Las cuatro reformas clave del plan de gobierno de Gabriel Boric en primera vuelta

Cambios profundos en el sistema tributario, en salud, en pensiones y en educación son los principales focos de la propuesta de Apruebo Dignidad.

El 8 de diciembre, el comando presidencial de Apruebo Dignidad presentó algunas ideas complementarias al programa de gobierno anunciado originalmente por el candidato Gabriel Boric a inicios de noviembre. Esos elementos se añadieron a una moderación de algunos de los objetivos; por ejemplo, que en vez de pretender que reforma tributaria recaude el equivalente a 6% del PIB en los cuatro años de gobierno, que sea 5% del PIB, aunque manteniendo un total de 8% del PIB para un período de ocho años.

Un consejo asesor de economistas también había presentado sus propias recomendaciones de ajuste al programa fiscal del candidato. Esas sugerencias apuntaban a materias de control del gasto público, mayor disciplina fiscal y fortalecer las instituciones procompetencia.

El comando también aceptó medidas provenientes de las candidaturas derrotadas de Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami, las cuales puede revisar AQUÍ.

Qué dice el programa original de Boric

Tres reformas centrales, una ambiciosa reforma tributaria de 8% del PIB en un periodo de seis a ocho años, cuatro ejes temáticos y 53 puntos a los que llamó “cambios concretos”. Así se puede resumir las 227 páginas que tiene el plan de gobierno que este lunes presentó el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS). 

En la Casa de la Cultura de Ñuñoa y acompañado de los principales personeros de AD, Boric abordó sus propuestas a las que tituló “Programa para el Nuevo Chile: Cambios para vivir mejor”. Las temáticas de descentralización, feminismo, crisis climática y el trabajo digno cruzan el documento completo, en especial, en las reformas centrales: pensiones, salud y educación. De hecho, en el documento se explicita la creación de varias instancias técnico-políticas y también de comisiones especializadas para enfrentar los temas más complejos y a largo plazo.

En los últimos días, el candidato frenteamplista ha tenido que responder por la demora en su programa, la influencia de sus colaboradores del PC y también por la factibilidad de sus propuestas. “Decidimos tomar un camino más largo”, dijo Boric en el lanzamiento. 

Luego, abordó un flanco incómodo que abrió “por error” el secretario general de RD y candidato a senador por la Región Metropolitana, Sebastián Depolo, quien horas antes de la presentación, en entrevista con El Mercurio, señaló que “es cierto que nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”. 

Boric intentó -sin mucho éxito- dar vuelta la página y aseguró que “la mayor inestabilidad que puede haber hoy en Chile es que nada cambie”. Y con su plan de gobierno en mano reiteró: “Inestabilidad es seguir igual como estamos. Se supone que este Gobierno de Sebastián Piñera era el que aseguraría gobernabilidad y yo creo que nadie podría decir que lo consiguió […] no hacer los cambios, no avanzar ni concretar las demandas que Chile ha pedido en materia de pensiones dignas, de salud no discriminatoria entre ricos y pobres, de educación de calidad, es lo que traería inestabilidad. Por lo tanto, tengo la convicción de que nuestro programa y su concreción es lo que puede asegurarle estabilidad y gobernabilidad”. 

Fin de las AFP: la transición, los pisos y las dudas  

De las 227 páginas del programa, hay cuatro planas y media destinadas en forma exclusiva a una de las materias de mayor controversia nacional de los últimos años: el sistema previsional. Es el primer ítem de sus 53 compromisos, donde propone un sistema de seguridad social que asegure una pensión mínima de $250.000. 

En esta materia, el programa tiene un diseño que marca un antes y un después. De partida, eliminan las AFP. Quienes hoy tienen sus dineros en sus cuentas de capitalización individual, promete que los conservarán. De hecho, en letra “negrita” advierten que no interferirán “en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha” en la fórmula actual. Pero cuando el sistema cambie, lo hará para todos: las cotizaciones desde ese momento en adelante no entrarán a una cuenta personal de la manera en que opera hoy, sino a un registro personal, pero con un fondo colectivo. Es decir, las personas tendrán una cuenta a su nombre en el nuevo sistema, pero la rentabilidad que esos recursos obtengan operará con un esquema distinto, asociado a una nueva entidad estatal. A cambio de ello, Boric promete una mejor pensión para más personas.

