Política

El retorno de los derechos humanos a la primera línea política

Los DD.HH. se han tomado la agenda política en las últimas semanas. Un tema que complica al oficialismo y une a la oposición. Sin embargo, por el momento, la ex Nueva Mayoría no coordina una voz común para enfrentar la nueva contingencia.

Por Josefina Ríos y Eduardo Olivares

Martes 14 de agosto de 2018

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En la primera línea de la política, la agenda de derechos humanos había estado supeditada a otras materias, especialmente en la administración de Sebastián Piñera. Salvo por sus propias expresiones acerca de los "cómplices pasivos" durante su primer mandato (lo dijo en 2013 y generó reacciones encontradas en su propia coalición), el tema vino a reflotar de modo inesperado ahora y ha permitido una cierta unificación de las voces de la oposición tras el nombramiento de Mauricio Rojas como ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a quien criticaron y cuya salida celebraron al unísono. El retorno de esta problemática ha tensionado al oficialismo, donde todavía no existe una sola voz en torno a la materia.

El episodio Rojas no fue, sin embargo, el primero.

El primer campanazo lo dio la Sala Penal de la Corte Suprema. Ésta, a fines de julio, acogió el recurso de amparo presentado por siete condenados por violaciones de derechos humanos -cometidas durante el régimen miliar- que cumplían pena en Punta Peuco y Santiago 1 para obtener beneficios carcelarios. La decisión de los magistrados propició la arremetida de un grupo de diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista, los que anunciaron durante la semana pasada que presentarían una acusación constitucional por notable abandono de deberes en contra de los jueces que conforman la sala penal del máximo tribunal. La idea, además, fue apoyada por algunos parlamentarios del PS y el PPD.

“Las sentencias judiciales se respetan y acatan. Y no existe ninguna autoridad, y en este caso tampoco el Congreso, que tenga facultad de entrar a revisar, nos gusten o no, o a acusar en virtud de un contenido de un fallo”, retrucó con dureza el ministro del Interior, Andrés Chadwick, al conocer la arremetida opositora.

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Los coletazos políticos y judiciales si prospera la acusación a los supremos

Suspendidos o cesados, se afectaría el trabajo de otras salas y se atrasarían causas. Piñera debería reemplazarlos, con la paradoja de que a los tres se les asocia más con la oposición.

 

Pero las cosas se complicaron aún más: el sábado pasado, el diario La Tercera publicó un perfil de Mauricio Rojas, quien dos días antes había sido nombrado Ministro de las Culturas y la Artes. En el artículo se incluía una cita del libro Diálogo de Conversos, que escribió junto al Canciller, Roberto Ampuero, en 2015, y en el cual criticaba abiertamente al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Lo calificaba de “montaje". La revelación levantó una inmensa ola de críticas y puso en tela de juicio el compromiso del Gobierno con esta materia. El desenlace se conoció este lunes: a las 11:30 de la mañana Rojas presentó su renuncia. Pero la herida ya estaba abierta.

Este lunes, asimismo, la directiva de la DC aprovechó una reunión previamente pactada con el ministro Chadwick (para pedirle al Gobierno que pusiera discusión inmediata a un proyecto de ley interpretativo que presentó la bancada de ese partido en el que se aumentan los requisitos para que presos por delitos de lesa humanidad puedan acceder a beneficios penitenciarios) para solicitar la salida del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, por el supuesto encubrimiento por parte de este en la indagación por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.

Todo hace pensar que los temas relativos a las violaciones a los derechos seguirán acaparando la agenda durante los próximos meses: en septiembre se cumplen 45 años del Golpe de Estado y el 5 de octubre de conmemorará los 30 años del Plebiscito de 1988.

Y la derecha, además, se halla contrariada en esta materia. Como dice un alto dirigente DC, "en esto la oposición se une y la derecha queda dividida por la mitad".

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La alerta que se enciende en la derecha tras el episodio Rojas

En el oficialismo respaldaron la solución inmediata de La Moneda de sacar a Rojas de Cultura, pero hay temor por las tensiones internas que persisten en temas de derechos humanos.

 

Juntos pero no revueltos

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, lo resume así: “Son varios los elementos que hacen de los derechos humanos una materia de mayor visibilidad reciente. Se partió con las declaraciones del ministro Larraín en un congreso de la UDI con lo de los 'jueces de izquierda'; luego escuchamos los dichos del diputado Ignacio Urrutia; los indultos sin el pronunciamiento de la Contraloría, la sentencia de la Corte Suprema, o la misma retórica de José Antonio Kast que nunca ha sido rechazada por el Gobierno, y ahora lo de Rojas con el Museo de la Memoria”.

