Política

Dónde están los cambios de argumentación del Gobierno sobre el Pacto Migratorio

El canciller apoyó la iniciativa en mayo, el pacto se selló en julio y el Presidente Piñera lo avaló en un discurso ante la ONU en septiembre. Sin embargo, el Mandatario resolvió el retiro de Chile a último minuto.

Agencia Uno

Por Juan Manuel Ojeda

Lunes 10 de diciembre de 2018

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El primer representante del Gobierno en respaldar el Pacto Mundial sobre Migración fue el canciller Roberto Ampuero. El ministro, a través de una columna publicada en mayo en El Mercurio titulada "Política exterior: Redefiniendo coordenadas", afirmó que "hemos participado en la elaboración del proyecto de reforma migratoria, que introduce cambios que están en línea con el Pacto Global de Migraciones, discutido en Naciones Unidas".

Meses después fue el propio Presidente Sebastián Piñera quien destacó la posición favorable del Ejecutivo con este pacto. El Mandatario, de hecho, escogió el discurso que dio ante la 73° Asamblea General de la ONU el pasado 27 de septiembre para comentar la coherencia que existe entre este pacto y las políticas impulsadas por La Moneda en materia de migración. "El compromiso de mi país, Chile, es claro y categórico: estamos generando una política migratoria que sea segura, ordenada y regular, en perfecta armonía con la Declaración de Nueva York y el Pacto Mundial para la Migración, que plantea, precisamente, la necesidad de establecer políticas migratorias que garanticen migraciones seguras, ordenadas y regulares", dijo Piñera.

Sin embargo, la postura del Gobierno cambió radicalmente dos meses después. El encargado de comunicar el cambio de opinión no fue Ampuero, sino que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. "Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros [...]. Si fuera un derecho humano, entonces estamos en un mundo sin fronteras. Creemos firmemente en los derechos humanos de los migrantes, pero no que migrar sea un derecho humano", dijo Ubilla para justificar la decisión de no firmar el pacto.

El impasse parlamentario

Las palabras del subsecretario Ubilla de inmediato generaron un conflicto político que afectó directamente a La Moneda y que sumó una serie críticas por parte de la oposición. De hecho un grupo de parlamentarios (incluidos oficialistas) había viajado hasta Marruecos para apoyar el pacto. Fueron la diputada Andrea Parra (independiente cercana al PPD) y los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Ximena Órdenes (independiente ex PPD) quienes firmaron, como representantes del Poder Legislativo del Estado de Chile, el documento “Reunión Parlamentaria con ocasión de la Adopción de un Pacto global para la Segura, Ordenada y Normal Migración”. En la cita, también estuvieron acompañados del embajador Álex Geiger.

Lo que los parlamentarios nunca supieron, porque nadie les avisó, es que el Gobierno había decidido restarse del pacto, lo que produjo una descoordinación que fue resentida por los diputados y senadores. En conversación con PAUTA, Parra criticó el "secretismo" con el cual se movió el Ejecutivo y aseguró que se trata de "un guiño a la ultraderecha" y de "una decisión que se toma desde el Ministerio del Interior y no de la Cancillería haciendo un manejo electoral de la xenofobia".

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Diputada Parra y rechazo al pacto migratorio: "Están haciendo un manejo electoral de la xenofobia"

La parlamentaria del PPD dijo que la decisión del Gobierno viene desde Interior y no desde Relaciones Exteriores.

El senador PPD y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Lagos Weber, se sumó a estas críticas. "Cancillería estaba de acuerdo con este pacto. Por eso acá lo que hay es una intervención del Gobierno a través de Interior o del Presidente, para cambiar la política de inmigración y se escuda en esto, diciendo que son normas que nos comprometen, que no son compatibles con nuestra política. Eso es falso", dijo Lagos en conversación con este medio. 