La propuesta plantea tres pilares: no contributivo, contributivo y voluntario.

El denominado “Pilar no contributivo” es lo que hoy se conoce como “Pilar Solidario”. Apunta a “una Pensión Básica Universal (PBU) de $250.000 mensuales para toda la población de 65 y más años”. Dice que será gradual, pero no proporciona ningún plazo. No define focalización, por lo que lo recibirían personas ricas y pobres, sin distinción. En este esquema define que habrá un financiamiento a través de un “Fondo de Reserva”, que es otro nombre para el actual Fondo de Reserva de Pensiones. Hoy ese fondo cuenta con US$ 7.333 millones.

El pilar contributivo es aquel donde la cotización mensual de cada trabajador tendrá un derecho asociado a una pensión mayor a la PBU. Es decir, si la PBU es un piso para todos, el pilar contributivo es un registro individual del aporte personal e implica que los trabajadores que coticen tendrán una pensión más elevada, de acuerdo con lo que consiga una nueva entidad autónoma y técnica (cuyos detalles no se proporcionan). Se incluye un nuevo tipo de beneficio: “Además de los aportes individuales, se considerará el trabajo de cuidados no remunerado, y se subsidiarán los períodos de desempleo, con tablas unisex para cada generación. Esto beneficiaría en particular a las mujeres”, dice el documento, aunque no aporta detalles sobre montos ni costos.

Sí habla de un aumento de la cotización: pasaría a un 18%, en forma gradual. En el documento se dice que 6 puntos porcentuales serán con cargo al empleador, pero no se menciona de dónde provendrían los otros dos puntos porcentuales. Hoy la cotización es del 10% del sueldo. “En el caso de los trabajadores y trabajadoras independientes, cotizarán el aporte que corresponde solo al trabajador. En ambos casos se propone avanzar progresivamente en eliminar el tope imponible”, agrega.

Salvo por la PBU, cuyo monto podría ir variando, no existe en este pilar un esquema de beneficio definido: “La rentabilidad tiene un componente de capitalización colectiva que proviene del ahorro financiero (dos tercios) y un componente que depende del crecimiento de la productividad del trabajo (un tercio). Así, una vez llegada la edad de jubilación cada persona tendrá derecho a una pensión que dependerá de lo acumulado en estas cuentas previsionales. A diferencia de las AFP, el sistema garantizará siempre una pensión que parte desde un piso de rentabilidad, evitando de esta forma que los riesgos del mercado financiero impacten negativamente en las pensiones, lo que disminuye la incertidumbre. Es importante notar que el ahorro que hoy se genera en el sistema no disminuirá, ya que dos tercios de lo cotizado se ahorra”. Es decir, aunque promete una rentabilidad mínima, la propuesta no plantea que las rentabilidades máximas obtenidas por las AFP puedan volver a alcanzarse.

Se propone una tabla de mortalidad unisex. Ese tipo de tablas operan sobre un cálculo basado en un ejercicio de ficción que supone que hombres y mujeres tienen, en promedio, la misma esperanza de vida (en la realidad, las mujeres viven más que los hombres).

En cuanto al “pilar voluntario”, solo habla de otros aportes que las personas puedan complementar a su pensión, pero no entrega ninguna medida, cambio ni propuesta. Sí indica que “podrá ser administrado por instituciones privadas reguladas, a elección del cotizante”.

Hay un período de transición, pero detallan que una vez iniciado el nuevo sistema nadie podrá seguir realizando sus cotizaciones obligatorias en las AFP. Es decir, lo ya acumulado podría seguir siendo administrado en una AFP (en teoría), pero ningún aporte nuevo podría entrar a la actual cuenta de capitalización individual de los afiliados.  

