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan pueda afectar sus garantías constitucionales".
A juicio de las requirentes, es "el reglamento el que afecta los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas, y la protección de los datos personales de las parlamentarias".
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