Entre los líderes de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio existe coincidencia que las temáticas relacionadas con los derechos humanos son un puente donde encuentran puntos de unión. Sin embargo, se apuran en aclarar que lo que ha sucedido en las últimas semanas está lejos de ser una estrategia concertada para desestabilizar al Gobierno. “No hay plan para levantar el tema de los derechos humanos como un asunto cohesionador de la oposición ni menos para atacar a La Moneda. Lo que hemos visto en las últimas semanas se debe exclusivamente a errores en los que ha incurrido el propio gobierno y la Corte Suprema”, asegura el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

En la misma línea, Muñoz agrega: “Nunca he escuchado a la derecha, salvo contadas excepciones, hacer una clara condena de lo que pasó en la dictadura. Siempre ponen como condición para asumir sus responsabilidades que se ponga el acento en el contexto previo. Pero no hay contexto que valga para justificar los atropellos a los derechos humanos, el asesinato, las desapariciones, el exilio. No se puede justificar lo injustificable. Es difícil avanzar en este tema sin este reconocimiento”. Con todo, y más allá de este diagnóstico compartido, el excanciller afirma que hoy no existe ningún tipo de coordinación entre los partidos de oposición para enfrentar en conjunto la coyuntura política.

El jefe de la bancada de diputados democratacristianos, Matías Walker, coincide con Muñoz, y sostiene que a nivel de bancadas no han tenido instancias de conversación en el contexto de la ex Nueva Mayoría para abordar este nuevo escenario. Es más, adelantó que “como DC no nos sumaremos a la acusación constitucional en contra de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, pues creemos que resulta injusta con jueces como Carlos Künsemüller y Hugo Dolmestch, quienes han tenido una destacada carrera en defensa de los derechos fundamentales”.

Según Walker, en la DC están por la opción de una ley interpretativa en la que se aumenten los requisitos para que presos por delitos de lesa humanidad puedan acceder a beneficios penitenciarios, como la libertad condicional, esto como contraparte para destrabar la acusación constitucional en contra de los supremos. El proyecto fue presentado la semana pasada en el Congreso y este lunes la directiva democratacristiana se reunió con el ministro Chadwick para pedirle que el gobierno le ponga urgencia. Asimismo, esperan contar con el apoyo de los demás parlamentarios opositores.

Este apoyo, sin embargo, no será fácil de conseguir. Un miembro de la directiva PS asegura que el proyecto presentado por la DC es innecesario, porque una iniciativa similar -y que cuenta con patrocinio político transversal- se tramita en el Congreso hace al menos tres años y debiera ver la luz en las próximas semanas. En cuanto a la solicitud de la directiva democratacristiana de solicitar al gobierno que pida la renuncia al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en el PS están abiertos a estudiarlo. “El respeto a los derechos humanos es un principio intransable de los socialistas, no hay dobles lecturas ni dos voces al respecto dentro del partido”, agrega el mismo dirigente.

En el Partido Comunista estarían dispuestos a abrir espacios de coordinación con sus exaliados e incluso expandirlos a sectores de Frente Amplio para enfrentar en conjunto la defensa a los derechos humanos. “El tema es de una concepción valórica de la convivencia democrática de primer orden, que debería ser el dinamizador de la convergencia entre la ex Nueva Mayoría, desde la DC al PC; el Frente Amplio y el PRO. Cada uno, desde su mirada, fortalecen una reacción común. Creo que el tema se está levantando como una definición de primer nivel de qué somos como oposición todos”, explica Lautaro Carmona.

Un importante dirigente de la DC coincide: “La Democracia Cristiana tiene mucho que decir en temas de derechos humanos y debemos mantener el tema vivo. Aún no hemos coordinado nada con los viejos aliados de la Nueva Mayoría, pero algo hay que inventar. Puede ser una actividad conmemorativa, un proyecto de ley reparatorio, algo que tenga significado. Por ejemplo, podría ser que las próximas actividades conmemorativas del Golpe, o bien las celebraciones por los 30 años del Plebiscito”, reflexiona.

El propio Carmona propone, en esta línea, iniciativas mancomunadas, como darle un impulso al proyecto de ley que sanciona el negacionismo o introducir modificaciones constitucionales de reparación. “No tenemos ninguna duda de que la Democracia Cristiana tiene un compromiso en este tema. Ellos están en una batalla para esclarecer el asesinato del expresidente Frei Montalva. En eso no nos perdemos”, agrega.

Si bien Matías Walker aprecia el apoyo que podría recibir la DC de parte de sus otrora socios políticos en la causa por esclarecer la muerte del exmandatario, descarta una coordinación permanente con los líderes de la ex Nueva Mayoría y solo la considera posible para temas puntuales. “La DC tiene un electorado de centro que no ve con buenos ojos posibles alianzas con los comunistas o el Frente Amplio y debemos ser responsables con ellos”, remata.

 

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