En la transición hacia el nuevo sistema, Boric propone dos mecanismos para los actuales afiliados a las AFP:

• Si desea mantenerse en el sistema de AFP y aún cuenta con dinero en su cuenta, la persona conserva sus ahorros a su nombre. Aunque no lo dice, esto implica que esa parte podrá seguir siendo heredable. Esas personas que no quieran traspasar su dinero acumulado hasta entonces al fondo colectivo de registro individual (es decir, al nuevo sistema), “recibirán al jubilarse lo correspondiente a la pensión de su cuenta de capitalización individual administrada por las AFP, así como la pensión correspondiente al flujo de nuevas contribuciones en el nuevo sistema”.

Lo que el programa no dice es que, dado que las AFP obtienen sus recursos a partir de una comisión que se paga con cada cotización (el flujo), las administradoras difícilmente podrán seguir operando. Es decir, en la práctica se produciría un traspaso forzoso de los ahorros de los trabajadores desde las AFP al nuevo sistema.

• Para quienes deseen desprender sus ahorros desde las AFP al nuevo sistema en forma voluntario, dice la candidatura de Boric, “recibirán la pensión completa” del nuevo esquema. “En el cálculo de su nueva pensión se considerará todo lo contribuido en su historia previsional, incluido lo ya acumulado en sus cuentas individuales, que además se calculará con las reglas y parámetros del nuevo sistema, es decir rentabilidad colectiva, tablas unisex y subsidios al desempleo y al trabajo de cuidados no remunerado”.

Nuevamente, el programa no indica si los ahorros de los trabajadores serán heredables o no, pero, dado el diseño propuesto, la opción de una herencia es impracticable. 

Si alguien no tiene fondos en su cuenta de capitalización individual en una AFP, pasa de manera automática al nuevo sistema.

En ninguna parte del programa se indica que el nuevo sistema previsional propuesto adopta el esquema “nocional”, pero su estructura parece la de un esquema de ese tipo.

El nuevo sistema tendrá como elemento central una nueva institución, según este programa. “Proponemos crear un órgano público autónomo, técnico, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores, que invierta gradualmente esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles. El objetivo de este órgano es administrar el pilar no contributivo y el pilar contributivo”, indica. Salvo esas características generales, no se proporcionan detalles sobre grado de autonomía, nivel de incidencia (y de qué trabajadores) ni se define qué se entiende por normas “justas y sostenibles” de las inversiones.

A continuación, la candidatura de Boric plantea un involucramiento mayor en las empresas donde los fondos de pensiones inviertan su capital. “Proponemos que en los directorios de las empresas en donde sean invertidos los recursos del nuevo sistema de pensiones haya representantes de afiliadas y afiliados, que sean elegidos de manera democrática. Será el complemento a la participación directa que tendrán representantes de afiliadas y afiliados como integrantes del consejo administrador del sistema”.

Economía, sueldo mínimo y los cambios al mercado laboral 

“Sabemos que en el corto plazo la primera prioridad del gobierno debe ser generar empleos”. Así parte el capítulo dedicado al “plan de reactivación”. De hecho, entre sus propuestas están el rediseño al seguro de cesantía -aunque no viene con mayor detalle-, el aumento los subsidios de empleo, la revisión de la regulación de la subcontratación y la mejora el acceso a créditos blandos de las pymes. Y se traza una meta: la recuperación de 500 mil empleos femeninos. 

En material laboral foco del programa es “el trabajo decente”, entendido como aquel que implica “pleno derecho a la libertad sindical, con negociación colectiva multinivel, sistemas de seguridad social en pensiones, salud, cesantía, seguridad en el trabajo y otros; el aseguramiento de salarios dignos y la creación de puestos de trabajo productivos”.  

Para ello se buscará elevar gradualmente el salario mínimo llegando a $500 mil al final del gobierno (más pausado para pymes). De hecho, proponen que el primer escalón sea de $400.000 el primer año. Además, se impulsará una jornada laboral de 40 horas (proyecto que hoy está sin avance en el Senado) y se legislará para reconocer los derechos individuales y colectivos de quienes trabajan en plataformas digitales.