El contenido del pacto

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular fue el resultado de 18 meses de trabajo y de negociación entre los estados miembros de la ONU. Los embajadores de México y Suiza ante Naciones Unidas lideraron ese proceso y los estados aprobaron el texto el pasado 13 de julio. El único miembro que en ese tiempo optó por marginarse fue Estados Unidos. Desde julio hasta la fecha, el documento no ha tenido modificaciones.

El pacto, reconocido por ser "el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados", consta de 23 grandes objetivos. Las metas consensuadas apuntan a asuntos génericos tales como "la cooperación para abordar las casusas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal" y la "cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes. A su vez, se incluían otros aspectos más específicos como impulsar "medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino".

Este pacto no es vinculante y fue pensando para constituir "un marco para cooperar y lograr los objetivos que los propios países acordaron dos años antes en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes".

El punto 7 del preámbulo del texto detalla este aspecto: "Este Pacto Mundial presenta un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que se basa en los compromisos acordados por los Estados Miembros en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Su propósito es fomentar la cooperación internacional sobre la migración entre todas las instancias pertinentes, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración en solitario, y respetar la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional".

En la creación de este pacto, Chile votó favorablemente. De hecho, fue considerado como uno de los Like-Minded Countries, es decir, un Estado que apoyó constante y permanentemente el acuerdo. Tanto fue así, que el Estado chileno solicitó tener la vicepresidencia de la conferencia en donde se ratificaría formalmente el documento. 

El sorpresivo rechazo de Piñera

Según un comunicado oficial divulgado por el Gobierno, el pacto tiene "graves inconsistencias y contradicciones con aspectos centrales de la política migratoria". 

Los problemas que identificó el Ministerio del Interior apuntaban a que "no hay una distinción clara entre los derechos y obligaciones de los migrantes regulares y los irregulares". También criticó que el documento de la ONU "busca flexibilizar los procesos de regularización poniendo acento en la movilidad laboral de los migrantes para permitirles cambiar de estatus migratorio".

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En un cambio respecto de su política anterior, el Gobierno chileno declinó suscribir un tratado migratorio del que era proponente.

Junto con esos reparos, a juicio de La Moneda, el pacto "atenta contra la seguridad migratoria" y "beneficia a ciertas categorías de migrantes, como aquellos que abandonan su país por causa de desastres naturales". Finalmente, el Ejecutivo agrega que "se establece el deber de apoyar financiera y jurídicamente a los migvrantes retornados a sus países de origen, no obstante, nosotros estimamos que eso corresponde a los países de origen y no a los países de destino".

Este lunes 10 de noviembre, al mediodía, el canciller Ampuero pasó a la primera línea de defensa de la decisión del Ejecutivo. "Chile no va adherir a nada que pueda ser usado en su contra en cortes internacionales. Cuando Chile firma un documento y da su palabra, es su palabra la que deja ahí empeñada. Por eso el país, el Gobierno, el canciller, toma las medidas para que no se vea afectada la soberanía del país", dijo el ministro.

Horas más tarde, tuvo que ser el mismo Presidente Piñera quien desde La Moneda se refirió al rechazo del pacto. "Sus objetivos, su contenido incentivan la migración irregular. Establecen nuevos deberes para el Estado de Chile, restringen nuestra soberanía y pueden perjudicar a nuestro país en eventuales juicios internacionales”, expresó el Mandatario ante la prensa, aunque no aceptó preguntas.

El asunto había sido tratado en la jornada en el comité político ampliado en La Moneda. El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, en conversación con PAUTA aseguró que la decisión del Gobierno es "respetable" y que como partido están "estudiando todos los alcances de esta decisión para dar un pronunciamiento con mayor conciencia".

Sin embargo, el dirigente de Evópoli reconoció algunos errores políticos. "Aquí debió haber una anticipación distinta. Si había antecedentes que indicaban que la evolución en las conversaciones de las distintas partes involucradas con este convenio llevaba a un lugar donde el Estado de Chile chocaría en ciertos puntos, bueno, lo debimos haber conversado. Este Gobierno se ha destacado por una mayor pericia y calidad en ejecución de varias cosas y siento que en esta vuelta debimos haber trabajado con mayor anticipación", dijo el presidente de Evópoli.

