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El Gobierno se impone y el Ingreso Familiar de Emergencia se aprueba por secretaría

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Agencia Uno
POR Cecilia Andrea |

La oposición se abstuvo y sus votos se sumaron a los votos positivos. Ahora el Presidente Piñera la promulgará.

Con una “amplia aprobación” finalizó su último trámite el Ingreso Familiar de Emergencia, que había sufrido un paso difícil por las cámaras y que concluyó con un veto presidencial ingresado el pasado lunes. Las palabras fueron del ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, quien destacó que tanto el Senado como la Cámara de Diputados “comprendieron la urgencia”.

Mas, en realidad, la aprobación no fue tan amplia: solo 19 senadores votaron por la afirmativa. El resto de los presentes, los parlamentarios opositores que sumaban 23 en total, se abstuvieron. La votación, de hecho, se tuvo que realizar dos veces, y ante los mismos resultados, la decisión fue sumar las abstenciones a la alternativa mayoritaria.

Aquella fue la respuesta final de la oposición, que en todas las instancias anteriores había demandado al Ejecutivo un aumento en los montos, una corrección en los tramos que cubría el beneficio y en el mecanismo a través del cual se seleccionaba a los beneficiarios.

Son $260 mil en promedio por familia

El beneficio alcanzará a 4,5 millones de personas en el país con ingresos informales e implica US$ 800 millones de gasto total. 

Los pagos automáticos partirán el 29 de mayo, con depósitos a las cuentas RUT de los beneficiarios que ya hayan recibido algún pago previo del Estado.

El objetivo del ingreso es subsidiar al 60% de la población más vulnerable del país que se encuentra en el Registro Social de Hogares, que recibirá durante tres meses un monto que irá disminuyendo: $65 mil en el primer mes, $55 mil en el segundo y $45 mil en el tercero. La cifra es por persona, por lo que desde el Ejecutivo estiman que, en promedio, las familias recibirán del Estado $260 mil.

Pese a los distintos reclamos de la oposición, el Gobierno no movió los montos destinados. La idea, de acuerdo con lo que comentó repetidas veces el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es que no era posible agotar los recursos del Estado ahora, cuando la crisis aún no termina.

Sí cedieron en algo: incorporaron a los hogares que tenían a un adulto mayor de 70 años o más beneficiario de la Pensión Básica Solidaria, un pedido del oficialismo que implicó un gasto adicional de US$ 30 millones. Además, eliminaron el tramo del beneficio que hacía una diferencia entre los hogares del 40% al 60% más vulnerable. Ahora, los montos son los mismos para todos.