En materia de negociación colectiva se ampliará su cobertura (incluyendo la negociación ramal), eliminando las restricciones actuales y reconociendo la huelga “como un instrumento de la organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. Sin embargo, a diferencia de su primera propuesta programática presentada para la primaria, no hace mención sobre si esto se extendería a los funcionarios públicos.

En el texto final se apunta a crear “comités de empresa, como en Alemania”, pero no se detalla lo que el candidato había señalado semanas atrás sobre incluir a los trabajadores en el 50% de los directorios de las empresas, en el sentido de que serían instancias de co-gestión que incidirían en la marcha de la firma. El tema es controvertido y en su redacción final se notó. 

Se menciona, también, el apoyo para el sector cooperativista con la creación de un Instituto Nacional de Cooperativismo y diversas medidas para tener espacios laborales seguros y sin discriminación, incluyendo un cupo laboral exclusivo para personas transgénero, “garantizando su empleabilidad en al menos un 1% en sector público”.

El programa de Boric considera urgente una transformación del modelo económico que abra espacio a la innovación, el desarrollo tecnológico y las actividades ambientalmente sustentables, que no estima viable de ser financiada por el sistema financiero local. Por ello, propone crear un Banco Nacional de Desarrollo, que integre dos empresas públicas: una especializada en crédito y un fondo dedicado a entregar capital a empresas innovadoras.

Las nuevas firmas deberán tener una gobernanza técnica e independiente el ciclo político, de manera de financiar proyectos, innovación y desarrollo de pymes con visión de largo plazo acordados en instancias público-privadas entre actores gremiales, sindicales, científicos, de los gobiernos regionales y la sociedad civil. La idea es definir una estrategia clara y vinculante que traspase los cambios de gobierno y permita implementar políticas de largo plazo, “donde el Estado apueste por la innovación y financie pacientemente iniciativas que catalicen el cambio estructural de nuestra economía”.

El documento, eso sí, no detalla qué rol cumplirá Corfo, que viene entregando financiamiento a la innovación y los desarrollos tecnológicos hace décadas. Tampoco menciona lo central: cuál será el presupuesto de estas dos empresas públicas, y cómo asegurar su sostenibilidad financiera, la que le permitiría reinvertir “en nuevos proyectos los beneficios que el banco generará”.

Reforma Tributaria 

“La reforma tributaria es ambiciosa y, por eso, le hemos dado un plazo más largo. No se puede construir de la noche a la mañana”, comentó Gabriel Boric al presentar su programa. Precisamente, la gradualidad de esta propuesta fue uno de los puntos más debatidos entre los miembros de su equipo y los técnicos que habían apoyado el programa de Daniel Jadue (PC). 

De hecho, la propuesta original de Boric era 8% del Producto Interno Bruto en dos periodos completos versus la idea de Jadue que planteaba una reforma un poco más profunda, entre 8% y 10% del PIB, pero en solo cuatro años. Al final, en el documento quedaron los números del candidato frenteamplista, pero aplicable en un punto intermedio: será gradual en un periodo de seis a ocho años. “Avanzaremos hacia un régimen más parecido al que tiene la mayoría de los países de la OCDE, tanto en términos de recaudación como en progresividad. Recaudará del orden del 8% del PIB en régimen”, detalla el programa.

En el equipo de Boric advierten que en caso de llegar a La Moneda esta es una de las propuestas más complejas que deberán enfrentar en el nuevo Congreso.

Los cambios se centrarán en el impuesto a la renta, desintegrándolo para las grandes empresas y sociedades de inversión (separando lo que tributa la empresa y sus dueños/accionistas) y elevando la carga tributaria de quienes tienen rentas sobre $4,5 millones mensuales, aunque sin modificar la tasa corporativa (hoy en 27%). Según el programa, las pymes mantendrán su régimen integrado y beneficios actuales. No se aumentará el Impuesto de Primera Categoría. No se modificará el régimen para inversionistas extranjeros ni se revisarán los convenios para evitar la doble tributación internacional, indica.