Al marginarse del pacto, Chile se suma a un listado de 13 países que también se han restado: Estados Unidos, Australia, Italia, Hungría, Austria, República Checa, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Israel y República Dominicana.

Los argumentos en contra de la decisión del Gobierno

"El principio fundamental del pacto es precisamente la soberanía nacional, el respeto al Estado de derecho y la cooperación internacional en un desafío global", dice a PAUTA la abogada especialista en derecho internacional Paz Zárate quien considera que la versión entregada por el Gobierno no tiene base jurídica.

La experta dice que, "en esencia, el pacto repite en parte el derecho internacional tal como está en pie o se refiere a instrumentos existentes. ¿Cómo podría eso afectar la soberanía actual del país?".

Según Zárate, "es importante recalcar que el pacto no contiene ningún lenguaje que obligue a los Estados participantes a admitir migrantes. Muy por el contrario, uno de los objetivos es 'cooperar para facilitar un retorno y readmisión seguros y dignos' de los migrantes".

La especialista además destaca el carácter no vinculante del pacto y que por lo tanto no puede dictar una política migratoria. Por ejemplo, usa la palabra inglesa "Compact" lo que significa que se trata de un texto no vinculante, que "no contiene lenguaje obligatorio" y que "todos los factores interpretativos arrojan que no hay obligaciones jurídicas".

Pese a que sea legalmente no vinculante, Zárate explica que eso no le quita importancia. "La ONU es una organización de cooperación entre Estados, no es ni ha sido jamás supranacional. Muchos de sus procesos de diálogo, por lo tanto, promueven la cooperación. No siempre esos diálogos están destinados a la elaboración de tratados o reglas obligatorias [...]. El propósito del pacto es que se puedan coordinar ciertas acciones sobre la base de parámetros básicos de derechos humanos que todos tenemos, porque todos los seres humanos podemos ser migrantes, y de necesidad de orden por parte de los Estados receptores", dice la abogada.

Zárate recalca que "todos los derechos y principios que plantea este pacto ya existen en tratados internacionales que son vinculantes y jurídicamente obligatorios". Esto, debido al artículo quinto de la Constitución, el cual hace que estos tratados "permeen en el sistema legal chileno".

Dichos tratados corresponden, por ejemplo, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Todos ellos han sido firmados y ratificados por el Estado chileno.

"Países con grandes desafíos migratorios, como Alemania o España, participan del pacto. Se marginan aquellos con ideas de ultraderecha con tintes xenofóbicos y racistas, o bien políticas migratorias discriminatorias de larga data como Australia o República Dominicana, que han generado críticas transversales por violar derechos humanos. Por eso, el retiro de Chile no se entiende y se contradice con la historia de nuestro país", opina Zárate.

En esta misma línea, fue el propio secretario general de la ONU, quien salió a aclarar las confusiones suscitadas por el texto y dijo que "el pacto sólo reafirma que los migrantes tienen derechos humanos".

La nueva explicación del canciller Ampuero

En conversación con PAUTA, el canciller Ampuero planteó que la decisión del Ejecutivo se relaciona con los efectos jurídicos que podría tener el texto internacional, dados los precedentes que otros casos han afectado a Chile. "Aunque el pacto migratorio no es vinculante, con el derecho consuetudinario ya salimos de una demanda de Bolivia donde frases de ministros y embajadores se usaron para decir que Bolivia tenía derechos [...]. Son terrenos peligrosos", dijo el ministro.

Consultado sobre por qué el Ejecutivo tardó casi cuatro meses en darse cuenta de los términos del pacto, Ampuero dijo que "más que cambios sustantivos, empezamos a descubrir elementos esenciales que están en contradicción con la visión de Chile en política migratoria".

La siguiente fase de esta polémica está radicada en el Senado, donde el canciller deberá dar explicaciones políticas de la decisión del Ejecutivo ente la Comisión de Relaciones Exteriores.

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