Se crean nuevos impuestos a la riqueza: uno para la riqueza en Chile o en el exterior de quienes poseen altos patrimonios y otro para las utilidades retenidas de empresas que aun no tributan, junto con evitar el uso de estructuras que permitan eludir el cumplimiento tributario. Sobre el primero, conocido popularmente como “impuesto a los súper ricos”, habla de gravar el patrimonio neto (no lo define) a  menos del 0,1% de la población adulta. No precisa cuánto es el patrimonio eventualmente afecto al nuevo impuesto, aunque la información se maneja dado que el mismo programa calcula que de esa fuente obtendrían recursos equivalentes al 1,5% del PIB.

A la minería se le aplicará un nuevo royalty, que gravará tanto las ventas como la rentabilidad operacional o financiera, que será progresivo con el precio del mineral: a mayor sea el precio del cobre, mayor será la carga efectiva que enfrentarán las empresas. También, se eliminarán 12 exenciones (entre ellas, el crédito IVA a la construcción, el régimen de renta presunta y la que beneficia la ganancia de capital bursátil) y se fortalecerán los llamados “impuestos verdes” para fuentes fijas, equiparando también la tasa del diésel y la gasolina, y aplicando uno al plástico. 

Sin embargo, el grueso de la recaudación esperada (2,5%) provendrá de medidas para evitar la evasión y elusión tributaria, fortaleciendo al Servicio de Impuestos Internos (SII), facultándolo para acceder a información bancaria de las personas y creando un denunciante anónimo, semejante a lo que ya existe en la regulación del mercado financiero. Pero también permitiendo que el Ministerio Público pueda perseguir ciertos delitos tributarios sin querella del SII.

Educación: fin del CAE y el pago de la deuda histórica de los profesores

“Condonar la deuda educativa que hoy afecta a más de un millón de estudiantes y egresados perjudicados por una política fracasada de endeudamiento estudiantil”. Esa es la descripción para hablar de una de las propuestas centrales que el exdirigente estudiantil propone para la educación superior: el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). En el programa de Boric se habla de la creación de un nuevo sistema único de créditos que será transitorio, hasta alcanzar la gratuidad universal. “Será público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los abusos del CAE”, agregan.

Sin embargo, no hay detalles de cuál sería el criterio de priorización de la condonación y cuánto costaría. En el programa solo se explican que sería través de un esquema de pagos “a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras”. En junio pasado el propio Boric aseguró que esta idea, debido a su alto costo, no podía aplicarse de “la noche a la mañana” y por eso podría comenzar, por ejemplo, por “las familias que hubiesen podido acceder a la gratuidad”. 

En materia escolar, proponen fortalecer y expandir la educación pública, “terminando con décadas de abandono y privatización”. Además, quieren establecer un nuevo sistema de renovación del currículum para que sea más flexible y con la participación de las comunidades educativas. También, se comprometen a impulsar una ley de educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza que “reconozca la diversidad sexual, cuestione los estereotipos de género, y enseñe los derechos sexuales y reproductivos de las personas”.

En el texto final también aparece el pago de deuda histórica de los profesores. Este punto coincide con una de las promesas más importante de su contendora de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC) pero, al igual que ella, no menciona el costo de la medida. Eso sí, la propuesta de Boric entrega el detalle que durante un eventual primer año de gobierno comenzarían por los docentes de mayor edad, “para terminar beneficiando a un total de casi 60.000 afectados al final del mandato”. 

Salud: pandemia, sistema universal de prestaciones y aborto

En el programa del candidato de Apruebo Dignidad, el área de salud se divide en dos temas: uno en la gobernabilidad de la pandemia y el otro en la reforma profunda al sistema público y privado. 

En el manejo del covid-19, prometen que dentro de los primeros 100 días de gobierno se convocará a una Comisión de Diálogo Social para enfrentar los efectos de la pandemia y crisis económica global en el mundo del trabajo. La instancia -que podría ser una Mesa Covid 2.0- tendría participación política y técnica para acordar una estrategia sanitaria mediano y largo plazo. 

En relación con la reforma, la propuesta de Boric es avanzar hacia un sistema único de salud a través de un Fondo Universal de Salud (FUS), pasando las Isapres a ser seguros complementarios voluntarios. En este punto hay coincidencias con Provoste y también con lo que en un momento planteó la excandidata del PS, Paula Narváez. 

El FUS actuaría como un administrador único de los recursos, a través de la universalización de la
cobertura del Fonasa. Es decir, recaudaría y administraría las cotizaciones (7%), junto a los aportes del Estado. Además, el FUS estaría a cargo del Régimen General de Garantías de Salud, que apunta a  tener “copago cero” en prestaciones y medicamentos en la red pública. Esto tendría un tope máximo de gasto anual en salud para los afiliados. 

La propuesta de Boric, también, propone regular a los privados que están en este sector para prohibir la “integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas” y también para que los medicamentos se entiendan como bien público de interés para el Estado.

El documento en esta área, además, detalla una de las banderas del candidato presidencial: la salud mental. De hecho, se promete duplicar el actual presupuesto en este punto y llegar al 5% del erario.

Además, en el programa se habla de legalizar el aborto y terminar con la objeción de conciencia institucional que existe en algunos centros médicos. “Promoveremos una ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación de salud garantizada, dotando a los centros de salud de métodos recomendados de evacuación uterina”, dice el texto, aunque no indica hasta qué etapa. En el Congreso hoy se discute un proyecto impulsado principalmente por diputadas de Apruebo Dignidad que pone como límite las 14 semanas de gestación.

Los otros temas: vivienda, medioambiente, derechos humanos y el Sistema Nacional de Cuidados

• Vivienda: construir 260.000 “viviendas dignas” y regular el precio de los arriendos

En el programa se busca implementar una política de suelo, impulsando proyectos de ley para crear un sistema de “adquisición preferente de suelo con fines urbano-habitacionales” y para la creación de instrumentos de captura de plusvalía. Además, muy en línea con la gestión de Jadue, se propone la idea de “un arriendo a precio justo, al modo de ciudades como Viena, Berlín y Barcelona”, que según este programa entregue seguridad, mejorando “la capacidad de ahorro de los hogares y la flexibilidad para cambiar de vivienda de acuerdo con las distintas realidades laborales”. Este punto no cuenta con más detalle, por ejemplo, para determinar en qué zonas se podrían aplicar. 

Otro de los temas que Boric y su equipo ha tenido que aclarar es qué pasa con las tomas ilegales. El candidato ha dicho que apoya la idea de “desalojos conversados que tengan solución habitacional”. El programa quedó así: “Priorizaremos una respuesta nacional a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades, por sobre los desalojos, poniendo como principal atributo el derecho humano a una vivienda adecuada”. Además, se dice que durante la gestión de soluciones definitivas asegurarán el acceso a servicios básicos inmediatos como agua potable, alcantarillado, electricidad e internet. 

• Medioambiente: agua, bosques y adaptación al Cambio Climático

En Apruebo Dignidad se comprometen a la creación de fondo soberano de “Adaptación al Cambio Climático” para generar capacidad de ahorro y brindar margen presupuestario para las inversiones futuras. Esto va de la mano con la formación de una comisión de transición justa, para que los sectores productivos que sean afectados por las nuevas normas “verdes” se adapten procesos y busquen alternativas. 

Además, en el documento hablan de la derogación de la Ley de Pesca y la creación de un nuevo marco regulatorio de fomento forestal para “generar normas de protección ambiental para plantaciones forestales”. A esto se suma la creación de empresas públicas regionales de construcción sustentable y la empresa pública autónoma comercializadora de materiales.

En relación con el agua, el consumo humano y el uso del recurso, proponen una política nacional de seguridad hídrica, la rehabilitación de servicios sanitarios rurales, la recarga de acuíferos, fiscalización y uso de tecnologías para detectar extracciones ilegales.

A este ítem se suma el plan de Transporte Público Doble Cero (cero tarifas, cero emisiones). La idea es partir con pilotos en tres o cuatro regiones, en ciudades pequeñas e intermedias: $0 para todos sus usuarios, y con buses de cero emisiones. 

• Derechos Humanos, la refundación de las policías y la derogación de la Ley de Seguridad del Estado

En su plan de gobierno Boric nombra 33 veces la palabra derechos humanos y le dedica seis páginas completas a propuestas de reparación y memoria, comisiones especiales y medidas particulares para abordar las violaciones a DD. HH. desde la dictadura en adelante. También, hay varias líneas dedicadas a este tema a partir del estallido social. 

De hecho, en el texto se ratifica el apoyo al proyecto de ley de indulto, según se detalla, “para quienes injustificadamente siguen privados de libertad, además de quitar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado interpuestas en ese período”. En este último punto, aseguran que impulsarán leyes para que se reconozca el derecho a manifestarse y para que se deroguen las normas que regulan el control de identidad preventivo, la ley antibarricadas y la propia Ley de Seguridad del Estado. “También buscaremos reformar la legislación antiterrorista para que esté acorde a las exigencias del derecho internacional de los DD. HH.”, agregan. 

En relación con las policías, el concepto es “refundación”: “El control civil sobre la actividad policial; la descentralización de las políticas de prevención; el fin de la duplicidad de funciones entre cuerpos policiales, de la estructura militarizada y de la autonomía institucional con que gozan en la práctica”.

Explican que el cambio será gradual en plazo estimado de 10 años. “Carabineros y PDI atravesarán un proceso de reforma, basado en reeducación general para una adaptación paulatina y armónica”, se afirma. 

• Sistema Nacional de Cuidados

Sistema Nacional de Cuidados es otra de las propuestas priorizadas por Boric y que apunta a “asumir con corresponsabilidad social de los cuidados que hoy recaen fundamentalmente sobre las mujeres”. Entre sus pilares están el cuidado de todo niño, niña y adolescente hasta los 14 años a través de la ampliación del subsistema creado en la primera administración de Michelle Bachelet, Chile Crece Contigo. Además, apuesta por el apoyo de redes comunitarias y se reconoce el trabajo de las personas menores de 60 años que dedican su jornada a cuidar de alguna persona dependiente severa. La cuidadora o cuidador recibirá un pago “por un valor igual al salario mínimo, el que será imponible”. 

Medios de comunicación, legalización de la marihuana y un nuevo modelo para el fútbol 

En relación con los medios de comunicación, se propone un Nuevo Sistema de Medios Públicos (NSMP) que incluya televisión, radio y multiplataformas. También plantean el fortalecimiento de la prensa local “libre e independiente”, pues -según el programa- “es la herramienta más eficaz para la detección temprana y movilización ciudadana ante casos de corrupción en sistemas descentralizados”. Habla además de “la descentralización de la distribución en prensa escrita, a través de una ley que resguarde la distribución independiente”, aspecto sobre el cual no proporciona detalles.

En el caso de la Ley de Drogas, dice por un lado que fortalecerán programas de prevención del consumo y, por el otro, que se analizarán cambios a la Ley 20.000 para que el consumo recreacional del cannabis sea legal para mayores de edad. Se buscará “generar los mecanismos que reduzcan el espacio del mercado informal de marihuana”. La fórmula uruguaya o la holandesa es vista con buenos ojos desde AD, aunque no las mencionan explícitamente en el programa. Hay toda otra área del programa, vinculada con seguridad pública, en que se habla de cómo fortalecer estrategias y coordinación de agencias para el combate al crimen organizado y, en particular, el narcotráfico. 

Y en deportes, hay párrafos dedicados al incentivo del fútbol femenino, al cambio del plan Estadio Seguro y también a la creación de un nuevo modelo de administración del fútbol profesional. La idea, dice, es que “quienes le dan vida al deporte tengan una incidencia real en las políticas de desarrollo de sus clubes”. Eso sí, no deja claro cómo esta propuesta conviviría con el sistema que actualmente maneja la ANFP, el cual en todo caso tiene dependencia de la FIFA.